En un vano intento para evitar la politización del Poder Judicial, dentro de un proceso que tendrá un alto costo no sólo económico sino también para el futuro de la República, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de sentencia de las acciones de inconstitucionalidad a la Reforma Judicial en el que, si bien se acepta la renovación de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) así como la de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y del naciente Tribunal de Disciplina, cancela la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito.
Si bien es una medida muy racional y razonable, la propuesta del ministro está destinada a caer en terreno estéril. Con un Congreso erigido a semejanza del Comité de Salvación Pública en la revolución francesa, cuyos lideres se constituyen en modernos Robespierres que pretenden eliminar todo rastro de un sistema que a su consideración resulta caduco, se antoja difícil. La determinación de derribar toda una arquitectura institucional construida durante décadas, hoy en la picota acusados de ser agentes del neoliberalismo, es inexorable. Destruir para dar paso a una Cuarta Transformación que no deja espacios para la divergencia.
Un último acto de dignidad para una Corte que en perspectiva hizo muy poco para defender a la institución a diferencia de los trabajadores de base, quienes incansablemente han recorrido la ciudad argumentando la legitimidad de su causa. Los ministros guardaron desde un inicio un silencio cómplice frente a los actos de hostigamiento por parte del Ejecutivo, acciones que incluso llegaron a la humillación como la negativa del propio Andrés Manuel López Obrador a compartir el mismo espacio en donde estuviera la ministra presidenta Norma Piña, como si su aire estuviera envenenado.
Ocho de esos once ministros presentarán su renuncia antes del 31 de octubre, las otras tres, todas mujeres cercanas a Morena, buscarán conservar “sus privilegios”. Algunos dirán que cuando se hunde el barco los primeros en saltar serán los de la cúpula y no estarán muy lejos de la realidad. Los juzgadores se van dejando elocuentes cartas en donde, con gran pundonor, defienden una honorabilidad que se vendió a cambio de un generoso retiro vitalicio que les permitirá mantener su calidad de vida hasta el día de su muerte; conservarán su trabajo hasta agosto del próximo año bajo el yugo de los poderes Ejecutivo y Legislativo a quienes deberán someterse, de lo contrario como mencionó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el cuerpo legislativo podría rechazar su dimisión.
Son las horas oscuras. Como nunca antes la Constitución esta siendo “manoseada” para favorecer a una determinada ideología en nombre de un pueblo que no acaba de entender que esta pasando, que eligió a sus representantes más por simpatía que por capacidad; un pueblo que acepta las dádivas recibidas a cambio de la construcción real de un futuro de prosperidad. Basta salir a la calle y preguntar a cualquier transeúnte si sabe de que van las modificaciones al Poder Judicial, incluída la mentada iniciativa sobre la “supremacía constitucional”. El silencio se encontrará detrás de cada respuesta.
¿Quién para la fiscalía capitalina?
La semana pasada, el Consejo Judicial Ciudadano de la CDMX hizo pública la convocatoria para la selección de la terna de la que saldrá el nuevo fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Los aspirantes tienen hasta el 9 de noviembre para inscribirse y será el 2 de diciembre cuando se dé a conocer la terna.
A diferencia de enero pasado en que la oposición en el Congreso capitalino impidió la ratificación de Ernestina Godoy, ahora Morena y aliados tienen mayoría para aprobar al titular que les plazca o, más bien, que les indiquen. Y ahí parece estar el problema, quién les va a decir y a quién le harán caso.
Aunque no se saben nombres de inscritos a la convocatoria, entre los nombres que se han mencionado están Laura Angelina Borbolla Moreno, titular de la Coordinación General de Acusación Procedimiento y Enjuiciamiento de la FGJCDMX; Renato Sales, ex fiscal de Campeche, ex comisionado Nacional de Seguridad y subprocurador en las entonces PGR y PGJDF, la procu grande y la chiquita, como se les conocía… y Bertha María Alcalde, extitular del ISSSTE y hermana de María Luisa, la presidenta de Morena.
Se dice que a Borbolla la respalda Claudia Sheinbaum y Omar García; mientras que Sales es la carta de Brugada ¿Y Bertha María Alcalde? Pues fue la solución intermedia que en su momento se le ocurrió a alguien que ya está en Palenque, pese a tener nula experiencia ministerial, pero que al expresidente le ha de haber parecido una abogada excepcional porque la hizo candidata a ministra y a presidenta consejera del INE, viniendo de ser comisionada de Cofepris. Una solución política fácil, si no fuera porque se trata de la instancia de procuración de justicia de la capital del país, donde el criterio prevaleciente no puede ser una cuota de poder o tener a alguien nadando de a muertito.
Ulises Lara quisiera seguir, pero sabe que ya cumplió su encomienda. El actual encargado de despacho de la fiscalía tiene buena relación con la presidenta y con la jefa de Gobierno, se “rifó” exprimiendo lo del Cártel Inmobiliario en plena campaña electoral y con ir a rescatar personalmente a Javier Corral de que lo aprehendieran policías ministeriales chihuahuenses en el bar Gin Gin de la colonia Roma. Su Lealtad seguramente será recompensada.
En su momento se sabrán los nombres de quienes se inscriban y veremos si están quienes se dicen. Ojalá haya coincidencias entre los grupos para apoyar a un perfil idóneo para la fiscalía capitalina, y no se opte por una opción neutra, pero cuya inexperiencia salga cara para todos, empezando para los capitalinos, pero también para la jefa de Gobierno y hasta para la presidenta.
Día de Muertos en la oficina
En el entorno laboral, fomentar la participación en actividades culturales como el Día de Muertos no sólo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también puede influir positivamente en la convivencia y el bienestar de los equipos.
En su Termómetro laboral de cada semana, OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, preguntó a más de mil 300 empleados cómo influye en la dinámica de equipo el celebrar tradiciones mexicanas como el Día de Muertos.
36% de los encuestados destacó que celebrar el Día de Muertos en el lugar de trabajo tiene un efecto positivo en los equipos; 29% dijo que la celebración de tradiciones mexicanas fomenta la unión y el apoyo entre los colaboradores; 22% comentó que este tipo de conmemoraciones generan un mayor sentido de pertenencia y sólo 13% opinó que no influye en nada en el ámbito laboral.
Por otra parte, el 48% dijo que estas actividades impactan positivamente en la satisfacción laboral; 21% indicó que las relaciones laborales mejoran, ya que estas actividades facilitan una interacción más cercana y relajada entre compañeros; 17% señaló que estas celebraciones no generan un impacto relevante en el trabajador y 14% mencionó que el impacto de las actividades culturales depende en gran medida de los gustos personales.
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