Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa cuando existieran indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La mandataria sostuvo que se trata de una medida de carácter preventivo, necesaria para fortalecer la lucha contra el crimen financiero y cumplir con compromisos internacionales en materia de transparencia y prevención de delitos relacionados con lavado de dinero.
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Además, afirmó que “nunca en la historia, la UIF ha cerrado cuentas de personas o empresarios que no estén implicados con lavado de dinero”.
Defensa de la decisión de la Corte
Sheinbaum subrayó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirma que el bloqueo no equivale a confiscación ni sustituye una investigación penal, sino que actúa como un freno temporal mientras se deslinda la procedencia de los fondos.
La presidenta insistió en que existe un marco de control y revisión, tanto en el ámbito administrativo –a través de la propia Ley de Instituciones de Crédito y los procedimientos de la UIF– como en el judicial, pues los afectados pueden acudir a los tribunales para impugnar la medida y exigir la restitución de sus recursos si se comprueba su origen lícito.
“Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero o presunto lavado de dinero, puede inmovilizar una cuenta. Si el titular dice ‘esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo, de tal manera que ahora el amparo tarda máximo 6 meses”.
De igual forma, señaló que desde octubre de 2024, la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos, y refirió que la institución puede informar públicamente de todas las cuentas que se han congelado y dar detalles de a qué grupos delictivos pertenecían.
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Contexto de la decisión de la SCJN
Cabe recordar que el pasado lunes, la Suprema Corte alcanzó una resolución mayoritaria –seis votos a favor y tres en contra– con la cual permite que la UIF, a través de la SHCP, ordene el bloqueo de cuentas cuando se detecten indicios suficientes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
El máximo tribunal precisó que se trata de una medida cautelar de carácter administrativo, no penal, y que la ley establece un mecanismo de audiencia posterior para que los afectados puedan justificar la legalidad de sus recursos ante la autoridad.
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