Hay ilusiones que cuestan demasiado caro, y la de revivir a Altos Hornos de México (AHMSA) se ha convertido en una agonía colectiva para todo el centro de Coahuila.
Semana tras semana, la narrativa oficial y las promesas de los pasillos corporativos sugieren que la acerera está “a un paso” de encontrar comprador, que un grupo de inversionistas finalmente inyectará el capital necesario y que las chimeneas de Monclova volverán a echar humo.
Sin embargo, cuando la realidad se confronta con los números y la inspección en campo, el espejismo se desvanece. La verdad, amarga pero insoslayable, es que reactivar AHMSA se vuelve casi imposible.
Quienes insisten en que AHMSA solo necesita un “empujón financiero” ignoran cómo funciona la industria pesada. Apagar abruptamente un alto horno o dejar enfriar las plantas coquizadoras no equivale a apagar el interruptor de una oficina. Cuando la maquinaria siderúrgica se apaga de golpe, el revestimiento refractario de sus tripas se destruye.
A cuatro años de inactividad, el diagnóstico físico de la planta es devastador. La coquizadora y los hornos principales requieren reconstrucciones millonarias desde cero.
El saqueo constante de cableado y tuberías de cobre, sumado a la corrosión acelerada del ambiente, ha convertido instalaciones de vanguardia en un depósito de chatarra industrial.
Vender la empresa hoy no significa traspasar una planta operativa en pausa, sino entregar un gigante.
Para que una subasta funcione debe existir oferta y demanda real. Los postores que se han acercado a la Sindicatura terminan dando un paso al frente… para luego dar dos atrás cuando ven la suma total de la factura.
Supera los 3,000 millones de dólares entre acreedores, proveedores y fisco. |
Cientos de millones adicionales solo para modernizar instalaciones obsoletas.
Exigir garantías financieras millonarias a un comprador por adquirir una masa de deudas e infraestructura dañada es pedir un milagro comercial. Ningún fondo de inversión o gigante siderúrgico global va a arriesgar su capital bajo esas condiciones.
Seguir vendiendo la idea de un “rescate integral” solo prolonga la agonía de más de 15,000 familias y posterga la reconversión económica que la Región Centro de Coahuila requiere con urgencia.
AHMSA como la conocimos no va a regresar. La solución pragmática —y la más honesta hacia los trabajadores— pasa por aceptar una reestructuración drástica: vender la empresa en partes, rematar activos utilizables, liquidar los pasivos laborales prioritarios y abrir el paso a nuevos parques industriales.
Mantener la fe en una resurrección milagrosa solo beneficia a los liquidadores y politiza el dolor de una comunidad. Es momento de apagar definitivamente la ilusión de AHMSA para poder encender el futuro de Monclova.
Traición a la patria: los límites de una acusación
Pocas expresiones tienen el peso de “traición a la patria”. Evoca la entrega del país a una potencia extranjera, la colaboración con un enemigo o el abandono deliberado de la soberanía nacional. En México, sin embargo, también ha servido como arma de confrontación política.
La detención de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico obliga a distinguir entre la gravedad de una conducta, su posible ilegalidad y la acreditación de un delito tan severo como el que le atribuye la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso se remonta a abril, cuando autoridades de Chihuahua participaron en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en El Pinal, municipio de Morelos. Un accidente carretero en el que murieron dos funcionarios de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos estadounidenses puso al descubierto la participación de personal extranjero, identificado por algunos medios como personal de la CIA.
La FGR sostiene que Jáuregui habría ordenado o coordinado una intervención irregular, al permitir que extranjeros participaran sin autorización en acciones que considera reservadas a las autoridades federales y omitir informar oportunamente a la Federación.
También señala que el operativo se realizó sin que la Fiscalía estatal hubiera abierto previamente una carpeta de investigación. Son señalamientos de la parte acusadora, no hechos que puedan darse por judicialmente probados.
El artículo 123 del Código Penal Federal establece penas de 5 a 40 años de prisión y multa de hasta 50 mil pesos para los mexicanos que incurran en alguno de los supuestos de traición a la patria que enumera.
Entre ellos figuran actos contra la independencia, la soberanía o la integridad de México con la finalidad de someter al país a una persona, grupo o gobierno extranjero, así como determinadas formas de hostilidad contra la nación o de cooperación con un Estado extranjero que puedan perjudicarla.
La FGR ha calificado los hechos investigados como posiblemente constitutivos de ese delito, pero su comunicado público no identifica la fracción específica del artículo 123 que sustenta la imputación.
La precisión es importante: una actuación irregular, una extralimitación de facultades o la participación no autorizada de personas extranjeras pueden generar responsabilidades, pero no convierte automáticamente los hechos en traición a la patria.
La historia política reciente ofrece un contraste útil. En 2022, después de que diputados del PAN votaran contra la reforma eléctrica, dirigentes y legisladores de Morena los calificaron de traidores a la patria. La disputa llegó a las autoridades electorales por las expresiones utilizadas, pero aquel voto no dio lugar a una causa penal.
La diferencia con el caso de Chihuahua es sustancial: aquí existe una investigación federal y una orden de aprehensión basada en hechos concretos que deberán probarse. El antecedente recuerda el riesgo de convertir una expresión de enorme carga política en una conclusión anticipada sobre la responsabilidad de una persona.
Hay, además, un elemento que no debe perderse de vista: a raíz de la operación, la propia FGR aseguró y desmanteló posteriormente el laboratorio clandestino. El resultado puede ayudar a reconstruir el propósito del operativo, pero no resuelve si los procedimientos empleados fueron legales ni quién tenía atribuciones para conducirlo.
Combatir a las organizaciones criminales no concede facultades ilimitadas a las autoridades estatales ni autoriza a agentes extranjeros a ejercer funciones al margen de las normas mexicanas. Tampoco el resultado favorable constituye, por sí mismo, una atenuante penal. La investigación debe esclarecer qué hizo cada autoridad, cuál fue la participación de los estadounidenses y qué información se compartió con las instancias federales.
La cuestión no es si la participación clandestina de agentes extranjeros en un operativo mexicano debe investigarse: debe esclarecerse con rigor. Lo decisivo es si las conductas atribuidas a Jáuregui encajan en alguno de los supuestos que la ley define como traición a la patria y si la Fiscalía puede demostrarlo.
La soberanía nacional merece protección, pero también exige que el Estado actúe dentro de la ley. Si la acusación se sostiene, tendrá que acreditarse ante un juez; si no, la gravedad de la etiqueta no puede reemplazar las pruebas. La soberanía se defiende también haciendo cumplir la ley, no dando por demostrada una traición antes de que la justicia determine si verdaderamente ocurrió.
Construir con el pronóstico en la mano
En el sector de la construcción, conocer el pronóstico del clima es, o debiera ser, fundamental por tres razones: por seguridad del personal, equipo y materiales; para evitar retrasos y gastos imprevistos. Esto aplica desde saber si al día siguiente se podrá realizar un colado de cemento, el viento permitirá operar una grúa, hasta la planeación de infraestructura de cara a fenómenos meteorológicos como tormentas, ciclones y, ahora, hasta ondas de calor.
No solo en al planear y construir, también en la operación: se puede definir con anticipación los niveles de las presas para regular volúmenes; reparaciones de drenajes; estimar volúmenes de agua para el riego en el próximo ciclo; programar la disponibilidad de agua para la población de una ciudad; incluso la energía a generar en periodos de calor.
No se diga en prevención de desastres: según la Organización Meteorológica Mundial, un aviso con un día de anticipación puede reducir los daños en alrededor de un 30 por ciento.
Es por ello que un reto planteado en el Colegio de Ingenieros Civiles de México es que sea obligatorio el uso del pronóstico del clima, que forme parte de las normas, especificaciones y programas de obra, incluidos protocolos de cómo actuar ante los fenómenos cada vez más extremos y con mayor duración.
Actualmente, nos encontramos en medio del fenómeno meteorológico conocido como “El Niño”, el cual generando un cambio en la circulación del viento, redistribuyéndose la lluvia hacia los océanos, lo que se traduce en déficit de lluvia en tierra, más fenómenos ciclónicos en el Océano Pacífico y menos en el Caribe, con una duración del verano de este año hasta la próxima primavera.
En diálogo con ingenieros en la sede del Colegio, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió de la preocupación que generan las ondas de calor, al tratarse de uno de los eventos meteorológicos más silenciosos pero más mortales a nivel mundial: este año murieron 35 mil personas en España y Francia, y se estima que al año mueren 489 mil personas por ondas de calor, la mayoría personas vulnerables, como infancias y personas de la tercera edad, más muertes que las provocadas por otros desastres naturales, y que han crecido en intensidad y la extensión de días que dura una onda de calor, lo que ha llevado a que algunos países contemplen la creación de albergues para proteger a la gente del evento.
Es por ello que, en todos los frentes climatológicos abiertos y para reducir los impactos de fenómenos extremos, es necesario fortalecer la planeación de la infraestructura con el pronóstico del clima a corto, mediano y largo plazo.
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