Toyota condenada a pagar 60 millones de dólares por engaño en préstamos para automóviles
La entidad financiera, conocida como Toyota Motor Credit Corp., fue acusada de realizar prácticas engañosas al persuadir a los clientes para que compraran productos adicionales que incrementaron sus pagos.
La rama de préstamos de Toyota Motor Corp. acordó pagar 60 millones de dólares para resolver acusaciones de engañar a los clientes, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. (CFPB).
La entidad financiera, conocida como Toyota Motor Credit Corp., fue acusada de realizar prácticas engañosas al persuadir a los clientes para que compraran productos adicionales que incrementaron sus pagos, obstaculizando luego los intentos de cancelación y reteniendo reembolsos de manera injusta.
Engaño y Prácticas Injustas en Préstamos de Toyota
La CFPB afirmó que Toyota Motor Credit Corp. mintió sobre la obligatoriedad de los productos adicionales y aplicaba trámites apresurados para ocultarlos.
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Además, obstaculizaba los intentos de cancelación, reteniendo reembolsos y, en algunos casos, informaba falsamente información de pago a las agencias de crédito.
Estas prácticas afectaron negativamente a los consumidores y sus informes crediticios.
Pago Millonario y Compromiso de Mejora
En respuesta a las acusaciones, Toyota Motor Credit Corp. acordó pagar 48 millones de dólares a los consumidores afectados y destinar 12 millones de dólares a un fondo de ayuda para las víctimas.
Aunque la empresa no admitió delitos, aceptó la orden de consentimiento de la CFPB para “cumplir con nuestro compromiso de brindar continuamente un servicio cada vez mejor a nuestros clientes”, según afirmó en una declaración.
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Compromiso Continuo contra Prácticas Engañosas en la Industria Automotriz
La CFPB, dirigida por Rohit Chopra, destacó la importancia de perseguir a los grandes prestamistas de automóviles que engañan a sus clientes. Con el aumento de la carga de pagos de préstamos para automóviles en los EE. UU., la CFPB reafirmó su compromiso de abordar prácticas injustas en la industria automotriz y proteger los derechos de los consumidores.
Este caso refuerza la necesidad de una supervisión continua en el sector financiero y destaca los esfuerzos regulatorios para garantizar la transparencia y la integridad en los préstamos automotrices