Homicidios: cinco estados, vía pública y armas de fuego

154 mil 84 homicidios dolosos se habían cometido hasta agosto pasado en el sexenio de López Obrador, seguramente ya superando ahora los 156 mil 66 del periodo de Peña Nieto y los 120 mil 463 de Calderón. 

Injusto responsabilizar de las muertes a cada presidente, considerando que se trata de un delito del fuero común y que como tal, corresponde a las autoridades locales prevenir, atender, investigar y judicializar. Sin embargo, por tratarse de un crimen que atenta contra la vida -lo más preciado por el ser humano-, es inevitable que sea el principal indicador mediático de la inseguridad que se vive en cualquier país, sobre todo cuando la percepción de violencia aumenta cuando se trata de multihomicidios, del uso de violencia exacerbada o del asesinato de algún personaje público.

A pesar de ello, ninguno de los tres gobiernos ha sido capaz de implementar una estrategia nacional contra el homicidio -como tampoco lo ha hecho contra las desapariciones, otro tema delicado-, y lo cual sí se hizo en su momento con el combate al secuestro, con resultados relativamente positivos, con detenciones relevantes, desarticulaciones de bandas, rescate de víctimas, a través de unidades especializadas a nivel federal y estatales. En materia de homicidios no se ha implementado algo similar, siendo que se trata de un delito de alto impacto, con causas multifactoriales y con afectaciones no sólo a la víctima sino a quienes formaban parte de su entorno social.

Un avance significativo, aunque insuficiente, es la clasificación del delito de feminicidio y la creación de fiscalías y áreas policiales para su investigación, considerando que en México la mayoría de estos delitos se cometen en un contexto de violencia familiar, donde el 93% de los feminicidios son cometidos por la pareja, familiar o conocido de sexo masculino. La ventaja es que es más fácil identificar al feminicida, la desventaja es la que adolecen todas las fiscalías de México para todos los delitos: falta de recursos humanos y materiales para judicializar investigaciones.

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) acaba de difundir el Atlas de Homicidios 2022, con datos muy interesantes para el análisis general del país y el particular de cada entidad. De acuerdo al Atlas, cinco estados en México concentraron el 45% de los 31 mil 825 homicidios ocurridos en 2022: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Michoacán y Chihuahua; y diez municipios concentraron el 23% del total. También identifica tres regiones con alto número de homicidios: la región noreste, particularmente la zona fronteriza de Tamaulipas y el norte de Nuevo León; la región noroeste, conformada por Sonora y Baja California; y un corredor que atraviesa Zacatecas, Guanajuato y Jalisco.

De los homicidios cometidos en 2022, 27 mil 618 fueron hombres y 3,769 mujeres, en 508 no se identificó el sexo. 68% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego y la mayoría en la vía pública. Cabe hacer una diferencia: aunque hombres y mujeres fueron mayormente asesinados en la vía pública (52% de los hombres y 37% de las mujeres), las mujeres (26%) fueron dos veces más violentadas en viviendas que los hombres (12%).

Por los menos aquí hay tres conclusiones sobre las cuales se podría partir para una estrategia nacional de combate al homicidio: una alta concentración geográfica del delito, la vía pública como principal escena del crimen y un tráfico de armas que no para.

Una curiosidad sobre una categoría poco clara de parte de las autoridades: en 2022 se tienen registrados 34 homicidios por “operaciones legales y de guerra”, 13 de ellos fueron en Tamaulipas.

OCC: el aguinaldo y el pago de deudas

México es un país de deudores, lamentablemente en contra de una cultura del ahorro que permita enfrentar contingencias como puede ser la pérdida del empleo, el potencial riesgo de una enfermedad o alguna contingencia, los mexicanos estamos acostumbrados a gastar sin pensar, ya no digamos, en la vejez sino en un futuro inmediato, de ahí las tan socorridas compras a meses sin intereses, los millones de deudores de la banca o los préstamos personales a los parientes y amigos, mismos que la mayoría de las veces terminan por no pagarse.

Viene la ansiada época de navidades que junto con el mes de mayo son las más esperadas para quienes cuentan con un trabajo formal por el dinero extra que con ellas viene aparejado, en el primer caso con el aguinaldo, y en el segundo con el reparto de utilidades, oportunidades ambas para hacerse de un bien, invertir los recursos en algún proyecto y en el caso de los más responsables pagar tarjetas de crédito o bien reducir el tamaño de sus deudas.

En el último reporte de “Bienestar Financiero 2023” realizado por Invested en conjunto con Vanguard, Aon y Amedirh, que ofrece una visión general de las finanzas personales, se muestra que el 22.75% de los encuestados destinan más de 50% de sus ingresos al pago de de deudas y el 85% tiene algún tipo de estrés relacionado con su situación financiera.

Estos datos concuerdan con los que revela el “termómetro laboral” que publica semana a semana la plataforma en materia de empleo OCC, en donde señala que este diciembre el 54% de los asalariados invertirá su aguinaldo en el pago de deudas con el propósito de iniciar el próximo año con una situación más desahogada. Entre los participantes el 26% manifestó su deseo de invertir estos recursos en bienes raíces o a algún negocio, que más tarde les permita recibir un rendimiento. 15% lo empleará en cubrir gastos familiares y en general en lo relacionado con los festejos de fin de año y 5% para regalos, compras personales o algún viaje. El 55% no ha recibido por parte de su patrón un informe claro de cuanto debería recibir.

No está de más recordar que a partir del 1 de diciembre más de 40 millones de trabajadores empezaron a recibir este beneficio que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, contempla un mínimo de 15 hasta 40 días de salario y la fecha límite para su entrega es el 20 de diciembre.