Pospuesto por un mes el mal trago de los aranceles a un costo mínimo, la presidenta Claudia Sheinbaum ya ni siquiera exigió disculpas o aclaraciones respecto a la orden ejecutiva de Trump en la cual asegura que “los cárteles mexicanos tienen una alianza intolerable con el Gobierno de México” y que dicho gobierno “ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para fabricar y transportar drogas ilícitas”. El jueves, en un memorando firmado por la nueva fiscal Pam Bondi, plantea como prioridad eliminar a los cárteles del narcotráfico por ser una amenaza a la soberanía de Estados Unidos.
Se trata de afirmaciones contundentes máxime porque están escritas en documentos oficiales del Ejecutivo estadounidense. En el caso de la orden ejecutiva, por menos que eso se llama a consultas al Embajador del país agraviante, sin embargo, se entiende que la prioridad del gobierno mexicano estaba en evitar los aranceles y sus funestas consecuencias para la economía regional más que entrar en una discusión que no iba a llevar a nada.
En el caso de la segunda, el memorando de Bondi es congruente con la visión del nuevo gobierno contra los cárteles, uno de los tres grandes enemigos del discurso trumpista -los otros dos son los migrantes ilegales y China-, y sería un compromiso digno de reconocimiento de no ser porque adolece de la ceguera de siempre de las autoridades estadounidenses de ver el narcotráfico como una amenaza externa, en este caso hasta a su soberanía, cuando el mercado más grande drogas a nivel mundial está en Estados Unidos, y abastecerlo no sería posible sin organizaciones criminales netamente estadounidenses que operan en aquel país para distribuir y vender la droga.
El memorando de la fiscal es enfática en utilizar todos los recursos institucionales y legales contra los cárteles, eliminando impedimentos burocráticos. Tanto en la orden ejecutiva de Trump como en el memorando de Bondi son evidentes un uso ligero de las palabras, pero también una advertencia del alcance que tendrá el combate a los cárteles del narcotráfico y contra quienes sean sus cómplices, particularmente en todos los niveles de gobierno en México.
El Infonavit que viene
Lo que mal empieza mal termina. A principios de mes mientras el país se encontraba sumido en dudas y preocupaciones por la presunta aplicación de sanciones comerciales por parte de la administración Trump, Morena, sus aliados junto con un impetuoso Movimiento Ciudadano, terminaban el trabajo que el Senado ya había articulado semanas atrás: las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La visión estatista de la Cuarta Transformación, que nos seguirá acompañando todavía por varios años, queda reflejado en los nuevos textos que nos remiten a la década de los 70 cuando el PRI dominaba el panorama político de la nación.
Frente al déficit de vivienda que hoy aqueja al país es muy loable que la administración entrante busque construir nuevos espacios habitacionales, mejor aún hogares en renta que más tarde puedan ser adquiridos por sus inquilinos, sin embargo no deja de ser cuestionable la manera con la que buscan ser financiados; a partir de fondos que no pertenecen a la federación, sino que forman parte de los ahorros producto de las aportaciones que rigurosamente entregan los trabajadores y sus patrones quincena a quincena, estamos hablando de una cantidad superior a los dos billones de pesos.
La celebración del gobierno federal en mancuerna con el partido oficial, sin embargo, tendrá que esperar por lo menos algunos días más. Las principales agrupaciones empresariales así como los sindicatos manifestaron su inconformidad por una legislación al vapor que en muy poco los tomó en cuenta y que coloca en riesgo 350 mil millones de pesos en dinero circulante, mismos que se utilizarían para la construcción de viviendas. Recursos para los que no se contemplan mecanismos de supervisión.
Pero este no es el único “detalle” que genera serias dudas. Al transformarse de un sistema de financiamiento a un ente constructor, el Infonavit se valdrá de una empresa filial que no será una entidad paraestatal, sino que estará constituida en términos del derecho mercantil, algo que levanta más de una ceja, ya que al ser una empresa privada no será auditable y de transparencia mejor ni hablar.
En lo que se refiere a la operación, el presidente del organismo será nombrado por el presidente o presidenta y tendrá derecho de veto en las decisiones que no sean aprobadas por unanimidad. Poniendo nombre y apellido, en este momento esa responsabilidad recaería sobre Octavio Romero Oropeza, un funcionario gris, tristemente célebre tras su paso por Pemex en donde entregó muy malas cuentas, pero sobre todo muy poco confiable a la hora de administrar los dineros asignados.
La buena noticia es que, contrario a lo previsto por la presidenta, Claudia Sheinbaum, se mantiene la representación tripartita en los órganos de gobierno del instituto como la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia.
Como si se tratara de un decreto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró que no hay forma que se detenga la reforma del Infonavit porque ésta es prioritaria para su movimiento incluso, cual pitoniso, se aventuró a predecir que el martes el pleno aprobará el dictamen. Ya vamos a ver.
Entornos digitales seguros: clave para la confianza y la productividad laboral
En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad en el entorno laboral no es sólo un tema técnico, sino una cuestión estratégica que impacta directamente en la confianza, la productividad y la eficiencia de las organizaciones. La reciente encuesta del “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea, realizada en el marco del Día Internacional de Internet Seguro, revela un panorama claro: el resguardo de los datos es la principal preocupación de los trabajadores en México.
De acuerdo con los resultados, el 41% de los encuestados considera que el principal beneficio de un entorno digital seguro es la protección de sus datos sensibles. Este hallazgo no sorprende en una era donde las amenazas cibernéticas, como el robo de identidad y los ataques de ransomware (secuestro de datos), están a la orden del día. La confianza en los procesos y la eficiencia laboral también fueron aspectos destacados, con un 23% y 26% de las respuestas, respectivamente, evidenciando que la ciberseguridad no sólo es una medida defensiva, sino un elemento clave para la operatividad de las empresas.
Sin embargo, la percepción de seguridad digital en los centros de trabajo aún presenta retos. Si bien 7 de cada 10 trabajadores consideran que su entorno laboral es seguro, un 21% lo percibe poco seguro y un 8% cree que existen descuidos significativos en este aspecto. Estos datos sugieren que aún hay una brecha importante entre las políticas de seguridad establecidas y su implementación efectiva en la vida diaria de los empleados.
El desafío para las empresas no radica únicamente en invertir en tecnología de protección, sino en fomentar una cultura de seguridad digital. La capacitación constante, la implementación de protocolos claros y el acceso a herramientas de protección adecuadas pueden marcar la diferencia entre una empresa resiliente y una vulnerable ante ciberataques.
A medida que la digitalización avanza, las amenazas evolucionan, y con ellas, la responsabilidad de empresas y trabajadores de fortalecer la seguridad en el entorno digital. No se trata solo de evitar filtraciones o ataques informáticos, sino de garantizar que el trabajo pueda desarrollarse en un ambiente de confianza y estabilidad. La ciberseguridad es, en última instancia, una inversión en la continuidad y crecimiento de cualquier organización.
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