TEPJF: el futuro en manos de un órgano dividido

Faltando menos de seis meses para que se realice la elección más grande en la historia del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está haciendo aguas por todas partes y es que tres de los siete magistrados (dos más permanecen sin ser designados), exigen la destitución de su presidente Reyes Rodríguez.

Los inconformes -Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes-, acusan al presidente del órgano colegiado de mostrar debilidad en el manejo de la institución y de que sus decisiones carecen de confiabilidad, “ya que en sus funciones se ha sometido a intereses ajenos al tribunal”, mientras que Reyes Rodríguez arguye asuntos administrativos.

En una carta divulgada el domingo, Rodríguez adelanta su decisión de seguir actuando como magistrado pero deja una puerta abierta para su renuncia como cabeza de la institución. En contra del presidente del TEPJF, obra la ausencia de dos ministros que debieron haber sido nombrados por el Senado hace tiempo pero, como ocurre con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el partido oficialista se niega a darle curso al proceso por así convenir a los intereses de la Cuarta Transformación. Los rebeldes tienen en este momento ya los votos suficientes para su remoción, por lo que el restablecimiento del diálogo es sólo una cuestión de trámite.

Por donde se le mire es una absoluta inconsciencia de los ministros mostrar tal división en estos momentos, cuando serán el fiel de la balanza de una elección que ya en los hechos también será recordada como la más cuestionada de la historia, aún más de la que llevó a Felipe Calderón al poder, lo que resulta paradójico dado que al partido de López Obrador le toca estar hoy del otro lado. Y será cuestionada por las campañas anticipadas, por la abierta intervención del presidente llamando al voto para promover a los candidatos de su partido, para darle a Morena dos tercios del Congreso y así poder modificar la Constitución a su antojo, por el uso de los programas sociales con fines electorales, por las descalificaciones y por la guerra de lodo que habrá de desatarse en las próximas semanas.

Una elección que en mucho habrá de definirse en unos tribunales que, con estas revueltas nos hacen dudar de su confiabilidad y eso genera miedo y zozobra. Es mucho lo que se definirá en 2024: para unos la continuidad de un régimen populista que alienta la división; por el otro, los que no quieren volver a los regímenes del pasado, pero que mantienen la esperanza de un futuro en donde el pueblo de México sea sólo uno y no nada más los que respaldan la narrativa del presidente de la República.

Alcalá y las adversidades en el INAI

Adrián Alcalá Méndez fue elegido presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales (Inai) por un periodo de tres años, de 2023 a 2026, en circunstancias adversas para el instituto, y no sólo por el embate constante del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino al interior del mismo.

Alcalá fue elegido por dos votos contra dos, con voto de calidad de la presidenta, después de cuatro rondas de votaciones donde tres de los cuatro comisionados buscaban relevar a Blanca Lilia Ibarra, y la comisionada Julieta Ríos retiró su candidatura no sin antes dejar en claro que no avalaría a alguien que “no tienen solvencia ética y moral suficiente”, y dando su voto a su par, Josefina Román, entendiéndose a quién iba dirigida la indirecta.

Lo anterior debido a que a Alcalá es señalado de supuestamente haber encubierto a los excomisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, investigados por haber usado sus tarjetas institucionales para pagar en consumo en un table dance en 2014, cuando eran comisionados del Instituto. Para más gravedad, ambos seguían trabajando en el Inai, pues terminaron su encargo como comisionados en marzo de 2021, y en mayo del mismo año fueron reincorporados, Guerra como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, y Monterrey, como secretario ejecutivo del Inai. Ambos renunciaron a raíz del escándalo y la investigación. Un golpe grave para un órgano fundamental en el combate a la corrupción.

El nuevo comisionado presidente dijo que defenderá con firmeza la autonomía del instituto, anunció medidas para evitar el mal uso del ejercicio público -como cancelar las tarjetas corporativas-, exhortará al Senado a designar a los tres comisionados pendientes y solicitará una reunión con el presidente López Obrador, con quien espera tener un diálogo respetuoso.

La respuesta no tardó en llegar de Palacio Nacional. Este lunes el presidente anunció que enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer a los órganos autónomos -Inai, Cofece, Ifetel-, porque son organismos onerosos que no sirven para nada. Y la semana pasada, gracias a Morena y aliados, ninguno de los integrantes de dos ternas para comisionados alcanzaron votos suficientes en el pleno del Senado, pese al emplazamiento de la Suprema Corte para que se eligieran dos de los tres comisionados del Inai antes del 15 de diciembre.

Alcalá enfrenta un escenario complicado: López Obrador no quiere dialogar, sino desaparecerlo; por lo menos esta legislatura del Senado no va a designar comisionados y, para colmo, no goza de la confianza de entre por lo menos dos de sus compañeras consejeras. 

Será un éxito si concluye su periodo de tres años al frente del Inai.