En la batalla contra los mensajes SMS fraudulentos, la discusión ya no se limita a bloquear números telefónicos. En el sector de telecomunicaciones gana relevancia otra pregunta: ¿quién autorizó a una empresa para contactar a un usuario y cómo puede demostrarlo?
Este fue uno de los planteamientos que surgieron en el panel “La cadena de suministro del fraude”, celebrado en el Foro Anual GASA México 2026, donde se examinó cómo una estafa puede comenzar con el robo de identidad, continuar mediante llamadas o mensajes y terminar con la transferencia de recursos a cuentas ficticias o activos virtuales.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), encabezada por Norma Solano, prepara una nueva regulación para frenar las llamadas y mensajes de spam, un problema que puede escalar desde la publicidad no solicitada hasta la suplantación de marcas, el robo de datos y el fraude financiero.
Entre las propuestas discutidas destaca que los operadores y agregadores de mensajería obtengan el consentimiento de los usuarios antes de contactarlos.
El planteamiento va más allá de los mecanismos de exclusión publicitaria ante la Profeco: busca que exista una autorización verificable para recibir comunicaciones de un proveedor específico y que retirarla sea igual de sencillo.
Otro punto es que el remitente esté plenamente identificado y certificado, y que el operador o agregador compruebe qué empresa contrató el envío.
De lo contrario, las plataformas de mensajería podrían convertirse en canales para que terceros suplanten la identidad de bancos, comercios u otras organizaciones.
La apuesta es que la confianza digital no dependa únicamente de la capacidad del usuario para reconocer un mensaje sospechoso, sino también de las obligaciones de quienes hacen posible que ese mensaje llegue a su teléfono. Habrá que seguir de cerca cómo incorpora la CRT estos desafíos en su nueva regulación.
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