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El “alargamiento” de la autosuficiencia de combustibles

Por: El Consejero 30 octubre 2022
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El “alargamiento” de la autosuficiencia de combustibles

Múltiples estudios y especialistas ya habían dicho que era imposible, aún en el mejor escenario de refinación, que en 2023 México dejara de comprar gasolinas, principalmente porque Dos Bocas no empezaría a producir sino hasta 2024

De noche pasó lo dicho por Octavio Romero Oropeza, director General de Pemex, en su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados donde, dijo que el compromiso es lograr la autosuficiencia en combustibles en 2024 o estar muy cerca de lograrla.

El titular de la petrolera estatal no ahondó, ni los legisladores preguntaron, a pesar de que es compromiso presidencial lograr la autosuficiencia de combustibles el próximo año. Mejor a pregunta de reporteros en entrevista de pasillo posterior, Romero Oropeza explicó escuetamente que se debía a un “alargamiento” en las coquizadoras.

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“Alargamiento” tiene múltiples interpretaciones: un retraso, una ampliación, tomará mayor tiempo del estimado. No se sabe. Lo cierto es que ni el presidente López Obrador ni la secretaria de Energía Rocío Nahle, quien seguro le hubiera dado enorme gusto hacerlo, salieron a desmentir a Romero Oropeza.

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Múltiples estudios y especialistas ya habían dicho que era imposible, aún en el mejor escenario de refinación, que en 2023 México dejara de comprar gasolinas, principalmente porque Dos Bocas no empezaría a producir sino hasta 2024 y porque el resto de las refinerías no estarían produciendo a su máxima capacidad. Ahora el director de Pemex sale con la novedad de que no será posible por un “alargamiento” de las coquizadoras, lo que sea que signifique ello.

Y así, seguramente llegaremos a fines de 2023 para que sea el titular de Pemex, o de Energía, o algún funcionario de segundo nivel, quien diga que siempre no, que la autosuficiencia en combustibles será el siguiente sexenio y así, patear el bote a la siguiente administración de una promesa más que es no sólo inviable, sino dañina para el país.

Las Fuerzas Armadas y los 15 estados restantes

El 31 de agosto llegó a la Cámara de Diputados una iniciativa presidencial con carácter de preferente. Aduciendo razones de seguridad, el mandatario planteaba la urgencia de que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la milicia y que se extendiera la presencia del Ejército en la vida civil hasta el 2028. Fue así como utilizando la mayoría de su partido en el Congreso se impuso una legislación sin un análisis profundo, una iniciativa que sin mayores preámbulos se aprobaría al vapor.

Menos de dos meses después, experto en el manejo de los tiempos políticos, al presidente repentinamente se le acabaron las prisas. Una vez cumplido su cometido, que las semanas corran. Hoy ya con el aval de 17 estados, los suficientes para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, dice que todavía no, qué hay que esperar, claramente para evidenciar a los estados que no le son fieles. Necesita materia de escarnio, exhibir al adversario (como eufemísticamente le llama). Utilizar la diferencia para dividir; los buenos y los malos, los neoliberales y los patriotas, revolver el río para pescar devotos.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, seguirá con su peregrinaje por los congresos locales con un doble propósito: tejer la unanimidad para un proyecto que ha sido rechazado por el grueso de la oposición, los organismos de derechos humanos y por los estudiosos en la materia, pero también para promover su candidatura, utilizar cada foro para darse a conocer con frases explosivas que hagan sentir al “pueblo bueno” que él también existe y que quiere ser presidente.

A grandes rasgos la reforma constitucional extiende el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad hasta el año 2028 (originalmente el acuerdo vencía en 2024); establece que las funciones que realiza el Ejército no tienen como propósito sustituir a las autoridades civiles en los otros órdenes de gobierno a las cuales no exime de sus responsabilidades; también establece una comisión bicameral de seguimiento, responsable de realizar evaluaciones para garantizar que se cumpla con las condiciones fijadas para la participación de la milicia en tareas de seguridad.

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Los estados que ya validaron la reforma son: Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

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