Final apresurado del periodo de sesiones

Para no perder la costumbre, y ya con la puerta prácticamente “agarrándoles los dedos”, los legisladores de ambas cámaras en el Congreso de la Unión entran a la recta final del periodo de sesiones, con una larga lista de pendientes en sus agendas. Tanto diputados como senadores dejaron para última hora la aprobación de iniciativas clave para el proyecto de la Cuarta Transformación, iniciativas que le urge al presidente Andrés Manuel López Obrador sacar adelante antes de finalizar su mandato.

Destaca la ley minera, que tras haber sido aprobada con modificaciones en la cámara baja, con el descontento tanto de activistas como de empresarios, será validada muy probablemente también por los senadores. De no sufrir modificaciones las concesiones se reducirán de 50 a 30 años con un máximo de dos prórrogas de 25 años.

Expertos adelantan que de quedar tal como está, se pondría en riesgo la inversión de entre 3 mil y 4 mil millones de dólares y quedarían en vilo cerca de medio millón de empleos directos. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pide mayor tiempo para discutir el proyecto, sin embargo, el presidente de la República tiene prisa y difícilmente esto habrá de ocurrir.

Por el Senado también habrán de pasar las leyes de aviación civil y de aeropuertos, otro de los proyectos abanderados por el presidente que con esto corta un traje a la medida para que el Ejército entre con el pie derecho a la aviación comercial, pese al conflicto de intereses tácito que representa el que el propietario de una línea aérea sea el mismo dueño que el del aeropuerto donde tiene su base. A último minuto el asunto del cabotaje fue eliminado por los diputados (a iniciativa el presidente) por lo que se antoja muy difícil que en la cámara alta se atrevan a revivirlo.

Sin duda estas leyes deberán quedar “planchadas” esta semana, ya que representan uno de los puntos sustantivos para que nuestro país regrese a la máxima categoría en materia aeronáutica.

No menos importante, la reforma a la Ley del Mercado de Valores también podría entrar a discusión en las próximas horas. Con las modificaciones se pretende que las compañías tengan la capacidad de emitir sus acciones o bonos de una manera más sencilla lo que, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, podría traer en los próximos tres años entre 500 y dos mil nuevas emisoras.

En la Cámara de Diputados también los trabajos serán extenuantes. Se encuentra pendiente la iniciativa para extinguir a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero enviada por el Ejecutivo, bajo la premisa de que los apoyos financieros a productores del campo deben de llegar de forma directa. Paralelamente, los legisladores tendrán que discutir el proyecto que busca fusionar a 16 órganos desconcentrados del gobierno federal, así como la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Fondo Minero, así como la eliminación de Notimex.

Otros temas de menor envergadura deberán pasar por diputados y senadores, por mencionar sólo algunas, está pendiente la reforma al 33 constitucional para frenar la extradición de extranjeros que expresen ideas políticas o las reformas para disminuir la edad mínima para ser diputado o secretario de Estado.

¿Se caerá el “decretazo”?

Para agilizar las obras del Tren Maya, el corredor Transístmico y la refinería de Dos Bocas, en noviembre del 2021, el presidente López Obrador publicó un decreto por el cual clasificó como de seguridad nacional todas las obras prioritarias de su gobierno, por lo que abrió una ventana de oportunidad para el otorgamiento de permisos provisionales exprés de todas las dependencias para iniciar proyectos y, si no los emitían, se daba como afirmativa ficta, además de revertir amparos, lo cual ya había logrado con ese argumento a favor del AIFA. Asimismo, bajo la justificación de seguridad nacional, se declaraba información reservada todo lo relacionado con los proyectos.

Contra esto último, que es su materia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), presentó una controversia constitucional que se resolverá en mayo próximo por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la propuesta de declarar inconstitucional el llamado “decretazo”, de acuerdo a lo adelantado en exclusiva por el diario Reforma.

El proyecto lo trae el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el mismo que el martes pasado planteó la inconstitucionalidad de las modificaciones legales por las que la Guardia Nacional pasaba a control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y que se resolvió a favor por mayoría de ocho ministros contra tres. De ahí que AMLO pasara a decir que presentará una nueva iniciativa para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Sedena en su último informe de gobierno, y presumir su instrucción al gabinete de que no se les contestará el teléfono a los de la Suprema Corte.

De esta última discusión quedó claro que, de cuatro ministros propuestos por López Obrador, sólo dos le son incondicionales, y uno que se presumía de independiente y liberal, ahora defiende las ocurrencias de la 4T, con razonamientos como que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina no eran dependencias militares.

La realidad es que, desde que inició el sexenio, se ha entrado en un gran vacío conceptual respecto a lo que es la seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior y defensa nacional. Esos conceptos que tienen muy claros los militares, nunca interesaron en la 4T mas que para usarlos a conveniencia. Eso ha derivado en esperpentos legaloides que han ido cayéndose -como el de la Guardia Nacional y probablemente el “decretazo”-, además del multiuso de las fuerzas armadas en actividades de la administración pública, la mayor parte derivados de ocurrencias presidenciales. En el mediano y largo plazo, los mayores perdedores de este desorden y abuso son las fuerzas armadas.

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