PAN aprueba la expulsión de los Yunes por votar a favor de la reforma al Poder Judicial
La reforma judicial ya fue aprobada por 18 Congresos estatales
La Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) anunció el 11 de septiembre la expulsión de Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, tras apoyar la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue aprobada en el Senado de la República.
La misma medida tomarán contra Natividad Díaz, diputada local de Oaxaca que también emitió un voto a favor de la reforma judicial.
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El PAN argumentó que la reforma al Poder Judicial es “regresiva y destructiva” y que su aprobación está plagada de irregularidades. Por ello, el partido informó que impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proceso legislativo que condujo a la aprobación de la reforma, alegando que presenta múltiples vicios y violaciones de procedimiento.
Entre los argumentos presentados se encuentran la violación de suspensiones de amparo emitidas por al menos dos juzgados federales, la falta de espacios para discusión y estudio de la reforma, los cambios irregulares de sedes en ambas Cámaras y la falta de certeza en las votaciones de los legisladores.
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PAN prepara impugnaciones para detener la reforma judicial
El partido considera que la reforma contiene elementos que la configuran como una reforma electoral. Entre las disposiciones señaladas se encuentra la creación de procesos electivos para la designación de juzgadores, la modificación de las reglas para elegir jueces electorales, y la extensión del mandato de los magistrados de la Sala Superior hasta 2027, entre otros cambios.
El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado a los Grupos Parlamentarios en los congresos locales para que no cedan a presiones y voten en contra de la reforma, que según él, afectará a los mexicanos.
Además del proceso de impugnación, el PAN indicó que tomará diversas medidas legales, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo, y controversias constitucionales, para combatir la reforma y proteger los derechos de los legisladores y ciudadanos.
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