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En los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro, la creatividad fiscal parece tener un único y desgastado mantra: cobrar más al que viene de fuera y apretar al que no vota aquí. La reciente avalancha de ajustes y la escalada en las tarifas contempladas dentro de las reformas a la Ley Federal de Derechos dictaminadas por los diputados vuelven a encender las alarmas en el sector productivo.
La medida estrella, un nuevo y sustancial incremento al Derecho de No Residente (DNR) aplicado a los visitantes extranjeros, amenaza con enviar un mensaje fatídico al turismo internacional: gracias por venir, pero le va a costar más.
El turismo en México no es un lujo decorativo de la economía nacional; es el motor que da sustento a millones de familias en destinos que van desde las playas del Caribe y el Pacífico, hasta los pueblos mágicos y las grandes metrópolis. En un escenario económico global donde la competencia por atraer viajeros es feroz, la lógica dictaría cuidar la competitividad de nuestras fronteras y aeropuertos.
Sin embargo, el dictamen legislativo busca elevar el costo del cobro al visitante extranjero, empujando la cuota del DNR hacia niveles sensiblemente superiores a los actuales. A esto se le suma una auténtica “cascada” de incrementos en otros trámites migratorios, licencias, permisos de ingreso a áreas naturales y servicios conexos que terminan encareciendo la estancia completa.
El argumento en tribuna suele ser el de siempre: «necesitamos mayor recaudación para fortalecer la infraestructura local y los servicios públicos». Pero la experiencia histórica en finanzas públicas demuestra lo contrario: un incremento desmedido en las cuotas de entrada genera un efecto inhibitorio.
Frente a destinos del Caribe o Sudamérica que flexibilizan o abaratan sus tarifas de visado y derechos de entrada para dinamizar su economía post-pandemia, México opta por elevar la barrera de entrada.
El costo extra que se recauda en ventanilla fiscal no se traduce directamente en derrama para el taxista, el restaurantero, el guía de turistas ni el artesano local. Por el contrario, reduce el presupuesto disponible del visitante para gastar dentro del país.
Legislar mirando únicamente las cifras presupuestales del año entrante sin evaluar las repercusiones en las industrias clave es una miopía política costosa. Si los legisladores persiguen una política de ingresos verdaderamente sostenible, esta debería enfocarse en la modernización, la eficiencia administrativa y el fomento de la inversión, no en el incremento sistemático de tarifas a quienes eligen visitar el país.
El turismo internacional necesita certeza, precios competitivos y una calurosa bienvenida, no una barrera fiscal cada vez más alta. Los diputados aún están a tiempo de corregir el rumbo en el pleno antes de que el costo de esta decisión termine pagándolo, como de costumbre, la economía real de los mexicanos.
CDMX: regular sin resolver
Encontrar una vivienda en la Ciudad de México se ha convertido en una operación que cada vez exige más dinero, más tiempo y mayores sacrificios. Frente a esta realidad, el gobierno de Clara Brugada quiere establecer límites a los aumentos de las rentas y ampliar los mecanismos de protección para los inquilinos.
La intención responde a una necesidad real, pero la discusión de fondo es si controlar los incrementos puede convertirse en una solución duradera cuando el acceso a la vivienda depende también de la oferta disponible, el precio del suelo y la distribución de oportunidades económicas en la ciudad.
La propuesta tiene dos componentes legislativos: una reforma a la Constitución de la Ciudad de México y una Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles. La primera busca elevar determinados principios a rango constitucional; la segunda deberá establecer las reglas para llevarlos a la práctica. El límite de los incrementos anuales tampoco parte de cero.
El artículo 2448-D del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, ya establece una restricción vinculada con la inflación para rentas de vivienda. Por eso, la discusión no consiste solamente en decidir si los alquileres deben subir por encima de los precios al consumidor, sino en precisar qué cambiaría con el nuevo ordenamiento, cómo se verificaría su cumplimiento y qué instrumentos tendrían las partes para resolver sus diferencias.
También importa saber qué ocurrirá cuando termine un contrato, cambie el inquilino o se presente un conflicto entre propietario y arrendatario. Sin conocer la redacción definitiva, sería prematuro afirmar que todos estos asuntos están resueltos.
El gobierno capitalino busca colocar la vivienda en el terreno de los derechos y no dejarla exclusivamente a las condiciones de mercado. La propuesta incorpora objetivos como ampliar la oferta de vivienda social y asequible, proteger el arraigo vecinal y reducir los efectos del desplazamiento asociados con el encarecimiento de determinadas zonas.
Son propósitos que obligan a mirar más allá del contrato de arrendamiento. La política debe responder a esta combinación de factores. El problema aparece si la regulación del precio recibe toda la atención política mientras la construcción de nuevas viviendas, la disponibilidad del suelo y la infraestructura necesaria avanzan a un ritmo insuficiente.
La responsabilidad del gobierno de la CDMX es particularmente importante porque buena parte de las herramientas para atender el problema no depende de modificar el contrato de arrendamiento. La política de suelo, los permisos de construcción, el predial, la vivienda pública, el transporte y la coordinación con municipios vecinos forman parte de la misma ecuación.
También hace falta información pública sobre los precios efectivos de los alquileres, diagnósticos por colonia y mecanismos para evaluar si las medidas consiguen frenar el desplazamiento sin desalentar la oferta; si se pretende ampliar la vivienda asequible, habrá que conocer cuántas unidades se construirán, dónde estarán, quiénes podrán acceder a ellas, cuánto costarán y con qué presupuesto se financiarán. Los anuncios de nuevos programas no sustituyen esos compromisos.
La protección jurídica puede ser necesaria, pero no construye por sí sola los departamentos que hoy faltan.
La reforma constitucional presentada en abril y la futura Ley de Rentas Justas que hoy presenta la jefa de gobierno abren, por tanto, una discusión que merece examinarse más allá de la promesa de contener los alquileres. Una ciudad no se vuelve asequible por decreto. Para conseguirlo necesita reglas claras, inversión, suelo disponible y viviendas suficientes.
De lo contrario, la regulación podría aliviar algunas presiones, pero dejaría intacta la causa que obliga a tantas familias a buscar cada vez más lejos un lugar donde vivir.
¿Y los narcopolíticos de Tamaulipas?
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra cuatro personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN) en Tamaulipas. Se trata de una red vinculada a carreras de caballos, constructoras y empresas de transporte de carga, dedicadas al lavado de dinero, particularmente en Nuevo Laredo.
No se trata de cualquier plaza. El cruce fronterizo de Nuevo Laredo-Laredo concentra el 40 por ciento del tráfico comercial entre México y Estados Unidos, se trata de la aduana con mayor número de operaciones y recaudación del continente. Asimismo, como en mayor o menor medida todos los estados de la frontera norte, Tamaulipas es lugar clave para el trasiego de droga y todo tipo de contrabando a y desde Estados Unidos, como en el tráfico de armas y de combustible.
A pesar de las fracturas del Cártel del Golfo y las disputas territoriales entre grupos delictivos, sobre todo en la Frontera Chica, el control lo ha mantenido el grupo principal de los hermanos Treviño Morales que devino en los Zetas y, actualmente, el Cártel del Noreste.
El contubernio entre las organizaciones criminales y la política local es pública y de décadas: el exgobernador Tomás Yarrington, preso por delincuencia organizada y lavado de dinero; la ejecución en 2010 de Rodolfo Torre Cantú, quien fuera candidato del PRI a la gubernatura a días de las elecciones; por poner dos ejemplos documentados, sin considerar una larga lista de presidentes municipales y exgobernadores impunes y de todos los partidos.
A pesar de la insistencia de autoridades estadounidenses contra narcopolíticos, llama la atención de que, al igual que la reciente lista de sancionados de Baja California, se vuelve a hablar de vínculos políticos pero no se toca a nadie de la clase política. En el caso tamaulipeco, se refiere el apoyo a campañas políticas de Gamaliel Garza García y su hijo Gamaliel Garza Elías, cuyas constructoras han obtenido contratos de obra pública del municipio de Nuevo Laredo y el gobierno estatal, encabezados por Carmen Canturrosas y Américo Villarreal, respectivamente, y quienes han negado en repetidas ocasiones que se les haya revocado la visa.
¿Qué políticos han sido beneficiados por los Gamaliel Garza? ¿Por qué no los señalan las autoridades estadounidenses? Una explicación es que hubo negociaciones con los políticos en cuestión para que colaboraran a cambio de no enfrentar cargos. Otra posibilidad es que son parte de información judicializable, y se encuentren en futuras acusaciones penales que pudieran presentarse próximamente al estilo Rubén Rocha, quien no pasó por sanciones previas del Tesoro. Sin embargo, en ambos casos se evidencia que la autoridad en México no actúa contra ellos, lo cual suma a la narrativa de Estados Unidos en contra de nuestro gobierno.
Contratar talento exige mirar más allá de la apariencia
El Día del Jefe, que se conmemora el 16 de octubre, debería servir para revisar cómo se ejerce el poder dentro de las empresas. Una jefatura decide sobre cargas de trabajo, oportunidades de crecimiento y criterios de evaluación; por eso, su responsabilidad va mucho más allá de cumplir metas.
En un mercado laboral que exige adaptación, nuevas habilidades y mejores resultados, importa tanto la capacidad de dar dirección como la disposición a escuchar a quienes deben ejecutar las decisiones. El “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, ofrece una señal para esa reflexión: apenas un tercio de los trabajadores encuestados reporta mucha apertura de sus líderes a la retroalimentación; el dato obliga a preguntarse qué información pierde una organización cuando sus colaboradores prefieren callar.
La empatía y el respeto, seguidos de la comunicación clara, encabezan las cualidades de un líder más valoradas por los colaboradores y adquieren sentido cuando se reflejan en la forma de establecer prioridades, distribuir responsabilidades, reconocer aportaciones y explicar las decisiones que afectan al equipo.
Esa apertura debe permitir que la retroalimentación funcione en ambos sentidos, pues quien dirige necesita conocer los obstáculos que no detecta desde su posición, por eso, escuchar exige ir más allá de una reunión periódica y dar respuesta a lo planteado sobre qué se cambiará, qué se mantendrá y por qué, para que el diálogo permita corregir a tiempo y fortalecer la confianza.
La calidad del liderazgo forma parte de la capacidad de una empresa para competir, porque mantener abiertos los canales de comunicación permite que las personas hablen con confianza y que sus observaciones sean escuchadas y atendidas, aunque no todas se traduzcan en decisiones.
Desde esa perspectiva, evaluar a quienes dirigen exige considerar tanto su capacidad para desarrollar a sus equipos como su disposición a recibir críticas y revisar sus propias decisiones, de modo que el Día del Jefe cobre sentido como una oportunidad para reflexionar sobre el ejercicio de la autoridad y reconocer el valor de quienes crean las condiciones para que sus colaboradores aporten conocimiento, adviertan riesgos y crezcan.
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