El pasado lunes se venció el plazo de las consultas al amparo del T-MEC, solicitadas por Estados Unidos y Canadá por inconformidades respecto a políticas del Estado mexicano adversas a empresas del sector energético. La ampliación del periodo de consultas se interpretó más como una concesión de tiempo para que Tatiana Clouthier y Marcelo Ebrard convencieran al presidente López Obrador de instruir lo procedente para resolver lo necesario en el sector energético, particularmente el eléctrico, y evitar llegar a los paneles.
Con un escenario de inevitable reversa a varias políticas y regulaciones energéticas, se especuló sobre la salida de Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No terminó la semana cuando la renuncia de Clouthier y no la de Bartlett fue la respuesta a las contrapartes estadounidenses y canadienses, quienes ahora saben que los paneles son inminentes.
Hay versiones de que Clouthier ya había presentado su renuncia en julio pasado, cuando nuestros socios comerciales norteamericanos solicitaron las consultas. López Obrador dijo en varias ocasiones que no fue informado al respecto ni el tema había sido abordado en su reunión con Joe Biden en la Casa Blanca, siendo que eran públicos los reclamos de legisladores y de la propia representante comercial estadounidense Katherine Tai, así como las reuniones bi y trilaterales con posicionamientos públicos y claros sobre el tema.
Clouthier habría visto en las declaraciones del presidente una señal al responsabilizarla indirectamente de no informarle, lo cual obviamente no era así. La dimisión no habría sido aceptada, se le pidió aguantar.
Todavía el mes pasado, la secretaria de Economía mandó otra señal de molestia con lo que pasaba en este gobierno, cuando dio una entrevista a Excélsior manifestando su desacuerdo con que el Ejército realice tareas de seguridad pública.
Pero la verdadera inconformidad era tener que dar la cara en unas consultas que sabía que no llevarían a nada, por la intransigencia de su jefe, de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del titular de CFE, Manuel Bartlett, con altos costos económicos para México por los prácticamente inminentes fallos en contra de realizarse los paneles. Sin ninguna necesidad de cuidar capital político alguno para el futuro, Clouthier renunció.
Ahora, para variar, queda solo el bombero Ebrard para atender el incendio, mientras se especula si es Raquel Buenrostro, Esteban Moctezuma o alguien más quien llega a Economía, aunque al parecer no será para apagar el fuego sino para terminar de quemar la casa.
Difícil no es volar, lo peligroso es estrellarse
Maestro en el arte de insertar temas en la agenda informativa, el presidente no dejó pasar la oportunidad y aprovechó un hecho divulgado por Guacamaya leaks para dejar correr una información que, a pesar de lo disparatada, se ha difundido profusamente a través de los medios tradicionales y las redes sociales.
La información en cuestión se refiere a la creación de una empresa de vuelos comerciales manejada por las fuerzas armadas que funcionaría a partir de diez aviones rentados a los que se sumaría el avión presidencial, esa pieza de museo que igual se ha rifado que ofrecido al mejor postor. Otras versiones indican que para su funcionamiento sería utilizado el parque de Aeromar, empresa endeudada hasta el cuello con el fisco, una amortización que difícilmente los militares estarían dispuestos a saldar.
Si bien esta información a primera vista suena impactante resulta poco viable, por lo menos con los datos que se cuenta. De entrada, el presidente se vio sorprendido con la divulgación de un proyecto que dijo, le había sido presentado quince días antes.
Si bien el mandatario gusta de tomar decisiones a botepronto, se antoja difícil que en ese tiempo récord tomara una determinación de este calibre que más que audaz parecería suicida por muchos factores empezando por el financiero.
De acuerdo a las palabras de López Obrador, la naciente empresa trabajaría con diez aviones rentados, pero no explica de dónde provendrán esos recursos, porque por lo menos para el próximo año no se encuentran contemplados en el presupuesto. Sumado a esto se tendrían que realizar múltiples trámites que contemplan permisos, rutas, frecuencia de los vuelos, contratación de personal, así como su capacitación y certificaciones, procesos que requieren tiempo.
Indirectamente, el presidente también dejó abierta la posibilidad de ligar esta empresa a Aeromar, línea aérea que, de acuerdo a distintos analistas, adeuda al fisco la friolera de mil quinientos millones de pesos. Asumir una deuda de esta magnitud en una empresa que recién empieza sería condenarla desde su nacimiento a una enfermedad mortal que difícilmente superaría.
Sabido es que para el presidente la ley no es un impedimento cuando de hablar de su visión de la justicia se trata, sin embargo, no está de más consignar que la Ley de Aeropuertos establece en su Artículo 29 que “En ningún caso, un grupo de concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales, podrán adquirir directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria de un aeropuerto.
La misma restricción se aplicará cuando un grupo de concesionarios de aeropuertos participen en el capital de concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo”.
En otras palabras, las fuerzas armadas no podrían contar con una línea aérea puesto que ya operan al Aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Pero eso no es todo, el Convenio de Chicago establece que la aviación militar y civil son incompatibles, un rompecabezas con muchas piezas en el peor momento del sexenio, con los costos disparados en cada una de sus obras faraónicas. Un proyecto ambicioso para el que difícilmente habrá de alcanzar el cash.
