No hubo entrega, por el contrario, regresó y se volvió a ir. El viernes pasado, Rubén Rocha Moya retomó su cargo de gobernador de Sinaloa, dispuesto a concluir su periodo de gobierno, luego de tres meses y 20 días de licencia, a raíz de la acusación penal y la solicitud de orden de aprehensión provisional con fines de extradición en su contra por vínculos con el narcotráfico por parte de autoridades estadounidenses. Al día siguiente, pidió licencia nuevamente.
Al parecer Rocha Moya se animó a reasumir luego de que quedó claro que el gobierno federal no piensa ni procesarlo aquí y menos entregarlo pero, principalmente, luego de ver el cierre de filas de Morena en torno a Andy, cobijándose en la narrativa de la injerencia extranjera, los ataques de la ultraderecha, la defensa de la soberanía y, no puede faltar, la victimización.
Porque si Andy puede escudarse en la soberanía para cuestionar que le retiraran la visa, y la presidenta critica a las autoridades estadounidenses por su doble discurso en lugar de celebrar el reconocimiento internacional a su secretario de Seguridad, con mayor razón Rocha Moya se sintió con derecho para regresar muy orondo a la gubernatura.
Es por ello que el desafío a Estados Unidos que representaba el regreso de Rocha no podía individualizarse en el gobernador, sino de todos los que forman parte de Morena, por convicción u obligados a defender la decisión de su correligionario sinaloense.
El problema es que, aún con el rechazo de la presidenta y la nueva licencia, se sigue acumulando el desgaste político: los políticos desvisados, destacando la del hijo de AMLO; las filtraciones contra gobernadores; el indictment contra Rocha y los otros nueve, su regreso y nueva salida, que también tiene costo político; más lo que falte, empezando porque parece inminente que se formalice la acusación en alguna corte de EEUU contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como en contra de Rocha Moya, ahora por el homicidio de Héctor Melesio Cuén. Es decir, estaríamos a un paso de formalizar la etiqueta de los “narcogobernadores de Morena”.
Cada jugada administrativa o judicial de Estados Unidos -revocación de visa, indictment- tiene un costo político alto para el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena, cuya única estrategia se basa en tratar de ganar tiempo y escudarse en la narrativa de la soberanía, pero no evita la crisis de legitimidad del régimen y del obradorismo, lo que derivará también en la erosión a la unidad del partido y, en consecuencia, la sucesión política del 2030.
Pemex, el coloso de barro y chapopote
Durante décadas, la historia económica moderna de México ha estado indisolublemente atada a la silueta de sus torres de perforación. Petróleos Mexicanos (Pemex) no fue meramente una empresa productiva del Estado; representó el símbolo máximo de la soberanía económica, el pilar financiero que sostuvo el gasto público, financió infraestructura escolar y hospitalaria, y dotó al país de una falsa sensación de invulnerabilidad fiscal.
Sin embargo, el devenir histórico nos muestra hoy una realidad lapidaria: el otrora orgullo nacional se ha transformado en un coloso de barro cuyas debilidades operativas y financieras amenazan con arrastrar la estabilidad macroeconómica de toda la nación.
El estado que guarda Pemex en sus áreas medulares es alarmante. En términos de extracción y producción, los campos maduros se encuentran en una curva de declinación natural inevitable que los esfuerzos recientes apenas logran contener de manera artificial. Aunque se reporten aumentos marginales o contenciones temporales, la realidad operativa dista mucho de la autosuficiencia prometida.
La situación en la procura, la cadena de suministro, adquisición de insumos y mantenimiento técnico, refleja un engranaje fracturado. La falta de liquidez ha paralizado plantas procesadoras y campos estratégicos, evidenciando que la empresa carece de los recursos oportunos para adquirir refacciones críticas, tecnología de punta o servicios especializados. Las metas de transformación industrial y refinación chocan constantemente con la obsolescencia técnica y la escasez operativa.
Quizá una de las caras más crueles y menos analizadas de esta crisis es la relación con los proveedores, conformada por miles de pequeñas, medianas y grandes empresas, especialmente en regiones petroleras como Tabasco y Veracruz, que sostienen la operación real de la industria.
Ante la incapacidad de pago inmediata, la petrolera estatal ha optado por diferir sus obligaciones multimillonarias a plazos insostenibles que se extienden hasta la próxima década. Al obligar a sus contratistas a aceptar esquemas de pagos diferidos, Pemex ha provocado la quiebra técnica de cientos de pymes y la pérdida de miles de empleos especializados. Convertir a los proveedores en financiadores involuntarios mediante pasivos gigantescos destruye el tejido industrial secundario y aniquila la confianza en las contrataciones públicas.
Lo verdaderamente preocupante de este diagnóstico no es solo la insolvencia técnica de una empresa, sino el efecto sistémico que ejerce sobre la economía mexicana en su conjunto. Los millonarios rescates financieros, las inyecciones de capital y la absorción de deudas por parte del Gobierno federal representan un drenaje monumental de recursos públicos.
Cada peso destinado a mantener a flote artificialmente a Pemex es un recurso que se detrae de la inversión en educación, salud, transición energética real, seguridad o infraestructura productiva indispensable. Esta carga fiscal desvirtúa y neutraliza cualquier esfuerzo serio por fomentar un desarrollo económico diversificado, competitivo y moderno.
Mientras la macroeconomía intente caminar hacia adelante con un ancla de miles de millones de dólares atada al cuello en forma de monopolio petrolero ineficiente, el crecimiento nacional seguirá siendo un espejismo. Salvar la economía de México exige, antes que cualquier otra quimera política, enfrentar con absoluta franqueza la inviabilidad del modelo actual de Pemex y reestructurar de raíz su vocación antes de que su colapso termine por vaciar las arcas de la nación.
Centros de datos: México quiere la inteligencia, pero ¿tiene la energía?
Durante la presente administración, los centros de datos han sido presentados como una de las grandes apuestas tecnológicas de México. Inversión extranjera, inteligencia artificial, empleos especializados y la posibilidad de convertir al país en una plataforma digital para América del Norte.
De pronto vino un viraje difícil de conciliar con esa política. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que México necesita centros de datos para avanzar en inteligencia artificial, aunque no necesariamente debe convertirse en “el centro de datos de otros lugares del mundo”, debido al elevado consumo de energía y agua que implican estas instalaciones.
Los números muestran la dimensión de la apuesta. En septiembre de 2025, el gobierno celebró la inversión de 4 mil 800 millones de dólares de CloudHQ para construir seis centros de datos en Querétaro. El proyecto contempla 52 hectáreas, una capacidad de 900 megawatts y la creación de más de 7 mil 200 empleos durante la construcción, además de 900 puestos permanentes.
En abril de este año llegó otro anuncio: Flex invertirá mil millones de dólares entre 2026 y 2028 para desarrollar infraestructura relacionada con centros de datos e inteligencia artificial, principalmente en Jalisco, Aguascalientes y Chihuahua, con más de 5 mil empleos directos. No se trata de una industria marginal. El dinero ya está llegando.
Un centro de datos no se instala solamente donde hay terreno disponible. Necesita electricidad abundante, estable y competitiva. De ahí la incongruencia: ¿México está cuestionando los centros de datos porque consumen demasiada energía o porque no ha construido suficiente energía para una economía que pretende crecer? La propia presidenta ha anunciado una expansión de la capacidad de generación hacia 2030.
Si la economía mexicana va a necesitar más electricidad de cualquier manera, sería difícil sostener que el problema son exclusivamente los centros de datos. Ellos, en todo caso, están haciendo visible una carencia que ya existía y obligando a discutir con mayor urgencia la generación, la transmisión y el almacenamiento.
Eso no significa que cualquier centro de datos deba ser bienvenido. Una instalación que consume enormes cantidades de electricidad y, dependiendo de la tecnología utilizada, también agua, puede terminar generando poca ocupación permanente.
Por eso el criterio no debería ser solamente cuánto dinero anuncia una empresa, sino cuánto valor deja en México. ¿Cuántos empleos especializados genera? ¿Cuánto compra a proveedores nacionales? ¿Cuánto paga por la electricidad y por la infraestructura que utiliza? ¿Qué capacidades tecnológicas desarrolla? ¿Y quién termina pagando la ampliación de las redes eléctricas necesarias para conectarla?
El agua es un caso muy similar. No todos los centros de datos tienen que consumir agua potable para enfriarse. El proyecto de CloudHQ en Querétaro fue diseñado con refrigeración sin agua. También existen circuitos cerrados, refrigeración por aire e incluso, en instalaciones costeras, sistemas que pueden aprovechar agua de mar mediante intercambiadores de calor.
La pregunta es qué agua utiliza, cuánto consume y qué tecnología emplea para reducir esa demanda. Un proyecto en una región con estrés hídrico debería enfrentar condiciones muy distintas a las de uno instalado donde existen recursos suficientes.
Cuando se habla de que México puede convertirse en “el centro de datos de otros lugares del mundo”, no significa necesariamente que los centros instalados aquí estén destinados exclusivamente a extranjeros. Pueden atender simultáneamente a bancos, empresas y usuarios mexicanos y a compañías globales.
El riesgo es que México se convierta principalmente en la plataforma física desde la que se procesan y almacenan datos y servicios digitales de otros mercados, mientras el país aporta territorio, electricidad, conectividad e infraestructura y una parte importante del valor económico permanece fuera.
México tampoco debería perder de vista lo que está ocurriendo alrededor de la inteligencia artificial. En el primer semestre de 2026, las exportaciones mexicanas de equipo de cómputo crecieron 172 por ciento y alcanzaron 82 mil 900 millones de dólares, aunque buena parte de la actividad continúa concentrada en el ensamblaje y en las cadenas de suministro vinculadas con Estados Unidos.
La oportunidad, por tanto, es mucho mayor que construir edificios llenos de servidores. México puede atraer centros de datos, manufactura avanzada, semiconductores, servicios digitales y talento especializado. Pero para hacerlo necesita electricidad confiable, infraestructura, agua disponible donde corresponda y reglas claras.
El verdadero dilema no es si México quiere convertirse en un centro de datos para el mundo. Es si está dispuesto a construir la infraestructura que necesita para no quedarse fuera de la economía que viene.
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