Es la primera vez en la historia de la relación entre México y Estados Unidos que este último designa como Embajador para nuestro país a un perfil con cero carrera política y apenas dos años de experiencia diplomática. Es el caso de Ronald Douglas Johnson, mejor conocido como Ron Johnson.
Congruente con las versiones respecto a que el equipo de Donald Trump contempla desde el envío de asesores, hasta realizar operativos encubiertos con agentes o drones para asesinar líderes de cárteles o atacar infraestructura de las organizaciones criminales en nuestro país, el magnate optó por mandar a México como Embajador a quien encabece cualquier tipo de esfuerzo en ese sentido, con la cooperación que haya o no con las autoridades mexicanas.
Si bien es común que políticos y funcionarios estadounidenses tengan algún paso por la vida castrense, el de Ron Johnson es de un coronel con una amplia carrera en las fuerzas especiales del Ejército como en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con actividad en América Latina, pero también en los Balcanes, donde participó en un grupo especial dedicado a capturar a criminales de guerra. Fue el primer oficial de las Fuerzas Especiales en asistir a la beca de la Escuela de Guerra del Ejército en la CIA, y cuenta con una basta experiencia en inteligencia, operativa y de conocimiento de la problemática de la región.
Cuando en 2019 Johnson fue nombrado embajador de Estados Unidos en El Salvador, traía dos poderosas credenciales de presentación: provenir directamente del Comando Sur y haber sido de los 55 asesores militares estadounidenses enviados a El Salvador durante la guerra civil en la década de los 80. Su nombramiento coincidió con el inicio de la presidencia de Nayib Bukele, quien implementó medidas para custodiar las fronteras salvadoreñas e inició un despliegue masivo de las fuerzas “anti-pandillas” en el país centroamericano.
A Johnson ya no le tocó ver como embajador el estado de excepción decretado en marzo de 2022 ni el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la famosa cárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023; pero en su momento Bukele estableció buena relación con la administración Trump y n con legisladores republicanos, entre ellos el futuro secretario de Estado, Marco Rubio, quien como senador ha elogiado las medidas de seguridad adoptadas por el régimen salvadoreño y que, por el contrario, acusó al entonces presidente López Obrador de entregar secciones del país a los cárteles y ser apologista de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Contrario a lo que hubiera sido una embajdora estridente como Kari Lake -la trumpista que se mencionaba para el cargo-, como buen agente de inteligencia, Johnson será discreto pero llegará con una agenda de seguridad muy puntual en la cual buscará la colaboración de las autoridades mexicanas y, lo no obtenga, sea por falta de voluntad o capacidades, lo operará unilateralmente. La entrega-secuestro del Mayo Zambada fue la primera prueba de que lo pueden hacer, y eso fue con las administración Biden; con la de Trump, la excepción podría convertirse en regla y los alcances, hasta donde quieran los estadounidenses, no sólo de delincuentes, sino también de políticos presuntamente coludidos.
5 de cada 10 paga deudas con el aguinaldo
Antes de este 20 de diciembre, habrá de quedar pagado el aguinaldo a los trabajadores en México. Se trata de un ingreso de fin de año fundamental en la economía de muchos mexicanos, quienes hacen planes en corto plazo y para el transcurso del próximo año con un monto que es, mínimo, el equivalente a 15 días de su salario.
En algunos compañías, la mitad del aguinaldo es entregado en la primera quincena de noviembre, a efecto de aprovechar las ofertas del Buen fin. Tanto en este caso, como en el periodo decembrino, es un recurso económico clave en la dinámica económica de fin de año.
Pero, ¿en qué gastan dicha prestación laboral los trabajadores? De acuerdo al “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea, cinco de cada 10 dijeron que lo utilizarán para pagar deudas; 31 % ahorrará el aguinaldo; 14 % lo utilizará para cubrir gastos de fin de año y 5 % lo ocupará en pagar sus vacaciones.
57 % dijo que el aguinaldo le permite avanzar en proyectos personales de emprendimiento; 26 % descartó que dicho ingreso influya en sus planes laborales; 10 % consideró que le ayuda en su desarrollo personal y laboral y 7 % simplemente dijo que el aguinaldo define su nivel de satisfacción laboral.
Sheinbaum: el difícil momento de las definiciones
Una oportunidad dorada para demostrar que las funciones de los moribundos organismos autónomos pueden ser absorbidas por el gobierno federal es la que se le presenta a la presidenta Claudia Sheinbaum, tomando como punto de partida la boda de Martín Borrego Llorente (entonces funcionario de la Cancillería), quien indebidamente hizo valer su cargo para utilizar las instalaciones del Museo Nacional de Arte (MUNAL), y la responsabilidad que también tendría que recaer sobre la exsecretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien avaló con su presencia en el enlace matrimonial un evidente acto de abuso de poder.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (antes Función Pública), tendría ya que estar haciendo las investigaciones pertinentes para que, de una manera oficial y no con renuncias al vapor, se solvente con los debidos protocolos un proceso que sin duda alguna tendría que concluir con el cese y la inhabilitación de los involucrados, entre los que no deberíamos de descartar a la actual secretaria del Medio Ambiente. Entre las indagatorias también habría que contemplar la participación en el evento de diversos cónsules y embajadores quienes habrían abandonado sus sedes para poder estar presentes y si sus viajes habrían sido costeados por el erario (no hay que olvidar que en un principio se manejó como un evento oficial en colaboración con la embajada de Rumania).
La mandataria se pronunció el martes sobre esta situación. De manera ambigua, dijo que “tiene que aclararse en particular este caso” sin comprometerse a anunciar una investigación a fondo en congruencia con la carta que le hizo llegar a sus colaboradores en el segundo día de su mandato que a la letra dice: “Cualquier conducta ilegal de los servidores públicos que viole el código ética o incurra en actos de corrupción será denunciado ante las autoridades administrativas y/o penales”.
Sheinbaum se encuentra en una encrucijada en la que difícilmente saldrá bien librada, a menos que Bárcena ofrezca una explicación más creíble que la presentada en un comunicado emitido por la Semarnat, o termine por dejar libre una posición en la que sus buenos oficios son imprescindibles.
A veces la construcción de los segundos pisos es más compleja de lo que parece y si en algo fue congruente su predecesor Andrés Manuel López Obrador, fue en tomar medidas firmes e inmediatas en contra de funcionarios que abusaran de sus cargos apartándose de los postulados establecidos por su movimiento. Así, siendo presidente electo decidió apartar a Cesar Yáñez de su círculo cercano tras una polémica boda muy alejada de la austeridad; Josefa González Blanco, secretaria de Medio Ambiente, tuvo que decir adiós a la naciente administración luego de retrasar la salida de un vuelo comercial; le siguió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tras su polémica boda en Guatemala con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humprey,. En el camino también debió abandonar el cargo la secretaria de Turismo capitalino, Paola Félix Díaz, quien viajó en un avión privado del director de un conocido diario, y detenida por no declarar el ingreso de 35 mil dólares.
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