Acapulco, ¿la reconstrucción?

Sobran datos para comprender la importancia del puerto de Acapulco, de su impacto social y económico con el resto del país, y de la relevancia intrínseca con la Ciudad de México, por lo que no debería existir la menor duda respecto a su futuro. No hay más alternativa que la reconstrucción.

En días pasados las redes sociales, periódicos y noticiarios de televisión se han llenado de imágenes desgarradoras, tristes, por decir lo menos. Pese a que no hay un número preciso de víctimas fatales, ni un monto aproximado para calcular el desastre, lo que sí debe existir pronto es un plan para rehabilitar la infraestructura instalada previamente al paso del huracán Otis.

Nada suena mejor que pensar en una modernización y actualización de todo; sin embargo, eso no es más que un deseo y no una realidad, pues queda claro que los gobernantes del estado y del país no han dimensionado la labor que requiere Acapulco durante los próximos años.

¿Volverá a ser el mismo?, imposible saberlo, pero de acuerdo a las prácticas habituales pareciera una labor titánica, difícil y costosa. Las autoridades habrán de hacer su parte, estableciendo un plan de rescate financiero para los hoteleros dueños de negocios y constructoras, pero ¿qué tanto sería suficiente?

Solo imaginar un Acapulco abandonado, como si se tratara de un apocalipsis zombi, nos hace pensar en lo frágil que puede ser nuestra felicidad. Acapulco no se entiende sin la Ciudad de México, ni tampoco podría subsistir sin los chilangos pero, ¿los chilangos podrían vivir sin Acapulco?

Si el gobierno de López Obrador quiere dar un manotazo en la mesa y dar, por primera vez, una muestra de eficiencia, aquí tienen un lienzo en blanco para comenzar la transformación del puerto de Acapulco… o sepultarlo para escribir su epitafio y el final de su movimiento.

La credibilidad de las arrendadoras

El mercado de las arrendadoras en México atraviesa una crisis de credibilidad, es decir, los inversionistas y bancos desconfían en las arrendadoras, debido a eventos recientes de quiebras relevantes ocurridas en 2022, por diversas causas: cartera vencida, problemas de administración durante y después de la pandemia.

Ante ello, las arrendadoras que quedan se les complica conseguir financiamiento para la adquisición de bienes y servicios para arrendar, reduciéndose el sector en los últimos diez años, algunas quebraron y otras se redujeron de tamaño, a pesar de la alta demanda de bienes y servicios a través de este mecanismo de renta, particularmente de vehículos.

Para ello, algunas compañías buscaron cómo recuperar la credibilidad de los bancos, y no podía ser a través de lo que dijeran ellas mismas sino por terceros autorizados: certificaciones, programas internacionales, evidencias de que son empresas responsables con la comunidad, el medio ambiente y, particularmente, con el dinero que les prestan.

El Bancomext y Nafin, por parte del gobierno, y la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB); la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), forman parte del Comité Certificador PRIME, un órgano colegiado que certifica a empresas que cumplen con los más altos estándares en gobierno corporativo, lo cual les permite acceder con mayor facilidad a diversas fuentes de financiamiento.

Este año, la arrendadora LUMO Financiera del Centro, dirigida por Luis Montaño, recibió la Certificación PRIME Nivel II, un logro que sólo pueden presumir un 10% de las arrendadoras y no más de tres sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes), y que le permite acceder a financiamiento de cara al año que viene con cambios de administraciones en los tres niveles de gobierno y, por tanto, requerimientos de nuevos bienes y servicios, particualrmente en vehículos.