Vaya bomba la que generó el traslado de 29 capos a los Estados Unidos de América, entre ellos Rafael Caro Quintero. Que si no fue una extradición, que si lo ordenó la DEA, que si se violentaron sus derechos, por lo que fue necesario que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, saliera al paso y tajantemente afirmara que el Consejo Nacional de Seguridad sesionó, dada la petición estadounidense, y aprobó atender de inmediato la solicitud, en apego a la Constitución Política, la Ley Nacional de Seguridad y los principios de reciprocidad internacionales.
Y para llevarlo a cabo, se requirió un mega operativo que incluyó 20 aeronaves, 342 vehículos, así como tres mil 512 efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, por conducto de la Agencia de Investigación Criminal, quienes trasladaron a las personas que se encontraban internas en nuestro país a las ciudades de Washington, Nueva York, Chicago, Houston, McKinney, Phoenix y San Antonio.
40 años pasaron para que la DEA por fin se saliera con la suya y lograra llevar a juicio al llamado Capo de Capos, Rafael Caro Quintero, quien enfrentará proceso por los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas de los que ya se declaró no culpable ante una Corte de Nueva York.
Y fue precisamente después de la primera audiencia de Caro Quintero, que la agencia antidrogas de EUA celebró abiertamente la decisión del gobierno mexicano y señaló que por fin habrá justicia para el agente estadounidense, quien pagó con su vida la venganza del capo mexicano, al dejar al descubierto una mega propiedad del narcotraficante donde se cultivaban millones de plantas de marihuana.
Aquella premisa de ganar –ganar aplica perfectamente en este caso-, en que particularmente la DEA y el Gobierno mexicano ganan, sólo nos resta esperar a ver si Donald Trump también lo considera así.
¿Ser o parecer ambientalmente responsable?
Ser ambientalmente o socialmente responsable no es, o no debe ser, una cuestión mercadológica. En el caso de infraestructura, sigue siendo común que los intereses económicos o políticos prevalezcan para realizar una obra, por encima de los factores ambientales y sociales. Esto es algo que tiene que cambiar.
En el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) se llevó a cabo la semana pasada, el Segundo Foro de Infraestructura, Medio Ambiente y Sustentabilidad CICM 2025, organizado por el Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio, donde los expertos de las diferentes conferencias y mesas, coincidieron en que es fundamental que se incluyan los estudios y evaluaciones de impacto ambiental y social de los proyectos desde la planeación, y que deben ser tan necesarios, como otros estudios de ingeniería requeridos, como geológicos, hidrológicos, entre otros.
En ese sentido, recomendaron la formación de grupos multidisciplinarios que acompañen desde la planeación del proyecto hasta su desarrollo, para dar seguimiento a las medidas recomendadas y atender los problemas que se presenten en el transcurso de la obra. No contar con estudios ni evaluaciones bien hechas puede devenir en mayores costos, incluida la suspensión de la obra.
Hay muchas áreas de oportunidad en la materia tanto en autoridades federales como locales, pero los ingenieros civiles están cada vez más conscientes de que esto es parte integral de la planeación de un proyecto, no sólo un trámite burocrático por cumplir o problema por soslayar en el camino.
El triste adiós del INAI
Envuelto en graves desatinos que dan motivos a sus detractores para justificar su extinción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Y Protección de Datos Personales (INAI) sufre la peor agonía que jamás imaginó. Al final cayó el telón sobre sus actores, funcionarios “impolutos” que al parecer tenían más de un esqueleto escondido en el armario.
La semana pasada la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se erigió como la responsable de dar el tiro de gracia a un órgano que había recibido su sentencia de muerte en noviembre pasado y lo hizo con documentos en la mano. Entre las irregularidades que se presentan, resultado de una auditoria forense practicada en la cuenta pública de 2023, destacan la existencia de decenas de casos de nepotismo, pago de plazas no autorizadas y viajes al extranjero por parte de sus funcionarios, financiados por el erario, sin el aval correspondiente.
Pero ese no es el único problema que enfrenta la desahuciada institución, la división entre los comisionados es más que patente. Hace unos días, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer el contenido de un correo electrónico en el que Julieta del Río no solo acusa a su par, Adrián Alcalá, de acoso e intimidación, sino que de paso lo involucra en los casos de extorsión con sueldos a los trabajadores, y presupone su colusión en el caso de los boletos para el mundial de futbol con los que se pretendió chantajear a la Femexfut.
La muerte del INAI no eximirá a los exfuncionarios de ser presentados ante la justicia en caso de que se compruebe la existencia de algún delito de acuerdo a lo señalado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien encontraría en ello un argumento para restregar en la cara de sus críticos.
La pregunta es si el remedio no terminará siendo peor que la enfermedad. Esta semana llegará al pleno del Senado el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales. “Transparencia para el Pueblo” será el panfletario nombre del órgano sucesor, un ente que ya no será autónomo, dependerá de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y su titular vendrá señalado por la jefa del Ejecutivo, a diferencia de los consejeros del INAI que eran nombrados a través de un procedimiento de selección en el Senado.
Así el Estado se convierte en juez y parte en una materia por demás delicada ya que lo ubica en la posibilidad de enmascarar conflictos de opacidad o colocar bajo la etiqueta de seguridad nacional, como ya ocurrió en el pasado, situaciones en las que se evite trasparentar el comportamiento de las instituciones.
Edomex: epicentro de la vivienda asequible en 2025
Las recientes reformas a la Ley del Infonavit y el crecimiento sostenido de la demanda de vivienda usada han colocado la accesibilidad como la gran tendencia inmobiliaria de 2025. En este contexto, el Estado de México se posiciona como la entidad con mayor oferta de propiedades aptas para financiamiento del Infonavit, destacándose como el epicentro del mercado de vivienda asequible en el país.
De acuerdo con un análisis del portal inmobiliario Propiedades.com, el Estado de México concentra el 13% de las viviendas que cumplen con los criterios del Infonavit, superando a la Ciudad de México (12%) y Querétaro (11%). Este dato refleja el crecimiento del mercado de vivienda económica en la entidad y su atractivo para quienes buscan opciones accesibles con financiamiento.
Uno de los factores clave en esta tendencia es la preferencia por casas sobre departamentos. El estudio revela que el 73.5% de la oferta en la entidad corresponde a viviendas horizontales, mientras que los departamentos representan sólo el 26.5%. Esta inclinación responde a la búsqueda de espacios funcionales para las familias, una característica que hace del Estado de México un destino prioritario para quienes buscan estabilidad y crecimiento patrimonial.
La accesibilidad también juega un papel fundamental en la decisión de compra. El 58.6% de las propiedades en la entidad tienen un precio menor a los 2 millones de pesos, lo que permite a muchas familias financiar la totalidad del inmueble con un crédito Infonavit. Ciudades como Toluca y Tecámac lideran la oferta de casas asequibles, mientras que Atizapán de Zaragoza destaca como el principal municipio para la compra de departamentos económicos.
Más allá de la oferta, la demanda también ha evolucionado de manera significativa. Municipios como Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Baz concentran cerca del 30% de la búsqueda de vivienda económica dentro del portal inmobiliario. La cercanía con la Ciudad de México y la conectividad vial se perfilan como factores clave que impulsan la preferencia por estas zonas.
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