Primero fue American Express, después Bank of America y ahora nueve de los mayores bancos de Estados Unidos. En menos de una semana, las autoridades financieras estadounidenses anunciaron sanciones millonarias por fallas en los controles contra el lavado de dinero y publicaron los resultados de una investigación sobre las restricciones que algunas instituciones impusieron a sus clientes.
Aunque se trata de asuntos distintos, los tres casos ponen en cuestión tanto los controles de los bancos como la actuación de las autoridades que los supervisan. No hay elementos para hablar de una crisis financiera, aunque sí para preguntarse si Estados Unidos está entrando en una nueva etapa de regulación bancaria.
El 8 de octubre, American Express recibió una multa de 350 millones de dólares por deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero. Los reguladores identificaron fallas en la capacitación, los recursos destinados al cumplimiento y el seguimiento de operaciones sospechosas.
La Office of the Comptroller of the Currency (OCC) estimó que los problemas de monitoreo y reporte afectaron la identificación oportuna de alrededor de 13 000 millones de dólares por actividades sospechosas de lavado de dinero basadas en el comercio durante una década.
El 13 de octubre, Bank of America recibió una sanción de 750 millones de dólares de la OCC por incumplimientos similares, pese a que desde diciembre de 2024 estaba obligado a corregir deficiencias en su programa de prevención de lavado de dinero. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) anunció una multa de 1 200 millones de dólares que acredita los 750 millones impuestos por la OCC; no son dos sanciones que deban sumarse.
El banco afirmó que ya había avanzado en las medidas correctivas, reasignado personal e invertido en tecnología. Los reguladores tienen evidencia documentada de incumplimientos concretos.
El 14 de octubre, la OCC publicó los resultados de una revisión de nueve grandes bancos: JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank y BMO. El organismo examinó cerca de 100 000 quejas y alrededor de 420 000 páginas de documentos correspondientes al periodo de 2020 a septiembre de 2025.
Encontró políticas o prácticas que, a su juicio, pudieron restringir servicios financieros por motivos políticos, religiosos o por determinadas actividades empresariales legales. Entre los sectores afectados figuran el petróleo y el gas, la minería de carbón, las armas, el tabaco y los activos digitales. La autoridad no pudo establecer la dimensión total del fenómeno.
Los bancos, además, tienen obligaciones legales para evaluar riesgos de lavado de dinero y otras actividades ilícitas, por lo que no toda negativa a prestar servicios equivale a discriminación.
La investigación tiene una dimensión política. La revisión fue ordenada por Donald Trump, quien ha acusado a los bancos de excluir clientes por sus creencias o posiciones políticas. La OCC pretende eliminar criterios reputacionales demasiado amplios y exigir decisiones basadas en parámetros objetivos de riesgo.
El propósito declarado es garantizar el acceso a los servicios financieros, pero el cambio también obliga a definir los límites de la intervención gubernamental en decisiones comerciales privadas. Una entidad financiera no debería excluir a un potencial cliente únicamente por sus ideas; tampoco renunciar a los controles que le exigen las leyes.
Mientras tanto, la Reserva Federal busca corregir sus propias fallas de supervisión. El 14 de octubre, Bowman presentó las conclusiones preliminares de una revisión independiente sobre la quiebra de Silicon Valley Bank en 2023. Los supervisores conocían vulnerabilidades importantes de la entidad al menos nueve meses antes de su intervención, pero no actuaron oportunamente. Detectar un riesgo sirve de poco si las autoridades no consiguen corregirlo a tiempo.
Los casos exponen tres problemas: la eficacia de los controles internos, los criterios con los que se concede o restringe el acceso a los servicios financieros y la capacidad de los reguladores para intervenir antes de que los problemas se agraven. No es una sola investigación ni hay evidencia suficiente para afirmar que el sistema atraviesa una crisis de solvencia. También hay una tensión entre la intención de la administración Trump de reducir determinadas cargas regulatorias y su decisión de endurecer la vigilancia en otros ámbitos.
La revisión tiene, además, un vínculo directo con México: Emilio Romano Mussali preside la Asociación de Bancos de México y encabeza el Bank of America México. Aunque las sanciones estadounidenses no se trasladan automáticamente a la banca mexicana, su doble responsabilidad vuelve relevante observar cómo evolucionan los criterios de cumplimiento y supervisión a ambos lados de la frontera.
La confianza en el sistema financiero no depende sólo de la fortaleza de los bancos, sino también de que las autoridades sepan cuándo intervenir y puedan explicar por qué lo hacen.
Sindicato del IMSS, ¿en vías de otra CNTE?
En consulta realizada el miércoles, la mayoría de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS rechazó la propuesta de alza salarial de 6.8%, distribuido en 2.9 % al tabulador y 3.9 % a prestaciones, lo que se traduce en que continuarán las mesas de negociación y las movilizaciones en todo el país.
Se ha hecho énfasis en la demanda de abastecimiento adecuado de medicamentos e insumos, de lo cual lo que resulta sorprendente es que después de ocho años de escasez de medicinas, apenas ahora los trabajadores del Seguro Social reclamen por ello.
En el fondo el problema es de dinero y de poder: en lo primero, exigen un aumento salarial del 10 % directo a sus remuneraciones y la contratación de más personal, es decir, aumentar el número de trabajadores de base; en lo segundo, está la disputa interna por la dirigencia del sindicato, en el que se exige la renuncia del secretario general, Rafael Olivos —diputado federal por Morena–, por parte de un sector radical que además pide desaparecer las Afores y volver al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP).
Esta última es la misma demanda que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha reiterado, además de un aumento salarial del 100 por ciento. Con esa estrategia de pedir imposibles y ahorcar la circulación de la capital del país, la CNTE ha obtenido incrementos salariales, prebendas y nuevas plazas, a la espera de la siguiente negociación.
La ruta parece ser la misma a la que está a punto de formalizarse en el sindicato del IMSS de lograrse la salida de Olivos y la llegada de una nueva dirigencia al segundo sindicato de burócratas más grande de México, después del de Educación.
Resulta paradójico que un partido que se dice de izquierda, identificado con causas sociales y con claro origen clientelar, pareciera carecer de los mecanismos de control y negociación de los regímenes que le precedieron, más allá de acuerdos salariales.
A ello ha contribuido que el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue separado de la Secretaría de Gobernación, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y dedicado a tareas de seguridad pública, haciendo de lado todo lo que abarca una agenda de seguridad nacional de considerar todo tipo de riesgos y amenazas, por aquella visión obtusa de López Obrador de lo que consideraba espionaje político.
Dumping cultural en Hollywood
Detrás de la deslumbrante alfombra roja y los discursos sobre diversidad, Hollywood opera con la disciplina implacable de un cartel político-corporativo. La reciente ola de vetos, despidos y marginaciones sufrida por actores y creadores que alzaron la voz contra la crisis geopolítica en Oriente Medio revela que las “listas negras” no son un vestigio del macartismo, sino una herramienta de propaganda plenamente operativa.
Lo que hoy presenciamos no es un diferendo ético sobre el arte, sino la alineación ideológica explícita del establishment hollywoodiense con la doctrina del gobierno de Benjamín Netanyahu. Durante décadas, la diplomacia cultural y la maquinaria de relaciones públicas de Israel han tejido alianzas infranqueables con las cúpulas de los estudios y agencias de representación en EE. UU.
Bajo esta lógica, la crítica a las masacres en Gaza o el cuestionamiento de crímenes de guerra no se procesan como disenso legítimo, sino como una traición inaceptable a los socios geopolíticos que aseguran el flujo de capitales y el favor institucional en Washington.
Esta dinámica guarda una inquietante similitud con las estrategias de dumping comercial que dominan el capitalismo tardío. Así como las megacorporaciones inundan los mercados con bienes a precios subsidiados artificialmente para ahogar a la competencia local y capturar sectores clave de la economía (desde la siderurgia hasta el software), la industria del entretenimiento practica un “dumping narrativo y cultural”.
Hollywood inunda las pantallas del planeta con superproducciones cuyo costo de neutralidad política ha sido pagado de antemano. Se impone un monolito ideológico mediante el ahogamiento económico de cualquier voz disidente, en el que se expulsa del circuito a las miradas independientes que amenazan la hegemonía del relato hegemónico y en donde las grandes producciones actúan como mercancía subsidiada por conglomerados financieros que garantizan distribución masiva siempre y cuando cumplan con el encuadre ideológico permitido.
Al igual que en el dumping industrial, en el caso de la cinematográfica se expulsa al talento crítico para instaurar un monopolio de la opinión pública. La figura de Netanyahu no solo representa el brazo militar y político de esta agenda, sino el marco doctrinario que invalida cualquier intento de fiscalización ética en el arte.
Aceptar que la validez laboral de un artista dependa de su sometimiento a los dictados de una coalición político-militar extranjera y sus aliados corporativos en California es abdicar por completo del cine como expresión artística.
Hollywood ha dejado claro que no le interesa el arte, ni la producción como vehículo de la verdad: prefiere operar como una planta procesadora de propaganda corporativa, dispuesta a triturar a sus propios creadores con tal de proteger las alianzas de poder que sostienen su negocio.
Este tipo de medidas solamente pretenden polarizar aún más a la sociedad, pero en esa división, Hollywood podría perder a más del 50 % de su público.
Día del Jefe, ¿ya lo felicitaste?
El Día del Jefe, que se conmemora el 16 de octubre, debería servir para revisar cómo se ejerce el poder dentro de las empresas. Una jefatura decide sobre cargas de trabajo, oportunidades de crecimiento y criterios de evaluación; por eso, su responsabilidad va mucho más allá de cumplir metas.
En un mercado laboral que exige adaptación, nuevas habilidades y mejores resultados, importa tanto la capacidad de dar dirección como la disposición a escuchar a quienes deben ejecutar las decisiones.
El “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, ofrece una señal para esa reflexión: apenas un tercio de los trabajadores encuestados reporta mucha apertura de sus líderes a la retroalimentación; el dato obliga a preguntarse qué información pierde una organización cuando sus colaboradores prefieren callar.
La empatía y el respeto, seguidos de la comunicación clara, encabezan las cualidades de un líder más valoradas por los colaboradores y adquieren sentido cuando se reflejan en la forma de establecer prioridades, distribuir responsabilidades, reconocer aportaciones y explicar las decisiones que afectan al equipo.
Esa apertura debe permitir que la retroalimentación funcione en ambos sentidos, pues quien dirige necesita conocer los obstáculos que no detecta desde su posición, por eso, escuchar exige ir más allá de una reunión periódica y dar respuesta a lo planteado sobre qué se cambiará, qué se mantendrá y por qué, para que el diálogo permita corregir a tiempo y fortalecer la confianza.
La calidad del liderazgo forma parte de la capacidad de una empresa para competir, porque mantener abiertos los canales de comunicación permite que las personas hablen con confianza y que sus observaciones sean escuchadas y atendidas, aunque no todas se traduzcan en decisiones.
Desde esa perspectiva, evaluar a quienes dirigen exige considerar tanto su capacidad para desarrollar a sus equipos como su disposición a recibir críticas y revisar sus propias decisiones, de modo que el Día del Jefe cobre sentido como una oportunidad para reflexionar sobre el ejercicio de la autoridad y reconocer el valor de quienes crean las condiciones para que sus colaboradores aporten conocimiento, adviertan riesgos y crezcan.
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