Nuestro canalEl costo del subsidio a las gasolinas
El gobierno ha argumentado que los subsidios a las gasolinas han permitido contener la inflación, la cual afecta principalmente a los más pobres, la prioridad de este gobierno.
Las pérdidas totales en 2022 por la política de estímulos y subsidios a las gasolinas y las transferencias a Pemex alcanzarían unos 588 mil millones de pesos, de acuerdo al estudio “Los costos del estímulo a gasolinas: recortes y deuda. Análisis anual 2022” de México Evalúa, el think tank que preside Luis Rubio.
Se dejaron de recaudar 128 mil millones de pesos por el menor cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); 111.7 mil mdp por devoluciones de IVA; 161 mil mdp por la reducción del Derecho de Utilidad Compartida de Pemex (DUC); además de 188 mil mdp por las transferencias a Pemex.
El gobierno ha argumentado que los subsidios a las gasolinas han permitido contener la inflación, la cual afecta principalmente a los más pobres, la prioridad de este gobierno. Sin embargo, dejar de cobrar impuestos beneficia más a quienes más los pagan, es decir, los más ricos, y en el caso de dejar de pagar el IEPS, fueron los más beneficiados.
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El estudio de México Evalúa refiere que en 2014, la Secretaría de Hacienda estimó que el 20% de la población de mayores ingresos se beneficiaba con el 62% del subsidio a las gasolinas por debajo de su precio real, mientras que el 20% más pobre sólo el 2.8%.
Mientras tanto, el gobierno dejó de recaudar impuestos que hubieran significado mayor presupuesto para salud, educación, seguridad, transporte público y hasta para sus proyectos insignia y programas clientelares. Para muestra, ahí están las carencias de medicamentos en hospitales públicos, la inseguridad que campea en el país o la falta de mantenimiento del Metro capitalino.
El caso de Emilio Lozoya y la justicia selectiva
El caso de Emilio Lozoya no tiene parangón en la historia de la jurisprudencia en nuestro país. Resulta una burla que por cuarta ocasión se difiriera su audiencia, esta vez por un error infantil de parte de la Fiscalía General de la República, la cual apenas el martes entregó a la defensa nueva evidencia consistente en cuatro mil hojas correspondientes a traducciones de estados de cuenta del banco JP Morgan presuntamente vinculados al caso de Agronitrogenados.
Una vez más los sabuesos de Gertz Manero trabajaron de forma cómplice con la defensa, quien no dejó pasar la oportunidad de argumentar la falta de tiempo para analizar la nueva documentación obligando al juez Gerardo Alarcón (quien por cierto apenas en enero había asegurado que no habría una nueva prórroga), a diferir para el 27 de abril la nueva presentación de quien fuera director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Si alguna habilidad ha demostrado tener Emilio Lozoya, además de la de hacerse con el dinero ajeno, está la de escapista, ni el mismísimo Houdini habría logrado evadirse de la acción de la justicia con tan singular gracia como lo ha hecho el acusado quien esta misma semana había cumplido tres años de haber sido capturado en Málaga, España. Claro, esto no habría sido posible si no contara con la complicidad de un sistema que no pierde la esperanza de que entregue información valiosa que involucre a funcionarios de la administración anterior pero en otro caso, el de Odebrecht.
Pese haberse dado a la fuga, Lozoya ha sido el delincuente de cuello blanco que más beneficios ha recibido por parte del sistema de justicia. Amparado en la figura del mecanismo de solución de controversias ha buscado alcanzar un acuerdo reparatorio en el que pretende restituir los 3.4 millones de dólares con los que aparentemente fue sobornado por la compra a sobreprecio de Agronitogenados, una compañía prácticamente inservible que fue adquirida por Altos Hornos de México (AHMSA) del empresario Alonso Ancira, quien también enfrentó a la justicia y para alcanzar su libertad aceptó el pago de 200 millones de dólares de los cuales 100 millones ya fueron restituidos.
Este es un sexenio en el que se negocia con los delincuentes en aras de Don Dinero, pero eso sí, no a cualquier precio, las arcas de la nación están siempre sedientas de recursos para financiar los costosos programas clientelares.
En diversas ocasiones la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado inconforme con la cantidad ofrecida por Lozoya para evadir la acción de la justicia, argumento que mediante una carta a Gertz Manero reforzó el también ex director de Pemex, Carlos Treviño, quien señaló que no existe cantidad alguna que se se pueda ofrecer para reparar las conductas que cometió. Y así con todo la posibilidad sigue latente.
En medio de todo queda la fragilidad del Nuevo Sistema Penal Acusatorio quien en casos como este muestra grietas aprovechadas por un sistema que no tiene escrúpulos para manejar “piezas clave” en pro de orientar la justicia a su favor. Y después que no nos vengan con que la ley es la ley.
Si así a Genaro, ¿qué pueden esperar los de hoy?
Coincidiendo con el cierre del juicio de Genaro García Luna, la jefa de la DEA, Anne Milgram, compareció este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y se quejó de que el gobierno de México no está cooperando lo suficiente con Estados Unidos en tres aspectos: no comparte información sobre aseguramientos de fentanilo ni de precursores de ese opiode sintético; no está permitiendo operaciones conjuntas contra laboratorios clandestinos y son insuficientes el número de extradiciones.
No importó que la Secretaría de la Defensa Nacional informara que fue asegurado el laboratorio de mayor capacidad de producción de droga sintética que se tenga registrado históricamente y hayan asegurado más de 600 mil pastillas de fentanilo. O tal vez sí importó, porque evidenció que de esos éxitos no se enteran en Estados Unidos.
Si la cooperación bilateral en materia de seguridad con la administración de Felipe Calderón alcanzó niveles sin precedentes, García Luna recibió reconocimientos de autoridades estadounidenses y fue considerado el mejor policía de México, ¿qué pueden esperar quienes actualmente encabezan el gabinete de seguridad si la DEA se queja de falta de cooperación e, incluso, a decir de la administradora de la agencia antidrogas, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están dominando y controlando toda la cadena global de fentanilo y están operando “todo en México”? es decir, en el México actual.
Si Genaro García Luna está a nada de ser declarado culpable basado en testimonios de delincuentes y sin evidencias contundentes de sus dichos, ¿qué esperar de un juicio donde se presente la foto de López Obrador saludando a la mamá del Chapo Guzmán? Por ello y más, habría que tener cuidado cuando se dice que el Rey Zambada resultó más derecho que el abogado defensor.
