La creciente utilización de drones por organizaciones criminales y actores no estatales está modificando la forma en que los gobiernos protegen sus fronteras e infraestructura estratégica. Estados Unidos es uno de los países que más ha incrementado su inversión en capacidades contra aeronaves no tripuladas (Counter-UAS), particularmente en la frontera sur.
Como parte de ese esfuerzo, la Joint Interagency Task Force 401 (JIATF-401) adjudicó en 2026 un contrato inicial por aproximadamente 13.8 millones de dólares a la empresa australiana DroneShield para suministrar sistemas de detección y mitigación de drones destinados a apoyar operaciones de seguridad fronteriza. El programa contempla soluciones móviles y de sitio fijo, así como software, servicios e integración tecnológica, con opciones que pueden ampliar significativamente su alcance.
DroneShield ha consolidado durante los últimos años una presencia creciente dentro del ecosistema de seguridad estadounidense mediante contratos sucesivos con distintas entidades gubernamentales. Sus soluciones son utilizadas en escenarios donde la detección temprana, la identificación de amenazas y la mitigación electrónica resultan fundamentales para proteger instalaciones estratégicas y operaciones de seguridad.
La evolución de estas capacidades refleja una tendencia internacional. Los drones comerciales dejaron de ser únicamente herramientas recreativas y hoy representan un reto para la protección de aeropuertos, instalaciones militares, eventos masivos, infraestructura energética y zonas fronterizas.
México también ha iniciado un proceso de fortalecimiento de sus capacidades antidrones mediante distintos proyectos desarrollados para instituciones federales, como la SEDENA. En estos programas han participado empresas integradoras nacionales, entre ellas Soluciones Tecnológicas & Protección Aeroespacial (ONER), encargada de incorporar tecnologías internacionales especializadas dentro de proyectos para organismos de seguridad del Estado mexicano.
