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Tan dados a hablar de soberanía y seguridad energética desde la administración de AMLO, en la mañanera del miércoles pasado, Cuitláhuac García, titular del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), dio a conocer que la semana anterior Estados Unidos avisó que dejaría de enviar a México alrededor de 20 % del gas natural, y reconoció una realidad preocupante: si el país vecino cortara totalmente el suministro del hidrocarburo, México tendría solo tres días de reservas, basándose únicamente en el remanente de los gasoductos.
Es decir, México no posee un inventario real, aunque para el exgobernador de Veracruz los gasoductos funcionan como almacenes y el flujo de gas como reserva.
La dependencia de México respecto al gas natural ha alcanzado un nivel estructural. Según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos, entre enero y julio de 2026, las importaciones de gas natural de México promediaron 6.772 millones de pies cúbicos diarios, una cifra récord desde que comenzó el registro de datos en 1973.
La dependencia de las importaciones estadounidenses oscila entre el 70 % y el 80 %, y el 91 % proviene de Texas, la mayor parte para las Centrales de Ciclo Combinado de CFE. De acuerdo al Financial Times, el vecino del norte presiona para que México compre más gas estadounidense.
Sigue presente lo sucedido durante la tormenta invernal de Texas de 2021: México se vio obligado a buscar apresuradamente cargamentos costosos de gas natural en el mercado al contado, mientras las zonas industriales de la frontera norte sufrían apagones y paradas en la producción.
Para este invierno, aunque no se pronostica para Texas una ola de frío extremo, el aumento de la demanda de calefacción residencial en la Unión Americana impulsará al alza los precios al contado, lo cual se reflejará en los precios al alza, además de la competencia de compradores estadounidenses dispuestos a pagar más.
Si bien Pemex aspira a elevar la producción a casi 5,000 millones de pies cúbicos diarios para 2035, lograrlo exige una fuerte inversión de capital, experiencia técnica y resultados que se verán a largo plazo: las perspectivas para el desarrollo de recursos son limitadas y la opción del fracking se encuentra sujeta a varias condiciones que dilatan proyectos concretos. En pocas palabras, la producción nacional no podrá cubrir el déficit de importación en un futuro previsible.
En el corto plazo, México debe establecer reservas estratégicas reales, con infraestructura para un inventario despachable, no en tres días de presión de los gasoductos. Al mismo tiempo de desarrollar sistemas de almacenamiento, a largo plazo es necesario incrementar la generación eléctrica por energías renovables para reducir la dependencia del gas natural. Actualmente, la energía limpia representa el 24 % de la generación eléctrica del país, con una meta del 38 % para 2030.
Amilcar Olán o la caída del alfil
La historia de los grandes escándalos de corrupción en México suele seguir un guion implacable y predecible: la opulencia repentina, la cercanía con el poder absoluto, el tráfico de influencias desmedido y, finalmente, la más absoluta soledad cuando las estructuras que protegían a los operadores colapsan. Jorge Amílcar Olán Aparicio, el empresario tabasqueño y amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán —”Andy”—, encarna a la perfección este ciclo trágico de ambición y desolación.
Durante años, al amparo de la sombra presidencial, Olán pasó de ser un proveedor menor a convertirse en el artífice de una red de negocios millonarios que abarcó desde contratos de material médico a través de empresas como Romedic, hasta el lucrativo suministro de balasto sin certificaciones de calidad para el Tren Maya y operaciones ligadas al sector energético. Su nombre, ventilado en audios y reportes de investigación periodística, se convirtió en el símbolo de un esquema de presunto enriquecimiento inexplicable y de complicidades al más alto nivel.
Sin embargo, el poder es efímero para quienes solo sirven de instrumentos. Hoy, la realidad de Olán se resume en una sola palabra: huida. Ante el peso de las indagatorias y la presión pública por los señalamientos de corrupción, que apuntan a transferencias millonarias y a un refugio dorado en Suiza, específicamente en zonas exclusivas de Lugano, el empresario optó por la distancia geográfica buscando poner tierra de por medio frente a la justicia mexicana.
Lo más desgarrador para cualquier operador político en desgracia no es el exilio en sí, sino el abandono. En las altas esferas de la política, los amigos y socios protectores suelen desaparecer con la misma velocidad con la que otorgaron los contratos. El clan y las altas estructuras que lo encumbraron hoy optan por la distancia prudente, dejándolo solo frente a la tormenta mediática y jurídica. El blindaje se ha desvanecido, y con él, cualquier promesa de impunidad permanente.
La suerte de Amílcar está echada. Conforme los reflectores sigan apuntando hacia sus cuentas bancarias en el extranjero, los desfalcos al erario y las redes de complicidad, el margen de maniobra se reduce a cero. La fase en la que tendrá —o tendría— que enfrentar el peso de la ley es inevitable en cualquier democracia que aspire a la rendición de cuentas.
No obstante, en un entorno donde los intereses y los secretos financieros suelen comprometer a tantas terminales del poder, los desenlaces de estos personajes rebasan los tribunales. Dadas las presiones extremas y el volumen de información que resguardan sus manos, no debería extrañar a nadie si el destino de esta pieza clave se inclina hacia escenarios más oscuros, como una repentina desaparición o un callejón sin salida que conduzca al “suicidio” asistido.
La justicia terrenal o la presión del propio sistema al que sirvió terminan por cobrar la factura. Amílcar Olán ya no es el empresario consentido del régimen; hoy es solo un náufrago político a la espera del juicio final.
Europa: casas sin gente, gente sin casa
Europa enfrenta una paradoja que muestra un desequilibrio estructural: mientras las grandes ciudades padecen la falta de vivienda y el encarecimiento de las rentas, numerosas regiones rurales pierden población y algunas acumulan casas vacías. La dimensión del problema es considerable.
La Comisión Europea calcula que entre 2025 y 2035 harán falta 7.14 millones de viviendas adicionales a las que ya se prevé construir. Las 30 principales áreas metropolitanas concentran más de un tercio de esa necesidad. La contradicción es evidente: la demanda habitacional se concentra en territorios donde la oferta no alcanza, mientras en otros disminuye la población y cae la demanda.
El encarecimiento ayuda a dimensionar la presión sobre los hogares. Entre 2010 y 2024, los precios de compra de vivienda en la Unión Europea aumentaron 53% y las rentas, 25%, de acuerdo con Eurostat. No se trata de un fenómeno uniforme: los incrementos varían considerablemente entre países y ciudades, pero la tendencia ha dificultado el acceso a la vivienda para numerosos hogares.
En 2024, casi uno de cada diez habitantes de las ciudades destinaba más del 40% de su ingreso disponible a pagarla, frente al 6% de la población rural. El problema no es solo conseguir una casa, sino poder pagarla sin comprometer el resto del presupuesto familiar.
Del otro lado están las regiones que pierden habitantes. En 2024, 90 regiones de la Unión Europea registraron una disminución de población respecto al año anterior. El retroceso se observa en Bulgaria, buena parte de Grecia, Hungría y Polonia, así como en zonas de Alemania oriental e Italia.
España ofrece otro ejemplo significativo: en regiones como Castilla y León, Galicia y Extremadura, el envejecimiento y la pérdida de población afectan a numerosas localidades rurales, mientras Madrid y otros territorios concentran habitantes y actividad económica. En algunas de estas zonas, la pérdida de habitantes reduce la demanda de vivienda y puede favorecer la existencia de casas vacías o una oferta superior a las necesidades locales.
El movimiento tiene una lógica económica y demográfica. Los jóvenes se marchan de muchas zonas rurales en busca de empleo, educación y mejores servicios. Su salida acelera el envejecimiento, reduce la población en edad de trabajar y debilita la actividad económica local.
Con menos habitantes resulta más difícil sostener escuelas, comercios, transporte y servicios de salud, lo que a su vez vuelve menos atractiva la permanencia. Mientras tanto, las ciudades siguen concentrando oportunidades y hogares, aunque la construcción de vivienda no siempre acompaña el ritmo de esa demanda. La migración interna y la transformación de los hogares, cada vez más pequeños, también modifican las necesidades habitacionales.
Ahí aparece el problema de la planeación territorial. Vivienda, transporte, infraestructura, empleo y servicios no pueden abordarse como asuntos independientes, porque las decisiones sobre uno afectan a los demás. Una casa económica en un pueblo no representa una alternativa real para quien necesita vivir cerca de su trabajo si no dispone de transporte, conectividad o servicios básicos.
Del mismo modo, construir más viviendas en una ciudad no basta para corregir la concentración de oportunidades ni para frenar el declive de las regiones que pierden población. La Comisión Europea reconoce estas diferencias territoriales y propone identificar las causas locales de la presión habitacional antes de decidir qué medidas aplicar.
Europa enfrenta así una discusión que va más allá de cuántas viviendas necesita. La crisis habitacional y la despoblación rural exigen una visión de largo plazo que vincule la política de vivienda con el desarrollo regional, la movilidad y la distribución del empleo.
Sin esa perspectiva, las ciudades seguirán bajo presión y algunas regiones continuarán perdiendo habitantes y actividad económica. El reto no es únicamente construir más casas, sino conseguir que la vivienda y las oportunidades estén al alcance de quienes las necesitan.
Cargas excesivas de trabajo y jornadas prolongadas
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, advierte sobre la importancia de reconocer oportunamente las señales de desgaste físico y emocional asociadas al trabajo.
El cansancio persistente, las dificultades para desconectarse, las alteraciones del sueño, la pérdida de motivación y los problemas de concentración pueden indicar que las exigencias laborales están afectando el bienestar de las personas.
Entre los principales factores de riesgo destacan las cargas excesivas de trabajo, las jornadas prolongadas, la falta de reconocimiento y la presión de mantenerse disponible fuera del horario laboral. Uno de los riesgos del estrés laboral crónico es el burnout o síndrome de desgaste profesional, caracterizado por agotamiento, distanciamiento mental del trabajo y disminución de la eficacia profesional.
La plataforma de empleo destaca que prevenir el desgaste laboral requiere una responsabilidad compartida entre trabajadores y empresas. Mientras los profesionales deben aprender a identificar las señales de alerta, establecer límites, priorizar el descanso y buscar apoyo cuando sea necesario, las organizaciones tienen el reto de promover cargas de trabajo razonables, liderazgos empáticos y políticas que favorezcan el equilibrio entre la vida personal y profesional.
La relevancia del bienestar emocional también se refleja en datos del INEGI, según los cuales 21.8% de la población presenta indicios de ansiedad y 13.4% de depresión, aunque estas cifras no corresponden exclusivamente al ámbito laboral. Para Computrabajo, cuidar la salud mental no significa renunciar al desarrollo profesional, sino reconocer que el bienestar es indispensable para construir trayectorias laborales sostenibles y entornos de trabajo más productivos.
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