Con pocas opciones a las cuales recurrir, porque lo suyo no ha sido tener cuadros especializados y eficaces, sino de lealtad a toda prueba -porque la honestidad está visto que es relativa-, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por una de sus colaboradoras que reúne todas las cualidades: Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como nueva secretaria de Economía.
Conocida como la “Dama de Hierro” por aumentar la recaudación yendo por grandes contribuyentes, cobrando impuestos atrasados, reduciendo las condonaciones y peleando en tribunales hasta el último centavo. Todo sin reforma fiscal. Es de las pocas funcionarias de las que el presidente puede presumir resultados con datos oficiales, sin “otros datos”.
Las principales cámaras empresariales felicitaron a Buenrostro, manifestaron su confianza en su capacidad para abonar al desarrollo económico y su disposición para trabajar con ella en favor de la reactivación de la economía. Algunos pidiendo nerviosamente “continuidad”. Pero no fue por eso que llegó ni por la que se fue Clouthier.
Siguiendo la lógica de que se trata de una funcionaria eficaz, preparada, honesta y leal, con fama de mano dura para negociar, López Obrador la mandó ahora a la Secretaría de Economía, a concluir lo que Tatiana Clouthier ya no aguantó seguir, que son las consultas al amparo del T-MEC, solicitadas por Estados Unidos y Canadá sobre el tema energético.
Desafortunadamente, no es lo mismo apretar a empresarios para que se pongan al corriente con sus impuestos, que entrar a las consultas en torno al T-MEC, en las cuales la renuncia de Clouthier mandó un claro mensaje de que no habrá cambios en materia energética.
Veremos también cómo funciona la sinergia entre el canciller Marcelo Ebrard y la nueva titular de Economía y qué ofrecen a sus contrapartes para no irse a los paneles o seguirlos retrasando, lo cual se ve poco probable. O, tal vez, la mano dura de Buenrostro no sea para negociar en las consultas del Tratado, sino hacia el interior el gobierno donde, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue acumulando pagos millonarios por arbitrajes perdidos, pero que no son nada a comparación de las pérdidas a la economía nacional si se pierden los paneles. Veremos.
Nueva demanda contra fabricantes de armas
Es cuestión de horas para que el gobierno de México presente una nueva demanda, ahora frente a un tribunal de Arizona, para que los principales fabricantes de armas de Estados Unidos vuelvan a ocupar el banquillo de los acusados luego de que un juez de Massachusetts, tras manifestar su empatía por los ciudadanos de nuestro país, informara que no podía ignorar en su veredicto la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas, una ley que protege a los fabricantes por del uso que se da a las mismas, concluyendo que no había delito que perseguir.
Este nuevo reclamo buscará mantener en la agenda pública un tema que difícilmente habrá de prosperar en los tribunales por un problema de origen: desde su fundación México y Estados Unidos han tenido visiones diferentes sobre la portación de armas de sus nacionales. Si bien ambos países contemplan el derecho de sus ciudadanos a poseer armas, la Unión Americana a través de la segunda enmienda y México mediante al artículo décimo constitucional, la gran diferencia radica en la portación. Mientras que los habitantes de la nación del norte pueden portar y comprar armas con requisitos muy básicos como haber cumplido la mayoría de edad y hacer constar que no tienen antecedentes penales, en México la portación es restringida a algunas actividades, la posesión se permite sólo en los domicilios y luego de una tramitación más bien compleja.
En su primera demanda, que data de agosto de 2021, México buscaba una compensación económica argumentando “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas” que habían propiciado el tráfico ilegal de armas. El precio que fijó, en ese momento por los daños, fue de 10 mil millones de dólares. En su reclamación, la cancillería argüía que cada año ingresaban por nuestras fronteras cerca de medio millón de armas de todos los calibres y que tan sólo durante 2019 éstas habían sido las responsables de la muerte de 17 mil homicidios dolosos en nuestro país. Se da por hecho que estos argumentos se habrán de repetir junto con otros que le darán una nueva perspectiva al caso. La semana pasada, durante una comparecencia en el Senado, el canciller Marcelo Ebrard señaló que en esta nueva ocasión se invocará una legislación bipartidista aprobada hace unos meses que fija como delito de carácter federal el tráfico ilegal de armas y castiga severamente a los testaferros que trabajan para los delincuentes.
Aún no está claro porque la nueva demanda se habrá de presentar en Arizona, a diferencia de la primera que tuvo como sede Massachussetts, estado en donde se localizan una buena parte de las empresas en litigio y cuyo final aún está por escribirse ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores apelará el fallo del juez.
Pese a lo dispar de la disputa, hacen bien las autoridades de México en denunciar una industria que ha sido perniciosa para nuestro país y que ha estado involucrada en todos los conflictos a nivel mundial. Uno de los contados mercados que han logrado incrementar sus ventas en plena recesión, con ganancias que dejaron a los empresarios estadounidenses, durante 2020, una utilidad superior a los 285 mil millones de dólares.
