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En las últimas semanas, un par de tormentas políticas con aroma a Washington han puesto a prueba la congruencia de la llamada “segunda etapa de la Cuarta Transformación”, dejando al descubierto que la soberanía nacional es un principio elástico: se estira para proteger a los propios y se tensa para ahorcar a los ajenos.
Los nombres en el centro del huracán son de sobra conocidos: Marina del Pilar Ávila, gobernadora morenista de Baja California, y Maru Campos, mandataria panista de Chihuahua. Ambas señaladas por un pecado capital en el manual del nacionalismo mexicano: presuntos entendimientos directos e informales con agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos. Sin embargo, para la presidenta Sheinbaum, el mismo pecado ha merecido penitencias abismalmente distintas.
Cuando el periodista Héctor de Mauleón reveló grabaciones en las que presuntamente la gobernadora de Baja California se dijo dispuesta a entregar información de las mesas de seguridad a supuestos agentes estadounidenses a cambio de protección política, la reacción presidencial no fue de sospecha o indignación, fue de blindaje inmediato.
Desde la tribuna de la mañanera, Sheinbaum no tardó en calificar el asunto como una “campaña de filtraciones” y aseguró, con una presteza casi judicial, que “no hay delito” que perseguir. Para apuntalar el escudo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, operó como validador técnico, saliendo al paso para aclarar que, en caso de haberlo hecho, la información compartida no ponía en riesgo la seguridad nacional.
En el caso de Marina del Pilar, la soberanía pasó a segundo término. Lo importante fue desactivar el golpe político y desacreditar la legitimidad del audio.
La historia fue radicalmente distinta cuando el escándalo tocó las puertas de Chihuahua. Tras el accidente vial que destapó la presencia no autorizada de supuestos agentes de la CIA operando en territorio estatal, el tono de la presidenta fue fulminante.
Ahí no hubo espacio para el beneficio de la duda, ni llamados a la prudencia. Sheinbaum respaldó con vigor la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por violación a la soberanía nacional y descalificó cualquier intento de justificación del gobierno de Maru Campos. En Chihuahua, la ley se aplicó a rajatabla; en Baja California, se aplicó la política del cobijo.
La presidenta ha intentado matizar la contradicción argumentando la diferencia de los hechos: en Chihuahua hubo una operación física de agentes extranjeros, mientras que en Baja California se trata de un audio cuya autenticidad e interlocutores son cuestionables.
Es una distinción técnica real, pero políticamente insuficiente. En el fondo, ambos casos retratan la misma preocupante dinámica: gobiernos locales puenteando al Estado mexicano para entenderse en lo oscurito con las agencias estadounidenses.
Y aún así, es lo de menos. Lo verdaderamente preocupante es que haya disposición para colaborar con las autoridades estadounidenses y no necesidad, ni ejercicio de responsabilidad para acusar a las bandas delictivas ante las autoridades.
La conexión que deja hacer y deja pasar
Un policía corrupto, no es un policía, es un delincuente vestido de policía. Palabras más, palabras menos e, ironías de la vida, así se refería Genaro García Luna al problema de la corrupción dentro de la Policía Federal. Tenía razón: una autoridad que deja hacer, deja pasar, que colabora o comete un acto delictivo, es un delincuente que ostenta un cargo público y lo aprovecha para delinquir.
Este lunes, en la primera Cumbre Estados Unidos Libre de Fentanilo realizada en Orlando, Terrance Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), afirmó que la lucha de la agencia contra los cárteles y todos los que colaboran en el narcotráfico, incluye la “conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son lo mismo. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”.
Obviamente, la aseveración causó rechazo por parte del gobierno de México. El Gabinete de Seguridad consideró carentes de sustento las declaraciones de Cole y enumeraron aseguramientos, desmantelamientos y detenciones, incluidas las de más de 80 ex servidores públicos, entre ellos siete expresidentes municipales en funciones al momento de su captura. Fiel al estilo de responder con una buena pregunta pero que no es tan buena respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la DEA investigar en su propio país.
El jefe de la DEA parece generalizar al decir que son lo mismo cárteles y gobierno, cuando la palabra clave que utilizó fue “conexión”, los vínculos de corrupción de autoridades de todos los niveles de gobierno y hasta presencia directa de criminales en la política y la administración pública. Los ejemplos están desde los policías municipales que secuestraron y mataron a una periodista en Veracruz; Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder del grupo criminal La Barredora; los hermanos y almirantes Farías Laguna relacionados con el contrabando de combustible; los presidentes municipales detenidos en la Operación Colmena; el gobernador con licencia, Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza y los otros funcionarios sinaloenses, y un amplio etcétera que podría abarcar a sus jefes, su círculo cercano y a administraciones pasadas de todos los colores partidistas.
Sin embargo, justo es en el caso de Rubén Rocha donde la postura del gobierno mexicano de exigir pruebas y decir que en México todavía no se tienen elementos suficientes raya en el encubrimiento y que pareciera justificarle a Cole, por lo menos, dar a esa “conexión mortal” el alcance que se le quiera interpretar, a pesar de los resultados innegables y distanciamiento que ha tenido la actual administración respecto de la anterior, más dispuesta a dejar hacer y dejar pasar.
El nuevo enemigo de Washington
Las grandes potencias no sólo construyen alianzas. También construyen enemigos. Las amenazas cambian y, con ellas, los actores que se consideran capaces de poner en riesgo el orden internacional. Cada vez que una potencia redefine quién representa ese peligro, termina modificando también las prioridades de la política exterior.
La convocatoria anunciada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para reunir en Washington a representantes de decenas de países con el propósito de discutir el combate al denominado extremismo de izquierda entra en esa lógica. Independientemente de los resultados concretos que produzca, la sola convocatoria constituye un mensaje político sobre las prioridades que la administración de Donald Trump pretende colocar en el centro de la agenda internacional.
Pocas veces desde el final de la Guerra Fría Washington había puesto sobre la mesa un tema con un componente ideológico tan explícito como eje de una iniciativa diplomática de alcance internacional. Durante décadas, las grandes reuniones impulsadas por Estados Unidos giraron alrededor del terrorismo islamista, la proliferación nuclear, el crimen organizado transnacional, la ciberseguridad o la competencia estratégica con Rusia y China.
En todos esos casos, el punto de partida era una modalidad de riesgo —terrorismo, delincuencia, armas o rivalidad entre Estados—. La novedad ahora es que la convocatoria se articula alrededor de una corriente política específica, aun cuando el argumento oficial sea que determinadas organizaciones vinculadas a ella recurren a la violencia y representan una amenaza para la seguridad internacional.
Toda doctrina de seguridad comienza por definir una amenaza. Durante casi medio siglo, para Estados Unidos esa amenaza fue el comunismo soviético. La Doctrina Truman, el Plan Marshall, la creación de la OTAN e incluso buena parte de la política estadounidense hacia América Latina respondieron a esa lógica de contención. La caída del Muro de Berlín pareció cerrar ese capítulo y dio paso a una etapa en la que el principal desafío dejó de ser ideológico para convertirse, primero, en el terrorismo internacional y, después, en la competencia entre grandes potencias y el crimen organizado transnacional.
Los atentados del 11 de septiembre transformaron nuevamente las prioridades. La llamada guerra global contra el terrorismo concentró recursos militares, inteligencia y diplomacia durante casi dos décadas. Más tarde, el ascenso de China, la invasión rusa de Ucrania y el fortalecimiento de los cárteles internacionales ampliaron otra vez el catálogo de amenazas. Durante ese periodo, el discurso estratégico estadounidense privilegió la naturaleza del riesgo por encima de su contenido ideológico.
La administración Trump ha ido incorporando nuevos elementos a esa visión. La designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, el endurecimiento de la política migratoria, las sanciones contra gobiernos considerados adversarios y el fortalecimiento de la cooperación hemisférica en materia de seguridad forman parte de una estrategia que busca redefinir las prioridades estadounidenses. La iniciativa impulsada por Marco Rubio parece insertarse en ese mismo proceso.
Para América Latina este debate resulta especialmente relevante. La región conserva una memoria marcada por guerrillas, insurgencias, dictaduras, intervenciones extranjeras y conflictos ideológicos que atravesaron buena parte del siglo XX. El contexto es distinto, pero cualquier intento de redefinir las prioridades estratégicas de Washington inevitablemente repercute en la cooperación regional, el intercambio de inteligencia y la relación con gobiernos de muy diversa orientación política.
México tampoco puede observar esta discusión desde la distancia. La cooperación bilateral ya enfrenta desafíos derivados del combate a los cárteles, el tráfico de armas, la migración y el fentanilo. Si Estados Unidos busca incorporar el combate al extremismo de izquierda como un nuevo eje de su política de seguridad internacional, tarde o temprano ese tema llegará también a la agenda bilateral.
Todavía es prematuro saber si esta iniciativa marcará un punto de inflexión o quedará como un episodio más de la diplomacia estadounidense. Lo relevante, por ahora, no son los acuerdos —que aún no se conocen públicamente—, sino el mensaje político contenido en la propia convocatoria. Washington está intentando ampliar el mapa de las amenazas que considera prioritarias. Falta saber si sus aliados compartirán ese diagnóstico o si la iniciativa terminará siendo una prioridad impulsada únicamente por la actual administración.
Vacaciones sí, oportunidades también
El verano suele representar una pausa para millones de personas, pero el mercado laboral no entra en modo vacaciones. Mientras muchos candidatos reducen el ritmo de su búsqueda de empleo, las empresas mantienen activas sus estrategias de reclutamiento porque las necesidades de talento no se detienen. En un entorno donde los procesos de selección son cada vez más digitales, una entrevista puede llegar lo mismo desde la oficina que desde un destino turístico.
De acuerdo con Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, hoy es posible participar en entrevistas, presentar evaluaciones e incluso avanzar varias etapas de un proceso de selección desde cualquier lugar con una buena conexión a internet.
Esta flexibilidad beneficia tanto a las organizaciones, que agilizan la contratación, como a los candidatos, quienes ya no necesitan posponer sus vacaciones para mantenerse vigentes en una oportunidad laboral, sin embargo, esta nueva realidad también exige mayor disciplina y capacidad de organización.
Uno de los errores más comunes es asumir que el periodo vacacional justifica desconectarse por completo cuando se está buscando empleo. En realidad, la diferencia entre avanzar o quedar fuera de un proceso puede estar en responder un mensaje a tiempo, confirmar una entrevista o preparar adecuadamente una videollamada, ya que la disponibilidad, la puntualidad y la preparación siguen siendo señales de compromiso que los reclutadores valoran, sin importar desde dónde se conecte el candidato.
Las vacaciones tampoco deben convertirse en una fuente de estrés, porque planificar con anticipación, informar al reclutador sobre las fechas de viaje, identificar espacios adecuados para una videollamada y contar con alternativas de conexión, son acciones sencillas que permiten disfrutar del descanso sin poner en riesgo una oportunidad profesional. La clave está en encontrar un equilibrio entre el tiempo personal y las responsabilidades que implica participar en un proceso de selección.
En un mercado laboral cada vez más digital, la flexibilidad ya no es exclusiva de las empresas; también es una competencia que los candidatos deben desarrollar.
Aprovechar la tecnología para mantenerse disponible, sin renunciar al descanso, demuestra adaptabilidad, organización y compromiso, después de todo, una oferta laboral puede aparecer en cualquier momento, incluso cuando el mejor escenario parece ser una playa o una montaña.
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