Lo bueno es que el combate a la corrupción es una de las prioridades de este gobierno, porque de lo contrario estaríamos… ¿peor? Resulta que México ocupa el lugar 135 entre 139 países en el ranking de ausencia de corrupción del World Justice Proyect (WJP) index, el cual realizó la medición con base a datos de 2021, obteniéndose una calificación de 0.26.
Una caída de 14 posiciones, pues en 2020 México se encontraba en el lugar 121, y en el 117 en el año 2019. La justificación de este gobierno podría ser que la tendencia a la baja en el índice viene desde el 2015, en el gobierno anterior. En la última medición de 2021, México es el último lugar del continente, y sólo arriba de Uganda, Camerún, Cambodia y República Democrática del Congo.
Los subindicadores de corrupción considerados y que nos tienen en la lona son cuatro, divididos por sectores: funcionarios públicos del poder Ejecutivo/ Judicial/ policía y militares/ Legislativo, respectivamente, que usan su cargo para beneficio propio. En los cuatro las calificaciones son bajas, pero el peor por mucho es el Legislativo, con 0.10. Le siguen el Ejecutivo y Judicial con 0.31 cada uno; mientras policías y militares son los menos peores, con 0.33. Nada que presumir.
El índice del WJP se compone de ocho indicadores: restricciones a poderes de gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia criminal. En la calificación promedio, México se ubica en el lugar 113 de 139 países. En el indicador de restricciones nos encontramos en el lugar 102; en gobierno abierto en el 43; 91 en derechos fundamentales; 130 en orden y seguridad; 105 en cumplimiento normativo; 131 en justicia civil y 129 en justicia penal.
Curiosamente es en gobierno abierto donde se tiene la mejor ubicación, más gracias al INAI y a pesar de la opacidad del gobierno de la 4T. Pero ya las autoridades se están esmerando, y seguramente en el index de 2022, los efectos del acuerdo para declarar de seguridad nacional las obras del gobierno y la caída de Compranet de mediados de año, contribuirán a hundirnos en ese rubro para que no desentone del resto.
Ahora la repartición de la pobreza
No resultaron suficientes seis horas para que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, convenciera a los diputados de la oposición de que sus números cuadraban con la realidad. Ni su rostro serio ni el argumento de que él no es “adivino” bastaron para reforzar una posición que formaba parte de un guion al que se mantuvo fiel en todo momento.
Desde el principio se trató de un pleito arreglado en el que los legisladores de Morena le habían garantizado inmunidad al secretario en su justificación de un presupuesto de egresos al que no le cambiarán ni siquiera una coma como adelantó el diputado Reginaldo Sandoval. Para el Ejecutivo las finanzas van bien o por lo menos no tan mal, la estimación del crecimiento económico estaría alcanzando el 3% merced a las mejoras salariales; el retorno de la maquila asiática a la frontera de nuestro país con la Unión Americana (nearshoring); a los proyectos de inversión en el sureste del país y a la promesa de inversión de tres grandes automotrices en la reconversión a autos eléctricos.
Demasiado rosa para un presupuesto en el que 8 de cada 10 pesos ya están comprometidos en gastos obligatorios entre los que destacan las pensiones y jubilaciones, además de las participaciones a entidades y municipios, el gasto de empresas y entidades, así como el gasto de los ramos autónomos; el 80% de un presupuesto estimado en 8.3 billones de pesos. Dentro de las prioridades destacan por supuesto las obras insignias del gobierno por lo que pese a las declaraciones del secretario no habrá suficiente para salud y educación.
Uno de los puntos álgidos de la comparecencia estuvo a cargo del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien señaló que en lo que va de la actual administración la deuda ya ronda los 3 billones de pesos y se espera que esta supere los 4 billones al finalizar 2023, por lo menos en eso la 4T no ha sido distinta que las tres administraciones anteriores que le precedieron quienes incrementaron la deuda en 25% cada sexenio.
Pese al fuerte incremento en el gasto social, el número de pobres sigue en ascenso y cada vez son más las personas que se encuentran fuera del sistema de salud, los fondos para vacunas son insuficientes y la ayuda a mujeres víctimas de la violencia desapareció literalmente de la propuesta. Claramente algo no está funcionando, cosa de echarle números.
https://mundoejecutivo.com.mx/paquete-economico-2023-comparecencia-afirma-consolidacion-fiscal/
