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Durante meses, el aparato oficialista se ha refugiado en el triunfalismo de la propaganda, agitando encuestas que pretendían dibujar una luna de miel perpetua. Sin embargo, los datos más recientes, como la última medición de Enkoll, comienzan a reflejar una realidad inocultable: la aprobación de Claudia Sheinbaum ha registrado su caída más severa, perdiendo terreno de manera sostenida.
Este quiebre en las tendencias no es una anomalía estadística; es el síntoma inequívoco de un desgaste político acelerado, gatillado por una preocupante falta de liderazgo propio y, de manera central, por el costo ético de sus alianzas y la debilidad institucional de su equipo de trabajo.
La erosión de la figura presidencial no se debe a factores externos, sino a la naturaleza misma de su gestión. El ejercicio del poder en México exige una conducción firme y autónoma, un atributo que la actual mandataria parece haber canjeado por la subordinación a las herencias del pasado inmediato y el cálculo político de corto plazo. Ante las crisis que sacuden a la nación, la respuesta del Ejecutivo ha sido la vacilación o la repetición de consignas gastadas, una inercia que la ciudadanía ya empieza a facturar en los niveles de confianza ciudadana.
El verdadero lastre de esta administración radica en la alarmante tolerancia hacia la opacidad y el encubrimiento de personajes con un historial indefendible. El ejemplo más flagrante e hiriente para la opinión pública es la impunidad y el blindaje cupular otorgado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En medio del torbellino de acusaciones y señalamientos de vínculos con el crimen organizado que asedian al mandatario estatal, la respuesta desde el Palacio Nacional no ha sido la exigencia de rendición de cuentas ni la separación del cargo para una investigación pulcra.
Por el contrario, se ha optado por el manto de la protección política y la defensa corporativa. Este encubrimiento explícito a figuras de notoria mala reputación desmantela por completo la retórica moral del gobierno y genera un profundo malestar en una sociedad cansada de la complicidad oficial. La crisis sinaloense, lejos de contenerse, se ha convertido en un sumidero que absorbe directamente la legitimidad de la propia Sheinbaum.
A este panorama de parálisis y crisis ética se suma la evidente fragilidad del gabinete presidencial. Lejos de constituir un cuerpo técnico solvente, plural o con peso específico propio, el equipo de secretarios se percibe debilitado, timorato y, en varios frentes, profundamente desacreditado. Frente a los problemas críticos del país —singularmente la crisis de seguridad pública, el deterioro del sistema de salud y la incertidumbre económica ante las presiones externas—, los ministros operan más como pararrayos mediáticos o meros ejecutores de oficina que como estadistas capaces de corregir el rumbo. La falta de perfiles con liderazgo real acrecienta la percepción de un gobierno centralizado en el que nadie asume responsabilidades y donde la ineficacia de los colaboradores termina por hundir la aprobación de quien los nombró.
Las encuestas actuales son la radiografía de un desencanto temprano. Una administración que inició con el beneficio de la duda hoy ve cómo sus bases de apoyo se agrietan debido a la terca realidad de un país ensangrentado y a las pésimas señales de protección a la corrupción local. Si la presidenta Claudia Sheinbaum no da un golpe de timón definitivo para sacudirse el lastre de personajes impresentables y oxigenar un gabinete rebasado por las circunstancias, el desplome en su popularidad dejará de ser una tendencia para convertirse en el sello definitivo de su mandato: una presidencia atrapada entre la parálisis de su liderazgo y el costo de sus complicidades.
México: destino forzado
Algo cambió en la política migratoria entre México y Estados Unidos en los últimos años. De estar concentrada en la frontera, los cruces irregulares y las caravanas centroamericanas, ahora nuestro país empieza a enfocarse en la recepción de deportados de otros países. Según un reciente informe de Human Rights Watch, Estados Unidos ha enviado a México –durante la administración de Donald Trump– 13 mil indocumentados de Cuba y Venezuela colocándolos en condiciones de vulnerabilidad frente al crimen organizado y la precariedad institucional del sur del país.
Ya no se trata sólo de un asunto humanitario. Lo que se está perfilando es un nuevo modelo migratorio regional donde México deja de ser únicamente país de tránsito para convertirse, cada vez más, en receptor definitivo de personas que Washington ya no puede –o ya no quiere– mantener dentro de su territorio.
El fenómeno tiene características muy distintas a las olas migratorias tradicionales. Muchos de estos deportados no son jóvenes recién llegados a la Unión Americana: algunos vivieron allá durante décadas. Otros llegaron siendo niños, formaron familias, trabajaron durante buena parte de su vida laboral e incluso tuvieron residencia legal en algún momento. Hay personas mayores de 60 o 70 años, con enfermedades crónicas, problemas de salud mental o necesidades médicas permanentes. No hablamos ya únicamente de un flujo migratorio sino prácticamente de un destierro moderno. Personas que ya no pertenecen del todo a su país de origen, pero que tampoco son aceptadas por el país donde construyeron su vida.
Estados Unidos no siempre puede deportarlos a sus países de origen. La respuesta es que ya no son bien recibidos y, en el mejor de los casos, el proceso resulta extremadamente lento y costoso. México, entonces, aparece como una solución práctica: un tercer país dispuesto –formal o informalmente– a aceptar personas expulsadas por autoridades estadounidenses.
Un proceso que no se originó de un día para otro. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México fue asumiendo gradualmente un papel cada vez más profundo dentro de la estrategia migratoria regional. Primero llegó el discurso humanitario y la flexibilización migratoria que coincidió con el crecimiento de las caravanas. Después, tras las presiones arancelarias de Trump en 2019, vino el endurecimiento: Guardia Nacional en la frontera sur, contención, expansión de estaciones migratorias y aceptación de mecanismos para mantener solicitantes de asilo dentro del territorio nacional. Poco a poco, México fue dejando de ser solamente corredor migratorio para convertirse también en una gigantesca sala de espera.
Lo que Human Rights describe hoy parece ser la siguiente etapa de ese proceso: México convertido en receptor de deportados de terceros países que quedan atrapados en un limbo jurídico, económico y territorial.
El problema es que el sistema mexicano de refugio lleva años saturado, y ahora se suma un perfil más complejo. Personas que encuentran dificultades para valerse por sí mismas. Y eso ocurre principalmente en estados donde el propio gobierno de México enfrenta capacidades limitadas para garantizar seguridad, empleo y atención médica.
Durante mucho tiempo –con razón– México reclamó un trato más digno para los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pero el escenario actual plantea un desafío distinto: qué hacer cuando el país empieza a recibir poblaciones desplazadas que ni siquiera son mexicanas y que llegan expulsadas por decisiones políticas ajenas. El fenómeno, además, ya no parece temporal. Todo parece indicar que forma parte de una nueva arquitectura continental donde Washington externaliza cada vez más los costos políticos y sociales de su política migratoria.
México dejó de ser muro de contención para convertirse en el lugar donde terminan quienes Estados Unidos ya no quiere –o ya no puede– mantener dentro de su territorio.
Institucionalizando la informalidad
177 municipios de los 24,69 que hay en el país registraron a la totalidad de su población ocupada en la informalidad laboral, de acuerdo a reportaje de El Economista con datos del INEGI de 2025. Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chiapas fueron los estados con el mayor número de municipios en esta condición de vulnerabilidad laboral.
Aún con el incremento exponencial que ha tenido el salario mínimo desde el sexenio pasado, la economía informal sigue siendo la principal fuente de trabajo. Al primer trimestre de este año, la tasa de informalidad se ubicó en 54.78 por ciento, con 32.63 millones de personas, y 45.7 por ciento de la población ocupada gana un salario mínimo o menos, es decir, cerca de 27.9 millones.
La mayor parte de esa informalidad laboral se encuentra en el comercio, en dos variantes, el ambulantaje y los mercados informales, en ambos casos al margen de disposiciones legales, desde el uso de vías y espacios públicos, frecuentemente con mercancía robada o de contrabando, robándose electricidad, sin controles sanitarios ni medidas de protección civil, expuestos a la extorsión, cobro de piso y, obviamente, sin pagar de impuestos, ni contar con prestaciones de ley.
En algunas administraciones se ha tratado tímidamente de incentivar la transición hacia la formalidad, a través de incentivos fiscales o facilidades para el registro ante el Seguro Social, sin resultados significativos. Lo que desafortunadamente sucede es que no hay una disposición de los tres niveles de gobierno para actuar contra una actividad que representa apoyos electorales a través de las uniones y gremios de comerciantes informales, por el contrario, es una actividad que, además de votos, genera ingresos para autoridades municipales y de alcaldías, simplemente por los “permisos” para vender en la localidad.
En la Ciudad de México el negocio del ambulantaje para las alcaldías se ha ido perfeccionando. El ingreso de los citados “permisos” no fue suficiente: con Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc se comenzó por homogeneizar la imagen de los puestos de lámina, lo cual fue una idea que de inmediato copiaron otras alcaldías, para ya no solo igualar imagen y el propio puesto, sino incluso disponer de lonas “oficiales” para los puestos ambulantes. Es así como, por ejemplo, en la alcaldía Benito Juárez -panista y supondría uno a favor de la economía formal-, abundan los puestos obstaculizando en las aceras, utilizando diablitos, pero eso sí, todos parejos con lonas blancas y el logo de la alcaldía, como prueba de que, por lo menos con esa autoridad, sí hay que cumplir para poder vender en la calle.
El Mundial y el espejismo del empleo masivo
A unos días de que México vuelva a convertirse en escaparate global con el Mundial de Futbol, el entusiasmo empresarial ya comienza a reflejarse en las expectativas de contratación. De acuerdo con el más reciente Indicador del Empleo de Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, el 53% de las empresas en México planea incrementar su plantilla laboral ante el impacto económico que traerá el torneo. La cifra es relevante porque confirma que los grandes eventos internacionales siguen funcionando como aceleradores de actividad económica, particularmente en industrias vinculadas al turismo, la hospitalidad, los servicios y la logística.
Sin embargo, detrás del optimismo también conviene hacer una lectura más profunda, y es que el Mundial sí generará empleo, pero no necesariamente es una transformación estructural del mercado laboral mexicano, porque la mayor parte de las vacantes proyectadas se concentra en esquemas temporales, por proyecto o ligados directamente a la operación del evento. Es decir, veremos una importante activación laboral, aunque con un efecto de corta duración y altamente focalizado en determinadas ciudades y sectores.
No es casualidad que Monterrey y Guadalajara lideren las expectativas de contratación con un 49% de intención de crecimiento, mientras la Ciudad de México alcanza el 40%. Las sedes mundialistas y sus corredores económicos comienzan a prepararse para absorber la demanda que implicará el flujo de turistas, patrocinadores, medios de comunicación y cadenas de suministro. En otras palabras, el Mundial ya está modificando la conversación empresarial: hoy las compañías no solo piensan en vender más, sino en cómo conseguir talento suficiente para operar en un entorno de alta presión y consumo acelerado.
Este fenómeno también deja ver una tendencia que se ha consolidado en los últimos años: la creciente preferencia de las empresas por esquemas laborales flexibles. Los perfiles más buscados —personal bilingüe, coordinadores logísticos, operadores turísticos, community managers o técnicos de infraestructura— reflejan una economía cada vez más orientada a servicios especializados y experiencias inmediatas. Pero también evidencian que las organizaciones siguen apostando por contrataciones de corta duración para responder a picos de demanda, evitando compromisos laborales de largo plazo.
En resumen, el verdadero legado del Mundial no debería medirse únicamente en ocupación hotelera, derrama económica o consumo turístico. La gran pregunta es si el país será capaz de convertir este impulso en una oportunidad para fortalecer su mercado laboral, elevar la capacitación de los trabajadores y generar empleos con mayor estabilidad una vez que termine el último partido.
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