Cuando a dos semanas de haber asumido el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su programa de vivienda y regularización, en el que se contempla la construcción de un millón de nuevos espacios habitacionales a lo largo del sexenio, parecía que por fin el Estado se haría cargo de una deuda pendiente con la sociedad, una deuda que se había venido posponiendo administración tras administración.
La pregunta obligada en ese momento era de dónde habrían de salir los recursos para el financiamiento; hoy sabemos que por lo menos una buena parte provendrá de las subcuentas que los trabajadores tienen en el Infonavit, hablamos de 2.4 billones de pesos de capital privado de los cuales el Estado echará mano, en una operación que ya fue validada por ambas cámaras, por lo que su utilización es inminente.
Hace unos días, el Senado aprobó sin cambios una polémica reforma a la Ley del Infonavit en la que los ahorros de los cuentahabientes, podrían verse comprometidos pese a las declaraciones de funcionarios de que los recursos estarán respaldados por el gobierno federal.
El epicentro de las interrogantes se encuentra en la creación de una empresa filial, conforme a la legislación mercantil, responsable de la construcción de vivienda, una empresa cuyas reglas no quedan claras y que manejará los recursos de los trabajadores a su libre albedrío, un resquicio que si no se cierra podría abrir la puerta al botín político.
La excesiva participación del Estado en un órgano en el que aportan trabajadores y patrones, también deja muchas dudas. Particularmente en la designación del director general a cargo del jefe del Ejecutivo, en este caso Octavio Romero Oropeza, quien hizo un pobre trabajo en Pemex, particularmente en lo que a uso de recursos se refiere; más aún tendrá derecho de veto sobre las resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia que no sean unánimes. Antes de la reforma, el nombramiento era parte de las facultades de la Asamblea General. La buena noticia es que se mantiene el carácter tripartito del Instituto (gobierno, patrones, trabajadores), aunque disminuye el número de sus integrantes en los órganos internos.
Es indudable que la nueva ley viene aparejada con la esperanza de millones de mexicanos con bajos recursos para hacerse de una vivienda propia, más aún les ofrece la posibilidad de obtener una propiedad en renta que posteriormente podrán adquirir. Frente a la falta de presupuesto Sheinbaum encontró una alternativa para cubrir una necesidad apremiante, el éxito del programa requiere del seguimiento puntual de los recursos aparejado con una gran transparencia, es mucho dinero en juego, una tentación que para algunos puede ser grande.
A río revuelto: el efecto Trump
Muchas podrían ser las repercusiones en México de las imposiciones de Donald Trump y una de ellas sería la fuga de capitales extranjeros invertidos en la República Mexicana.
Tal es el caso de la automotriz japonesa Nissan, cuyo CEO Global anunció que la producción que la compañía lleva a cabo en México podría mudarse a otro país, si es que entran en vigor los aranceles de 25 por ciento con los que amaga el mandatario estadounidense.
Esto, desde luego generaría la pérdida de miles de empleos de trabajadoras y trabajadores mexicanos que desde hace años obtienen sustento económico del arraigo que la empresa nipona ha logrado en nuestro país, ya que Nissan es el segundo fabricante más importante de vehículos en México, después de General Motors.
No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó que la ensambladora pudiera retirar su producción de México ya que ello implicaría que la automotriz perdiera el mercado nacional pues la mayor parte de los vehículos fabricados son para su venta en territorio mexicano.
Lo ideal es que todo quede en el amago y en la especulación, en tanto, las ocurrencias de Trump seguirán generando, al menos durante los próximos cuatro años, aguas turbulentas en un río ya de por sí revuelto.
¿Seguir haciendo América grande? Un tercer periodo de Trump
Lo único bueno que muchos ven de la presidencia de Donald Trump, es que durará sólo cuatro años. Bueno, pues para agriar el consuelo, a manera de broma, en espacios entre republicanos y simpatizantes, Donald Trump ha bromeado con la posibilidad de un tercer mandato. “¿Se me permite presentarme de nuevo?”; “Supongo que no me presentaré de nuevo a menos que ustedes digan: ‘Es tan bueno que tenemos que pensar en otra cosa’”, “Vamos a ganar cuatro años más. Y después de eso, iremos por otros cuatro años”.
La 22ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece, de manera explícita y sin margen de interpretaciones, que ninguna persona puede elegirse más de dos veces para el cargo de presidente. Sin embargo, no extrañe que las bromas de Trump escondan una intención real, considerando su autoritarismo, su tendencia por romper las reglas, y por el antecedente de su rechazo al triunfo de Joe Biden y su condescendencia al asalto a Capitolio de 2021.
El escenario es poco probable, pero sí posible. Primero, tendrá que desmantelar el equilibrio de poderes y las resistencias institucionales internas, lo cual está haciendo. Segundo, armar un movimiento popular a favor de derogar la 22ª enmienda (y lo de armar en sentido figurado y literal). Tercero y determinante, lograr una mayoría absoluta de dos terceras partes de las Cámaras, en las elecciones intermedias de 2026. O, más complicado, lograr que dos terceras partes de las asambleas legislativas de los estados de la Unión convoquen a una Convención para proponer la derogación. Cabe recordar que la 22ª es una Enmienda relativamente reciente, promulgada en 1951.
Una opción extravagante es presentarse como candidato a la vicepresidencia y, quien se preste como pelele de presidente, renuncie y ascienda Trump. La alternativa dictatorial sería que el magnate terminara con la democracia estadounidense para optar por una dictadura, con la promesa de “seguir haciendo a América más grande de nuevo”. No es coincidencia que en la red social X de Elon Musk abunden historias de éxito de empresarios autoritarios -como el propio Musk-; o políticos como Lee Kuan Yew en Singapur, y hasta Nayib Bukele en El Salvador.
La posibilidad del tercer periodo se ve remota, pero no hay que descartarla. Después de todo, Trump no lo ha hecho.
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