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Nuevamente se “cayó” CompraNet, la plataforma de licitaciones, compras y contrataciones del gobierno. Ahora resulta que, desde mediados de julio pasado, ya no se pueden […]
Nuevamente se “cayó” CompraNet, la plataforma de licitaciones, compras y contrataciones del gobierno. Ahora resulta que, desde mediados de julio pasado, ya no se pueden consultar las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, de acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI). Sólo es posible consultar los de 2024 alojado en un nuevo sitio denominado nuevo sitio denominado Plataforma Integral CompraNet.
No es la primera vez que CompraNet “falla”, o parece que eso sucede. Se recordará que hace dos años, la plataforma dejó de funcionar durante dos semanas, y en enero del 2023 dejó de publicar las bases de datos de las contrataciones del gobierno, además de errores y problemas, las cuales ha documentado la ONG.
En todos los casos, el gobierno federal ha sido reactivo, es decir, hasta que alguien se da cuenta del problema ha dado una explicación de lo que sucedió, minimizando el problema, atribuyéndolo a cuestiones técnicas por la supuesta complicación por el almacenaje de las bases de datos. Sea por la causa que sea, pareciera que la indolencia tiene detrás lo que ha sido evidente a lo largo del sexenio que está por finalizar, y es que la transparencia no es prioridad de este gobierno, y si se puede evitar, mejor.
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Si parte del criterio de que un organismo como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es innecesario y un desperdicio de dinero, qué se puede esperar de lo que se piense respecto al mantenimiento de una plataforma tan robusta como CompraNet.
Sabedores de que las compras y adquisiciones ya concluidas y de años anteriores son de interés de un reducido grupo de personas -y que nada bueno puede esperar del escrutinio que de ello hagan los interesados-, bajo el pretexto de ahorros, dejaría la opción de que la información se puede solicitar vía transparencia, todo o algo específico, de un universo de más de 2 millones de contratos.
Lo anterior es un supuesto, dado que, como ya se señaló, el gobierno no informó de la deshabilitación de la base de datos, por lo que ya dirá lo que es procedente… si es que estima necesario hacerlo.
Organismos autónomos al borde de la extinción
Si hay algo que está claro es que al presidente Andrés Manuel López Obrador le cuesta mucho trabajo entregar cuentas. A lo largo del sexenio, ya en el ocaso, se valió en cada oportunidad de invocar su autoproclamada autoridad moral como único sustento para validar acciones de gobierno que en el pasado, como líder opositor, hubiera reprobado sin ninguna sombra de duda.
Tristemente los mexicanos hemos tolerado una autoridad que, pese a haberse sustentado en el eslogan de la lucha contra la corrupción, transita con una opacidad que ahora pretende oficializar con la desaparición de los organismos autónomos, esos que le llevó a la ciudadanía cuatro décadas y generaciones de mexicanos en construir para poner coto a los excesos de sus gobernantes entonces encabezados por el Partido Revolucionario Institucional el cual, a través de sus programas sociales, manipuló durante 70 años a una masa cuyo común denominador, al igual que hoy, era satisfacer sus necesidades más básicas.
Argumentando duplicidad de funciones y altos costos (afirma el presidente que se ahorrarían “unos 100 mil millones de pesos anuales”) el mandatario ha ido sembrando la idea entre sus seguidores de que estos órganos garantes de la transparencia, la libertad y los derechos ciudadanos carecen de utilidad y, por qué no -esto no lo dice el presidente-, deberían regresar sus funciones al Ejecutivo, quien bajo esta norma sería el responsable de vigilarse a sí mismo, sin la incómoda participación de auditores ciudadanos.
De sobra es conocido que esta administración que dice cuidar el dinero responsablemente, no tuvo empacho en triplicar el presupuesto asignado originalmente al Tren Maya y prácticamente duplicó el de la refinería Olmeca o de Dos Bocas, el problema claramente no es de dinero, hay presupuesto ilimitado para las obras que le interesan a la llamada Cuarta Transformación, el problema de fondo es político y frente a eso es difícil discutirle al mandatario.
En su edición del viernes, citando un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el diario El Universal señala que los ahorros por desaparecer a siete organismos autónomos a saber: la Comisión Federal de Competencia (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), significarían un ahorro de 84 millones 69 mil 666 pesos anuales, la suma del salario de los comisionados, el resto de los empleados, según dicen quienes conocen la iniciativa completa, conservaría su trabajo cambiando de jefe y, por supuesto, del enfoque en sus funciones.
La virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum, se va a mantener en la misma línea, uno de los tantos legados de su predecesor que busca “retirarse” dejando una estructura pensada en que su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) repita o supere el récord del viejo PRI, todo está construido para que así pase, por eso le apuesta a la clonación del mismo modelo; dentro de sus escenarios no se contempla que en algún momento la oposición pudiera retomar el rumbo del país.
