Nuestro canalMovimiento Ciudadano: el fiel de la balanza en Edomex
¿Será este el caso de la participación de Movimiento Ciudadano en el Estado de México y/o en Coahuila?
En el sistema electoral que prevalece en México, los partidos políticos tienen claros sus prioridades. Para algunos de ellos, sobrevivir a cada proceso electoral es suficiente para considerarse un éxito, para otros, que han llegado a cosechar triunfos importantes, aspiran a contender, a competir de tú a tú con los partidos más establecidos… o “vender” cara su “derrota”.
Es prerrogativa de los partidos políticos con registro nacional participar o no en todos los comicios que se llevan a cabo y, si bien, no existe un método para declinar su candidatura por otro candidato de otro instituto electoral o de una alianza de ellos, de facto, sí pueden inclinar la balanza y sumar sus votos por un representante ajeno.
¿Será este el caso de la participación de Movimiento Ciudadano en el Estado de México y/o en Coahuila? La renuncia de Juan Zepeda y la declinación a participar en las próximas elecciones podría ser el preámbulo de una estrategia que pudiera convertirse en algo determinante para la sucesión presidencial.
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Esto es como el dilema del prisionero en la Teoría de Juegos, una incorporación de los sufragios de los seguidores de Movimiento Ciudadano, tanto a la Alianza (PAN, PRI, PRD), como a MORENA, sería suficiente para cambiar el resultado.
Lo que hace unos años hiciera en repetidas ocasiones el Partido Verde, o hace más, los sindicatos (SNTE o el SME, por decir algunos) bien podrías determinar al ganador. Y si alguien sabe medir la temperatura política del país es el propio dirigente de MC, Dante Delgado, quien ha venido dando seguimiento semana a semana, reacomodando sus piezas para ponerlas dónde y cuándo más valgan.
Que no le extrañe que en los próximos meses veamos acercamientos de los demás actores políticos involucrados… tal vez, hasta con los ciudadanos, para hacer honor a su nombre.
El facilitador de cárteles y Matamoros
El Wall Street Journal publicó el jueves un artículo firmado por William Barr, quien fuera fiscal General en la administración de Donald Trump y que, como tal, tuvo contacto con integrantes del actual gobierno de México. Barr pide se autorice el uso de las fuerzas armadas para combatir a los cárteles mexicanos, lo cual se suma a la petición en el congreso estadounidense de que se les considere organizaciones terroristas, por su responsabilidad en el tráfico del fentanilo.
En su texto, Barr hace dos afirmaciones fuertes que han de haber provocado indigestión en Palacio Nacional. La primera, que “Los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. La excepción fue el presidente Felipe Calderón…”, y que, “Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador”, quien no toma medidas contra ellos y los protege invocando la soberanía de México, sumándose a lo que algunos críticos han identificado como un intento de “pax narca” setentera-ochentera, pero que no funcionó.
Abordado en su mañanera sobre las expresiones del ex fiscal General, el presidente López Obrador volvió a su discurso de combatir las causas de la violencia y pidió que en Estados Unidos hagan lo mismo, atender los motivos por los que los jóvenes consumen fentanilo e insistió en hacer una campaña para ello.
Desafortunadamente, las mañaneras no permean en la agenda política ni mediática estadounidense -a menos que sea para hacer mofa-, y el escenario actual no ayuda a esperar a que las causas desaparezcan, si es que eso llega a suceder en un futuro incierto.
El secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros por hombres armados y la recompensa ofrecida por el FBI nada ayudan a la narrativa presidencial y abonan a favor de la de los republicanos que quieren irse con todo contra los cárteles y lo que ya perfilan como un narcoestado, o sea, el nuestro.
El escenario más optimista es que aparezcan sanos y salvos los cuatro norteamericanos, lo cual no va a detener las presiones de los vecinos. Y es que la administración de Joe Biden contiene -o hace como que contiene-, pero AMLO no se ayuda, o a lo mejor eso quiere, conseguirse la confrontación con Estados Unidos, el enemigo por excelencia.
El imperio de la Ley en tiempos de AMLO
Ignorando los ataques palaciegos de las últimas semanas, la flamante presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ha guardado una sana distancia de quien hoy detenta el máximo cargo de otro de los poderes de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la sobriedad de quien tiene los pies bien puestos en la tierra y consciente del cargo que detenta, no ha caído en las provocaciones fáciles y sin argumentos fundadas en la descalificación, que buscan más azuzar a la muchedumbre que convencer, ni siquiera cuando se le hizo a un lado durante el evento con motivo del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución tuvo un gesto de reproche.
Este fin de semana, sin embargo, con un par de frases la ministra Piña dejo en claro cuáles son los ejes en torno a los que habrá de girar su presidencia. No necesitó una exposición de largas horas utilizando los recursos del Estado ni tampoco recurrió a un reportero a modo para atacar a sus pares, al hablar frente a juezas, jueces, magistradas y magistrados que se encuentran en el edificio de San Lázaro, fue contundente en sus afirmaciones: actuar con responsabilidad y con prudencia de juzgadores “sin que se confunda con cobardía”.
Paralelamente estableció lo que ella ve como una doble responsabilidad, primero con la familia porque el actuar de las y los juzgadores repercute en ella; y después con la procuración de justicia porque el actuar de uno repercute en todos, por lo que los exhortó a actuar en unidad.
La respuesta en Palacio Nacional no se hizo esperar, como siempre sembrando la insidia, para López Obrador el Poder Judicial es un bastión de conservadurismo, “por eso lo defiende Krauze”. Como ya es característico se le olvida mencionar a la otra parte de la sociedad, a decenas de miles de mexicanos que salieron en defensa de la ministra Piña luego de que en redes sociales fuera amenazada con la imagen de una bala tras unas declaraciones irresponsables emitidas en Palacio Nacional en donde se dijo que desde que llegó la ministra Piña a la presidencia de la SCJN se desató “una ola de resoluciones en favor de los presuntos delincuentes”.
Con sus declaraciones el presidente busca mediáticamente confrontar a los ciudadanos con los jueces en momentos en que se estos enfrentan uno de los mayores retos del presente siglo: valorar la constitucionalidad del llamado “Plan B”, una legislación que incidiría directamente en el proceso electoral de 2024, favoreciendo sin lugar a duda a Morena.
Hombre de pocas propuestas, el presidente ha sustentado su popularidad en la crítica artera, en el golpe bajo, en el famoso “divide y vencerás”, en una confrontación en donde el único que gana es él, porque en un país dividido, el pueblo se vuelve masa y ahí los débiles son los más susceptibles a ser manipulados, lo que él llama concientizar, “cambiar la mentalidad del pueblo”.
Ver y escuchar a la ministra Piña alienta la esperanza que no todo está perdido, que el imperio de la ley sigue vigente, que la justicia en una República se sustenta en leyes y no en unos usos y costumbres diseñados a modo a los que se pretende hacer pasar por “justicia”. Muchas cosas habremos de ver de aquí al 1 de octubre de 2024 que habrá de entrar en funciones la próxima administración. Que sea para el bien de la patria.
