La salida de Guadalupe Taddei llega cuando el Instituto Nacional Electoral (INE), ya enfrenta dificultades de cara a las elecciones de 2027: tensiones internas, pérdida de personal experimentado, actos anticipados de campaña y restricciones presupuestales.
A poco más de siete meses de la jornada electoral, el relevo de la consejera presidenta añade incertidumbre a una organización que necesita tomar decisiones con anticipación y mantener la confianza de los partidos y de los ciudadanos.
La primera decisión será interna: los diez consejeros restantes deberán elegir a quien ocupe provisionalmente la presidencia. La definitiva corresponderá a la Cámara de Diputados, que tendrá que abrir un procedimiento para cubrir la vacante. Hasta ahora no se ha hecho pública una lista de aspirantes que permita anticipar quiénes buscarán el cargo.
En el Consejo General hay nombres y posiciones que vale la pena observar. Carla Humphrey, por ejemplo, ha mantenido diferencias públicas con Taddei en decisiones relacionadas con nombramientos y paridad. Su participación en la vida interna del Instituto será relevante para entender los acuerdos que se construyan en esta primera etapa. Sin embargo, hay que distinguir los dos procesos: Humphrey puede intervenir en la decisión colegiada sobre la presidencia provisional, pero, de acuerdo con lo señalado por Ricardo Monreal, los actuales consejeros no podrán competir por la presidencia definitiva.
La Cámara de Diputados tendrá la última palabra en la selección final. Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que buscará iniciar de inmediato el procedimiento y calculó que este podría llevar entre cuatro y cinco semanas.
La ruta contempla una convocatoria, la integración de un comité técnico de evaluación y selección de perfiles, antes de que el pleno vote. Pero la designación requiere mayoría calificada; si no se consigue, la Constitución prevé la insaculación. El nuevo titular deberá concluir el periodo que correspondía a Taddei.
Monreal afirma que buscará un acuerdo con los coordinadores parlamentarios y que la persona elegida deberá ofrecer credibilidad, imparcialidad, profesionalismo y objetividad. Morena tiene una posición determinante en la Cámara y, por tanto, un peso central en la negociación.
Eso no significa que el nombramiento esté decidido, pero obliga a observar cómo se construye el acuerdo y qué perfil termina reuniendo los votos. La independencia del nuevo titular no se resolverá con una lista de requisitos, sino con la trayectoria de quien llegue y las condiciones políticas de su designación.
El calendario agrega una presión adicional. El 6 de junio de 2027 se renovará la Cámara de Diputados y habrá elecciones locales en distintas entidades. La organización de esos comicios exige coordinación con los órganos electorales estatales, preparación logística, capacitación, integración de órganos desconcentrados y decisiones presupuestales que no pueden dejarse para el último momento.
La salida de una presidenta no paraliza por sí misma esos trabajos; el riesgo aparecería si la transición derivara en disputas internas, cambios abruptos o incertidumbre sobre las decisiones que deben tomarse.
La presidencia provisional deberá mantener el funcionamiento del Instituto mientras avanza el procedimiento legislativo. Y la Cámara tendrá que evitar que la urgencia del calendario se convierta en argumento para apresurar una designación sin suficiente respaldo.
Las investigaciones sobre los señalamientos que rodean la salida de Taddei, por su parte, deberán seguir su curso sin que la renuncia se confunda con una resolución sobre posibles responsabilidades.
La sucesión no determinará por sí sola la calidad de las elecciones de 2027, pero sí será una señal de cómo se está preparando el país para ellas. El INE necesita una conducción estable; los partidos, una autoridad que no despierte sospechas de subordinación; y la ciudadanía, garantías de que las reglas se aplicarán con independencia.
Todavía no hay nombres públicos que permitan anticipar el desenlace; lo que sí está claro es que el procedimiento y los acuerdos que lo hagan posible estarán bajo escrutinio desde el primer día.
Infraestructura en el Noreste hacia 2050
El dinamismo industrial y exportador del Noreste de México enfrenta un desafío estratégico: contar con infraestructura suficiente para sostener su crecimiento y aprovechar las oportunidades del nearshoring.
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí concentran importantes corredores industriales y comerciales conectados con Estados Unidos; sin embargo, la disponibilidad de agua y energía, la saturación carretera, la capacidad de los cruces fronterizos y las necesidades de movilidad urbana plantean retos que no pueden resolverse de manera aislada.
Ante este escenario, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI México), dirigido por Fernando Gutiérrez Ochoa, e integrado por nueve organizaciones de ingeniería, construcción y economía, impulsa una visión de planeación hacia 2050 que trascienda los periodos gubernamentales y permita desarrollar proyectos con viabilidad técnica, ambiental, social y financiera.
El llamado es tener en México mejor planeación que dé continuidad a las inversiones estratégicas y fortalezca la competitividad regional.
Como parte de las acciones, el CPI México llevará a cabo el Taller Noreste de planeación en Infraestructura 2050, el 29 y 30 de octubre en la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL, un encuentro que reunirá a especialistas, representantes de distintos sectores y funcionarios de los tres niveles para identificar prioridades compartidas en agua, energía, transporte, logística, infraestructura urbana y sostenibilidad.
El objetivo es sentar las bases de una agenda regional de largo plazo y promover la colaboración entre autoridades, academia y sector privado, bajo una visión que reconozca al Noreste como un sistema económico interconectado con Texas y Norteamérica.
Ley de Ingresos: recaudar e incentivar la economía
Hoy está agendada la discusión de la Ley de Ingresos y las reformas a las leyes del Impuesto sobre la Renta (ISR) y de Derechos en el pleno del Senado, una sesión que se prevé dure varias horas y con pronóstico de pocos o ningún cambio.
El dictamen remitido por la Cámara de Diputados introduce tres cambios centrales a la Ley del ISR: una empresa no podrá aplicar dos estímulos fiscales simultáneamente; los pagos al extranjero solo serán deducibles en el ejercicio en que se efectúen; y las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos no podrán deducir más del 96.67 % de sus ingresos acumulables.
Obviamente, la intención es fortalecer la recaudación y combatir la evasión fiscal, comprensible en cualquier gobierno, máxime el actual en México, que trae déficit y compromisos insoslayables, pero que causan preocupación para quienes invierten.
El primer cambio, la prohibición de aplicar dos estímulos fiscales a la vez puede desincentivar precisamente a las empresas que invierten en sectores estratégicos donde convergen distintos apoyos, como la energía limpia o la manufactura de exportación.
El segundo ajuste, sobre pagos al extranjero, introduce un criterio de cierre de caja que, si bien ordena la contabilidad, podría complicar la liquidez de empresas que operan con proveedores internacionales y ciclos largos de pago.
El tercero, el límite a las deducciones para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, en la práctica establece un tope de tributación efectiva que reduce el margen de maniobra para empresas con estructuras de costos intensivas en insumos o con márgenes ajustados.
A estos tres ajustes se suman otras medidas: la reducción del límite para deducir intereses netos del 30 al 20 % de la utilidad fiscal, la limitación al 50 % de la utilidad en la amortización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas hasta 5 millones de pesos anuales y la introducción de retenciones fijas del 2.1 % para plataformas de transporte y reparto y del 2.5 % para comercio electrónico. Estos dos últimos podría trasladarse su costo a los usuarios o a los repartidores.
Se trata de cambios que, en su conjunto, forman un entorno más rígido que puede desalentar la inversión, particularmente con empresas que operan con márgenes estrechos. No se trata solo de recaudar, sino también de incentivar la economía.
Lula: la gran remontada
Luiz Inácio Lula da Silva consiguió revertir una elección que parecía favorecer a la derecha. Después de quedar detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, ganó la presidencia con 51.79% de los votos, frente a 48.21% de su adversario. La diferencia superó los cuatro millones de sufragios.
El resultado tiene un significado que trasciende el regreso del dirigente de izquierda a un cuarto mandato no consecutivo. Demuestra que, incluso en un país profundamente polarizado, una ventaja inicial puede desvanecerse cuando cambia el sentido de la elección.
El recuerdo de los años en que sus gobiernos mejoraron las condiciones de vida de amplios sectores de la población parece haber pesado más que el desgaste del Partido de los Trabajadores y los escándalos de corrupción que marcaron su trayectoria.
La clave estuvo en ampliar su base electoral. Para muchos brasileños, la segunda vuelta no consistía solamente en elegir entre dos programas, sino en decidir si querían prolongar el proyecto político de Jair Bolsonaro, cuyo enfrentamiento con las instituciones culminó en una condena por su participación en una conspiración golpista.
Lula logró atraer a ciudadanos que no necesariamente simpatizan con la izquierda, pero que preferían evitar el regreso del bolsonarismo. La defensa de la democracia reunió así a sectores con diferencias económicas e ideológicas que difícilmente habrían coincidido en otras circunstancias.
Lula ganó, pero Brasil se mantiene dividido. Casi la mitad de los votantes respaldó a su adversario, y la derecha conserva una base social capaz de competir por el poder. El presidente tendrá que negociar con un Congreso en el que no cuenta automáticamente con una mayoría y responder a problemas que no se resuelven con discursos: el costo de la vida, el empleo y la inseguridad.
A sus 80 años también enfrenta el desafío de preparar una sucesión para un movimiento que todavía depende en gran medida de su liderazgo. La victoria le concede otros cuatro años en la Presidencia, no un cheque en blanco ni la garantía de que la izquierda podrá conservar el gobierno después de su salida.
El resultado de la elección ofrece una oportunidad y una advertencia. El avance de la derecha no es irreversible; derrotarla exige algo más que movilizar a los propios simpatizantes o advertir sobre los riesgos que representa su regreso.
Lula logró reunir a diferentes electores alrededor de una alternativa reconocible; ahora deberá demostrar que esa mayoría puede traducirse en mejores condiciones de vida y una gestión eficaz. Brasil también conserva un peso decisivo en la política regional por el tamaño de su economía y la presencia en los BRICS.
Su continuidad abre posibilidades de cooperación con México y otros países latinoamericanos, aunque no implica que la región vaya a inclinarse automáticamente por la izquierda.
La victoria de Lula confirma que una fuerza política puede recuperar terreno cuando amplía su base y consigue convertir una elección en algo más importante que la disputa entre partidos. Pero el desenlace brasileño deja una cuestión aún más profunda: ¿qué ocurre cuando una derecha con millones de votos se resiste a aceptar su derrota? L
ula tendrá que gobernar un país dividido y demostrar que puede mejorar la vida de todos por igual; sus adversarios, por su parte, deberán decidir si compiten dentro de las reglas democráticas o mantienen al país atrapado en una disputa permanente por la legitimidad de sus instituciones. La victoria está consumada. Su trascendencia dependerá de lo que haga Brasil a partir de ahora.
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