La simulación de accidentes, daños o pérdidas para obtener indemnizaciones indebidas representa un riesgo para las aseguradoras. Cuando una reclamación se basa en hechos deliberadamente falsos, el conflicto puede trascender el ámbito contractual y convertirse en un asunto penal.
En México, las aseguradoras atendieron más de 7.2 millones de siniestros durante 2025, de acuerdo con cifras atribuidas a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Aunque este dato no corresponde a casos de fraude, refleja el volumen de reclamaciones que gestiona la industria.
El problema también tiene alcance internacional. Según el informe El Estado del Fraude de Seguros 2026, elaborado por FRISS, el 58% de los profesionales encuestados reportó un aumento en el volumen o la complejidad de los esquemas de fraude.
“Ante un fraude de seguros, lo relevante es determinar si el asegurado engañó a la institución aseguradora para obtener un beneficio económico indebido, ya sea al contratar el seguro o al presentar una reclamación. Ese engaño puede consistir, entre otras cosas, en el uso de documentos falsos, la simulación de un siniestro o la suplantación de identidad. Este análisis es fundamental antes de trasladar una controversia de seguros al ámbito penal”, explica Michell Nader Kalife, abogado penalista.
Para las aseguradoras, el desafío consiste en distinguir las inconsistencias administrativas de posibles conductas delictivas. Esto requiere revisar los antecedentes del siniestro, la documentación presentada, los dictámenes técnicos y la intervención de las personas involucradas.
El fraude procesal puede presentarse cuando una persona utiliza engaños o pruebas falsas durante un juicio para obtener una resolución judicial que le permita cobrar una indemnización a la que no tiene derecho.
“Otro problema surge cuando la aseguradora detecta a tiempo el fraude y rechaza la reclamación, pero la parte asegurada acude a los tribunales para exigir el pago de la póliza. Este supuesto nos obliga a analizar los hechos desde la perspectiva del delito de fraude procesal y a utilizar las herramientas que brinda el derecho penal para frenar el cobro indebido de la indemnización”, señala Nader Kalife.
La posible responsabilidad penal dependerá de los hechos, las pruebas disponibles y la legislación aplicable. Por ello, preservar la documentación, realizar los peritajes pertinentes y analizar las circunstancias de cada caso resulta fundamental para determinar si existen elementos que justifiquen acudir a la vía penal.
