En la tercera reunión de medio término del T-MEC, realizada en Toronto, Canadá, entre otros temas, se volvió a abordar el tema del panel de energía, del cual se solicitó el inicio de consultas en julio del 2022, y que se ha mantenido pendiente desde entonces.
Por parte de México, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Alejandro Encinas Nájera, de acuerdo a un comunicado de la dependencia, se busca alcanzar un acuerdo “mutuamente aceptable” con Estados Unidos para evitar un panel de energía, un discurso que no ha cambiado en más de año y medio. Del lado estadounidense tampoco hay mucha diferencia. Cara Morrow, asesora especial de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), urgió a lograr avances significativos en las consultas respecto a las medidas energéticas.
Si bien se abordaron muchos otros temas -los cierres de los puentes fronterizos, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, leyes ambientales, exportación de acero y aluminio-, pareciera que en lo que refiere al panel sobre energía el juego es hacer parecer como que se está trabajando y darle largas porque, si no se aterrizó antes, menos va a suceder en 2024, año electoral en ambos países.
De lo que se ha hablado desde hace meses, es que existe un quid pro quo entre posponer el panel a cambio de las acciones para combatir los flujos migratorios y que, dentro de lo posible, se quede en México el problema.
En las empresas del sector energético afectado, al parecer ya hay resignación a esperar los cambios de administración y exigir con baraja nueva. No sólo eso. Viendo a mediano plazo, el 1 de julio de 2026, el T-MEC cumplirá seis años de vigencia, por lo que entra en revisión por las partes, lo que quiere decir que, desde el 2025, y más aún en caso de regresar Donald Trump a la Presidencia, tanto el republicano como el congreso estadounidense revisarán el tratado, y vendrá un periodo de presiones, exigencias, negociaciones e incertidumbre, donde seguramente uno de los primeros temas en ponerse sobre la mesa será el sector energético. Entonces, probablemente ya no haya margen para soslayar el tema.
La difícil interpretación de “justicia” en Gaza
La escalada bélica que sostiene Israel contra la Franja de Gaza habrá de continuar ahora con el aval de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la cual el viernes, tras un esperado anuncio, hizo un llamado para que Israel adopte medidas “inmediatas y efectivas” que permitan el acceso de ayuda humanitaria al territorio palestino y castigar cualquier incitación al genocidio, dejando así abierta la posibilidad de que el juicio interpuesto por Sudáfrica contra el Estado judío siga su curso, pero dejando abierta la posibilidad de que la violencia contra civiles indefensos siga su curso.
La vieja paradoja del vaso medio lleno o medio vacío, cada una de las partes celebró a su manera la determinación de la Corte como un triunfo. Para el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, su país cuenta con la autoridad moral en su demanda tras haber padecido durante décadas el dolor de la desposesión, la discriminación y la violencia de Estado, y señaló que la determinación de la CIJ debe ser respetada por todos aquellos que forman parte de su arquitectura recalcando que Israel no es la excepción.
A la distancia el gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu declaró que Israel seguirá defendiéndose, “respetando” siempre el derecho internacional en una interpretación muy particular de las leyes que rigen a la comunidad de naciones.
Hablar de genocidio es un tema muy delicado cuando se trata de la comunidad judía, un grupo que, por razones raciales y religiosas, fue víctima del holocausto más grande que se haya cometido en la historia contemporánea dejando más de seis millones de muertos, una familia devastada por cada uno de ellos. Por eso resulta incomprensible la falta de empatía contra una población civil que desde hace años vive en condiciones no muy lejanas, guardando siempre las proporciones, a las que se vieron sometidos los habitantes del gueto de Varsovia, sin control de su propia electricidad, agua e incluso de desplazamiento en un territorio ocupado.
Los civiles palestinos hoy son castigados por las acciones de un grupo extremista de su comunidad, el cual también los ha sometido a la violencia, al dolor y a unas condiciones de miseria. Israel, bajo una desigual interpretación de la ley del Talión ha cobrado, hasta el momento, con la vida de 22 palestinos (y subiendo) el asesinato de cada uno de los colonos judíos asesinados durante el ataque terrorista del 7 de octubre. En ambos lados la mayoría mujeres y niños inocentes.
La Corte aún no ha determinado si Israel ha cometido genocidio o no en un proceso que podría tardar años. Según el Artículo II de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, establecida por la Organización de las Naciones Unidas en 1948 (firmada por Israel en 1949 y ratificada en 1950), hablamos de genocidio cuando intencionalmente se intenta destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso; se atenta de manera grave contra la integridad física o mental de sus miembros o se les somete intencionalmente a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre muchas otras cosas.
Las decisiones de la CIJ son jurídicamente vinculantes, pero no cuenta con los mecanismos para hacerlas cumplir y se da por hecho que Israel no aceptaría un veredicto en contra y si no que le pregunten a su ministro de Defensa, Yoav Gallant quien señaló que “Israel no necesita ser sermoneado sobre moralidad para distinguir entre terroristas y la población civil en Gaza”. Por favor que alguien le explique la diferencia.
