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Las recientes y constantes acusaciones sobre un presunto contubernio para fijar precios no son una novedad, pero sí un recordatorio de que, en ciertos sectores estratégicos, la “mano invisible” del mercado parece estar más ocupada estrechando otras manos bajo la mesa que regulando la oferta y la demanda.
Se nos ha vendido la idea de que la apertura del sector energético traería consigo una guerra de precios en beneficio del consumidor. Sin embargo, lo que hemos presenciado es una coreografía sospechosamente perfecta. Resulta estadísticamente improbable que, en un país tan diverso, las tarifas de las principales gaseras se muevan con la sincronía de un ballet ruso.
Las investigaciones apuntan a un fenómeno descarado: el acuerdo de precios. Cuando los competidores dejan de competir para repartirse el pastel, el mercado deja de existir y se convierte en un club privado, a través de incurrir en prácticas como la de realizar ajustes idénticos entre empresas rivales en las mismas zonas geográficas, repartirse territorios e incluso bloquear permisos a empresas más pequeñas que podrían ofrecer mejores costos.
No podemos hablar de colusión sin mencionar la corrupción estructural. Para que un cártel de este tipo funcione, se necesita de un silencio cómplice o, peor aún, de una supervisión que mira hacia otro lado. La corrupción en el sector gasero no es un fallo del sistema; para muchos actores, es el sistema mismo.
Las múltiples acusaciones no solo salpican a los empresarios. Involucran a una red de intermediarios, sindicatos y funcionarios que han permitido que el gas LP —un insumo básico para la supervivencia de millones de familias— se maneje con la ética de un mercado clandestino. Los “moches” y el tráfico de influencias han blindado a los gigantes, volviéndolos prácticamente intocables ante las multas de organismos reguladores que, a menudo, resultan ser meras “cosquillas” financieras comparadas con las ganancias extraordinarias obtenidas ilícitamente.
Mientras los directivos brindan por márgenes de utilidad inflados artificialmente, la realidad en la calle es otra. El aumento coordinado de los precios tiene un efecto dominó devastador que toca a todos los niveles la cadena de producción y que finalmente se traduce en inflación.
Es imperativo que las autoridades de competencia dejen de emitir boletines tibios y empiecen a aplicar sanciones ejemplares. Si el contubernio se confirma, no basta con una multa que se pague con dos días de ventas; se requiere una reforma estructural que rompa los monopolios de facto y limpie las tuberías de la corrupción.
Por lo pronto, esta es la lista de las empresas y los dueños que han sido acusados:
Grupo Soni: Propiedad de la familia Oñate, encabezada por el empresario Salvador Oñate Ascencio. Es uno de los jugadores más fuertes en la zona centro y bajío del país.
Grupo Nieto: Dirigido por Sergio Nieto del Río. Este grupo es un pilar histórico en la distribución de gas LP y ha estado en el ojo del huracán por acuerdos de fijación de precios en múltiples entidades.
Grupo Tomza: Fundado por Tomás Zaragoza Fuentes. La familia Zaragoza es, quizás, la dinastía más poderosa del sector energético en el norte y noroeste del país (con ramificaciones en Centroamérica).
Grupo Simsa: Controlado por la familia Issa (específicamente Salomón Issa Murra y sus herederos). Tienen una presencia dominante en la región de la Comarca Lagunera y el norte de México.
Grupo Uribe: Una de las empresas con mayor tradición en el Valle de México, ligada directamente a la familia Uribe.
Gas Metropolitano: Aunque opera bajo diversas razones sociales, es una pieza clave en el suministro de la Zona Metropolitana del Valle de México y ha sido señalada repetidamente por prácticas monopólicas coordinadas con los grupos anteriores.
Los Farías: la corrupción como amenaza a la seguridad nacional
Si alguien tiene dudas respecto a si la corrupción es una amenaza a la seguridad nacional, el caso de los hermanos Farías Laguna en la Marina son el mejor ejemplo de ello. Se trata no solo del mayor caso de corrupción del sexenio pasado, probablemente de los más serios del México contemporáneo, y la vulneración más grave al Estado mexicano de que se tenga registro, tanto por el nivel de los implicados como por la temporalidad de los delitos. Una organización criminal operando dentro de una de las fuerzas armadas mexicanas.
Finalmente, el jueves pasado fue detenido en Argentina el Contralmirante Fernando Farías, quien junto con su hermano, el Vicealmitante Manuel Roberto, son identificados como los líderes de una red de contrabando de combustible en las aduanas, la cual habría contrabandeado 31 buques con combustibles en Altamira y Tampico, en Tamaulipas, solamente entre 2024 y 2025.
Relacionado con ello están los homicidios de un contralmirante que los denunció y de la fiscal a cargo del caso. Manuel Roberto fue aprehendido en septiembre del año pasado, junto con 13 personas más, seis de ellos marinos.
Fernando se dio a la fuga, tramitando amparos dilatorios, dirigiendo cartas a la presidenta Sheinbaum y ahora, siguiendo la estrategia de retardar procesos, buscando asilo político o proceso de extradición, para impedir ser deportado, decisión que queda al gobierno argentino.
No se trató solo de un par de altos mandos corruptos, sino que éstos pudieron involucrar y tener el control de otros marinos, funcionarios e instalaciones por un periodo de tiempo prolongado, en condiciones que no se entienden si no fuera por el poder e influencia que tenían al interior de la institución, explicable por la cercanía con su tío político, el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, en cuya administración también fueron aprobados sus ascensos meteóricos, llegando a ser de los más jóvenes de sus respectivos rangos.
Desafortunadamente, los sobrinos no delatarán a nadie, ni las autoridades querrán escalar la investigación hasta el tío, quien por lo menos en su omisión es responsable del desprestigio a la Marina.
Algo que llama la atención, es que en un video difundido en redes sociales, Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional argentina, menciona a Fernando Farías, entre otras cosas, como “objetivo de la CIA” ¿De cuándo acá un delincuente es descrito como objetivo de la agencia de inteligencia estadounidense? ¿Acaso hubo una participación de la CIA en la localización de Farías como un gesto para cerrar el capítulo de su colaboración con el gobierno de Chihuahua no reportada?
Sheinbaum: el poder que se ordena
No es casual que figuras clave dentro del Morena estén reacomodándose en posiciones estratégicas. La reciente presencia de Citlalli Hernández en la operación partidista, junto con la “decisión” de Luisa María Alcalde de dejar la dirigencia del partido para incorporarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia, apunta a más que movimientos aislados.
Más que improvisación, lo que empieza a delinearse es una secuencia ordenada: el partido se reorganiza para operar políticamente, mientras que el Ejecutivo concentra el control legal y estratégico del proyecto.
Lejos de ser fortuitos, estos ajustes sugieren un intento de recomponer al oficialismo, rumbo a las elecciones de medio término, en un momento de tensiones con sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde, tras los costos de la fallida reforma electoral.
En ese contexto, la disciplina interna y la centralización se convierten en un imperativo para mantener el control de las decisiones que se toman en el Congreso.
Vistos en perspectiva, los cambios dentro del gobierno refuerzan esa misma lógica. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, la salida de Juan Ramón de la Fuente y el ascenso de Roberto Velasco mantuvieron continuidad.
En Hacienda, la partida de Rogelio Ramírez de la O marcó el inicio de un relevo más profundo dentro del gabinete heredado por Andrés Manuel López Obrador. No hubo ruptura abierta, pero sí una señal clara: el reacomodo ya está en marcha.
El patrón se repite: Ernestina Godoy se mueve de la Consejería Jurídica hacia la Fiscalía General de la República, y es relevada por Esthela Damián, quien después de unos cuantos meses renuncia para buscar ser la candidata a la gubernatura de Guerrero.
En la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez deja la operación directa para concentrarse en la Reforma Electoral, mientras su relevo apunta a un perfil más técnico. En Aduanas, Rafael Marín Mollinedo cambia de trinchera hacia una posición territorial: nadie desaparece. Nadie es desechable. Todos se recolocan.
El contexto en el que ocurre el movimiento de Alcalde resulta significativo tras las modificaciones en torno al Instituto Nacional Electoral y los nombramientos recientes en ese órgano. En ese sentido, la Consejería Jurídica no puede verse como un simple relevo administrativo; es una señal clara de que el control del marco jurídico será tan importante como el control político.
Sin romper con el proyecto de la Cuarta Transformación, el modelo marca una diferencia con el estilo de López Obrador, quien sostenía una narrativa dominante, convivía con tensiones internas y dejaba lugar para figuras con peso propio. Sheinbaum parece apostar por una estructura más controlada: menos protagonismo individual, más disciplina operativa.
En el corto plazo la estrategia es funcional. Reduce ruido, evita fracturas y da lugar a una ejecución con mayor precisión. En el mediano plazo el panorama no es tan diáfano: sin contrapesos dentro del partido, el margen de error adquiere una mayor extensión, dejando expuesto al Ejecutivo.
No se trata de movimientos espectaculares sino de algo más eficaz: ajustes silenciosos que, pieza por pieza, reordenan el poder sin romperlo. Las mismas piezas siguen en el tablero, pero cada vez más cerca del centro. Y cuando eso ocurre, el poder deja de distribuirse: empieza a cerrarse.
Herramientas deficientes, talento en riesgo
En el discurso empresarial, hablar de talento suele remitir a conceptos como cultura, propósito, liderazgo. Sin embargo, el dato que arroja el “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, obliga a aterrizar la conversación: 87% de los trabajadores consideraría dejar su empleo por malas herramientas de trabajo.
No es un asunto menor ni operativo, es una señal clara de que la experiencia laboral no se define solo por la narrativa corporativa, sino por la capacidad real de ejecutar el trabajo en condiciones adecuadas. Cuando las herramientas fallan, lo que se erosiona es, además de la productividad, la dignidad profesional.
Este hallazgo revela una tensión de fondo en las organizaciones: se exige desempeño de alto nivel en entornos que no están diseñados para sostenerlo. Equipos obsoletos, software ineficiente, procesos poco claros o infraestructura deficiente terminan trasladando el costo de la ineficiencia al trabajador. La consecuencia es silenciosa pero contundente: frustración, desgaste y desconexión. En ese contexto, la rotación deja de ser un problema de “engagement” para convertirse en un síntoma de negligencia operativa.
Desde el ángulo normativo, el tema es aún más claro. La legislación laboral mexicana establece que los empleadores deben proporcionar herramientas adecuadas y en buen estado para la ejecución del trabajo. No hacerlo expone a sanciones y abre la puerta a riesgos en materia de seguridad y salud laboral.
Pero reducir esta conversación al cumplimiento legal sería quedarse corto, porque hoy, en un mercado laboral más informado y exigente, cumplir la ley es el punto de partida, no la ventaja competitiva.
La lectura que deben hacer las empresas es estratégica: invertir en herramientas de trabajo es una decisión que impacta directamente en la retención, la productividad y la reputación organizacional. En un entorno donde el talento tiene más opciones, las compañías que no resuelvan lo básico difícilmente podrán sostener lo complejo. Porque al final, más allá de discursos y beneficios, el mensaje que retiene a un colaborador es simple: aquí puedes hacer bien tu trabajo.
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