En las últimas semanas algo parece haber cambiado en el tono beligerante que caracteriza a Donald Trump, por lo menos en el plano internacional. Contra muchos pronósticos, no hemos visto una escalada desbordada contra Irán, tampoco una ruptura económica contra China, ni una ofensiva particularmente agresiva hacia Cuba.
El discurso sigue siendo duro, pero detrás de esa retórica empieza a percibirse un Trump más contenido, más selectivo y mucho más consciente de los costos económicos de cada confrontación.
No es casualidad. Conforme Estados Unidos se acerca a las elecciones intermedias, la Casa Blanca enfrenta un dilema delicado: mantener la narrativa soberanista que llevó al empresario de regreso al poder sin provocar una crisis económica que termine golpeando al propio electorado.
Y ahí la clave del cambio: pelear con China, Irán e incluso abrir nuevos frentes internacionales puede tener consecuencias inmediatas sobre inflación, petróleo, mercados financieros y cadenas de suministro. Trump parece entender que un presidente puede sobrevivir a una crisis diplomática; a lo que difícilmente puede sobreponerse es a una economía debilitada antes de unas elecciones.
Eso no significa necesariamente que Trump esté moderándose: más bien parece estar reorganizando sus prioridades. Y en esa reorganización México vuelve a ocupar un lugar protagónico. Históricamente, pocos temas resultan tan rentables electoralmente en la Unión Americana como la migración, la frontera, el narcotráfico y el empleo manufacturero.
Son asuntos visuales, emocionales y políticamente movilizadores. Además, tienen una ventaja estratégica para Washington: permiten endurecer el discurso nacionalista a muy bajo costo, lo que no ocurriría en el caso de China.
Esa es una de las grandes paradojas de la relación bilateral en la actualidad. Estados Unidos necesita a México más que nunca; lo que ocurre es que ya no solo quiere una frontera contenida; quiere además controlar qué tipo de inversiones llegan a México, qué empresas chinas se instalan en el país y qué tan alineada permanece la política económica mexicana con los intereses estratégicos estadounidenses.
El viejo debate migratorio ahora se entrelaza con competencia tecnológica, cadenas de suministro, seguridad energética y rivalidad geopolítica.
Por eso seremos testigos, en los próximos meses, de una combinación peculiar: menos disposición estadounidense a abrir crisis globales de alto impacto económico y una retórica –que ya empieza a percibirse– mucho más agresiva hacia México.
La realidad es que nuestro país representa un adversario políticamente cómodo para una muy buena parte de la clase política estadounidense. A diferencia de China, presionar a México no desploma Wall Street. A diferencia de Irán, no dispara el precio del petróleo.
Y a diferencia de Rusia, no implica riesgos militares globales. En términos electorales, la frontera ofrece imágenes poderosas, genera polarización inmediata y permite proyectar autoridad sin asumir costos mayores.
La próxima revisión del T-MEC probablemente acelerará más esa dinámica. Trump necesita demostrarle a su base electoral que el regreso de industrias hacia Norteamérica beneficia primero a Estados Unidos. Y eso inevitablemente puede conducir a nuevas fricciones con México, particularmente en sectores automotrices, energéticos y tecnológicos.
La presión contra inversiones chinas instaladas en territorio mexicano podría convertirse incluso en uno de los principales puntos del conflicto bilateral.
La imagen de un Trump exaltado parece estarse difuminando, lo que vuelve el escenario más complejo: un Trump más disciplinado capaz de utilizar a México como instrumento electoral sin romper realmente la integración económica entre ambos países. Ese tipo de presión suele ser más constante, más calculada y mucho más difícil de contener diplomáticamente.
La tentación del chantaje masivo
La política es, fundamentalmente, una ciencia de tiempos y símbolos. Por ello, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de convocar a un informe nacional masivo, vía plazas públicas interconectadas, para conmemorar los dos años de su triunfo electoral resulta no solo inoportuna, sino estratégicamente desacertada.
A escasos días de que el balón ruede en el Estadio Azteca y el país se convierta en el escaparate del mundo con el inicio del Mundial de Futbol, abrir una arena de autoelogio y confrontación política es un error de cálculo que el Gobierno federal podría pagar muy caro.
La coyuntura actual de México no está para celebraciones anticipadas ni tarimas ideológicas. La inminente llegada de millones de visitantes y el foco de la prensa internacional debieron haber obligado a una tregua narrativa, priorizando la estabilidad, la logística y la seguridad. En su lugar, el anuncio de este balance político ha funcionado como un faro de atracción para el oportunismo de diversos sectores descontentos, quienes han encontrado en la vitrina mundialista el arma perfecta de coacción.
Organizaciones sindicales radicalizadas, colectivos agrarios y grupos de presión social ya han tomado nota. Saben perfectamente que al Gobierno le urge proyectar una imagen de control y paz de cara a la FIFA y los ojos del mundo. Al adelantar un baño de masas en este preciso momento, el Ejecutivo no hace más que recordarles a sus opositores lo alta que está la apuesta. La amenaza velada de “desquiciar la ciudad” o “boicotear” las inmediaciones de los estadios si no se cumplen sus demandas ya no es un amago rutinario; es un intento de doblar las rodillas del Estado utilizando el prestigio internacional del país como rehén.
Ceder ante el chantaje de quienes buscan lucrar políticamente con el caos urbano durante el magno evento sentaría un precedente desastroso. Sin embargo, ignorar que la polarización del informe enciende la mecha de la movilización social es pecar de una peligrosa ingenuidad. El derecho a la libre manifestación es innegable, pero el oportunismo de paralizar una capital con un aforo turístico histórico sobrepasa la protesta legítima para convertirse en extorsión pública.
El Gobierno federal argumenta que este informe es un ejercicio necesario de “rendición de cuentas”. No obstante, en el delicado tablero de la estabilidad nacional, el verdadero acto de responsabilidad republicana habría sido el silencio institucional y la concentración absoluta en garantizar que el engranaje del país funcione a la perfección.
En lugar de blindar la casa antes de recibir a los invitados, se ha decidido abrir las puertas para un mitin de facciones. Esperemos que la obstinación por los aniversarios políticos no termine entregándole el control de las calles a quienes, con banderas particulares, están dispuestos a secuestrar la imagen de toda una nación.
A ver si después de esto seguimos creyendo que las encuestas de popularidad tienen a este gobierno arriba del 60 %.
Certidumbre para llegar a buen puerto
En 2020, a inicios del sexenio lopezobradorista, la administración de portuaria fue transferida de la todavía Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina, lo cual fue un parteaguas de la administración pública federal, al tratarse de las primeras decisiones en las que dejaban en manos de las fuerzas armadas el control de sectores hasta entonces de competencia civil.
Para Luz Alicia Iturbe de Garay, consejera Jurídica de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, la medida ha significado una mayor seguridad y trazabilidad documental y técnica, pero retrasos en la operación, en procesos regulatorios y trámites más exigentes y tardados, así como una inversión estancada, la cual, si bien no se ha ido, tampoco se ha incrementado.
Ante miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, la doctora en derecho marítimo y portuario, consideró que es necesario encontrar un equilibrio entre seguridad y operatividad, puesto que una sobrerregulación enfocada únicamente en controles y vigilancia puede afectar la eficiencia logística y la competitividad internacional del país. Por ello, la especialista recomendó simplificar trámites, ventanillas y expedientes; planeación por capacidad; participación de todos los actores involucrados para resolver cuellos de botella y, fundamental, certeza jurídica.
Como la mayoría de las grandes inversiones en infraestructura, el desarrollo portuario requiere certidumbre a largo plazo, tanto en lo jurídico, como en programas maestros de desarrollo y cumplimiento de la planeación estratégica más allá de sexenios. Inversiones que se mantienen iguales no generan parálisis sino retraso: se necesita modernizar los puertos con la incorporación de tecnologías digitales para su operación; dragado de mayor profundidad para los nuevos buques con mayor capacidad; conectividad ferroviaria y carretera; ampliación de muelles y patios; entre otros.
A estas alturas es imposible y hasta contraproducente regresar la administración portuaria a la SICT, sin embargo, hay varias áreas de oportunidad que se pueden mejorar de la administración portuaria a cargo de la Marina, sin perder lo ya avanzado.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte informado
