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La fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha concluido para la Selección Mexicana de una forma que ni el más optimista de los aficionados se habría atrevido a pronosticar. El cierre con una contundente victoria de 3-0 frente a la República Checa confirma un liderato perfecto en el Grupo A.
El equipo de todos no convence a todos, pero gana. Por primera vez en décadas transmite una solidez colectiva que invita a una palabra tradicionalmente peligrosa en el vocabulario futbolístico nacional: soñar.
Sin embargo, en el fútbol mexicano, la fase de grupos rara vez ha sido el verdadero termómetro del éxito. El verdadero torneo, el de matar o morir, arranca el próximo martes 30 de junio en los dieciseisavos de final.
A diferencia de procesos anteriores marcados por las dudas y las fracturas internas, este combinado nacional llega impulsado por factores muy tangibles que sostienen la ilusión: la solidez de su defensa y su portero, la combinación de experiencia y juventud y lo imponente que ha resultado el apoyo de la afición en cualquier lugar donde juegue.
Aunque el panorama inmediato luce favorable al tener garantizado un enfrentamiento contra uno de los mejores terceros lugares, donde Escocia se perfila estadísticamente como el rival más probable con un 34.8%, el verdadero reto radica en el largo plazo.
Si las matemáticas y las proyecciones no fallan, avanzar a los octavos de final podría cruzar los caminos de México con potencias de la talla de Inglaterra. Es ahí donde la solidez defensiva actual se pondrá a prueba de fuego. El nuevo formato de 48 selecciones añade una ronda extra (los dieciseisavos), lo que significa que el mítico “quinto partido” ya no equivale a los cuartos de final, sino a los octavos. Para alcanzar la verdadera gloria de estar entre los mejores ocho, se requerirá más que un entorno favorable; se necesitará una consistencia mental inquebrantable.
Hoy, el jugador mexicano ha cambiado, es versátil, es potente, tiene mentalidad, habla idiomas, nace dondequiera y está acostumbrado a ganar… por todo eso, sí, sí se puede soñar con cualquier cosa.
¿Quién no quiere el registro de números de celular?
Finalmente, ante la insistencia de las empresas telefónicas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga escalonada para el registro de líneas de teléfonos móviles de prepago. Es decir, entre agosto y diciembre de este año se podrán registrar las líneas con fecha límite de acuerdo al último dígito de su número. Pasando la fecha, las líneas de prepago sin registro quedarán bloqueadas, sin datos móviles ni SMS.
De acuerdo a la propia Comisión, hasta el pasado 22 de junio, se habían registrado 62 millones 582 mil 340 de líneas de teléfonos celulares, equivalente al 43 por ciento de las 144 millones 585 mil 131 de líneas activas, es decir, aquellas que registraron una llamada telefónica en el último trimestre.
Se ha argumentado que el más de 50 por ciento sin registro se debe a la desconfianza en las autoridades por la supuesta vulnerabilidad de los datos personas, e incluso, que facilitaría el espionaje de las líneas, sugiriéndose también que esas 82 millones 2mil 791 líneas sin registrar son un rezago de una número similar de personas que quedarán incomunicadas.
La realidad es que actualmente no se sabe cuántas de estas más de 80 millones de líneas tienen a un propietario de una o más que no le conviene hacer el registro, sea por razones privadas o ilícitas, tanto del uso que hace de la línea, como de identidad o ubicación propia. Pero hay más detrás.
Está la inconformidad de las empresas de ser ellas las responsables de resguardar dichas bases de datos y, no menos importante, la caída en ventas y en abonos al saldo de líneas de prepago que significa el registro de estas líneas.
Por el contrario en México, hoy en día, cualquiera puede comprar un teléfono celular o un chip en una tienda de conveniencia o un vendedor callejero sin registrarlo. Eso ha permitido la proliferación de delitos como fraudes, extorsiones o la facilidad para que integrantes del crimen organizado se comuniquen con celulares que desechan constantemente.
El registro no significará el fin de estos delitos, pero sí una reducción, prevención y facilidad en el combate de los mismos y muchos otros ilícitos, y es poner orden en un mercado que, hasta ahora, ha operado sin bases de datos sobre más de 100 millones de líneas telefónicas móviles, algo común en muchos países, incluso con requisitos más rigurosos. Inútil e inconveniente será que, una vez finalizados los plazos definitivos, se vuelva a pedir prórroga por aquellos que, en realidad, desde un principio, descartaron registrarse, por razones que no tienen nada que ver con la desidia, ni la ignorancia, sino por las consecuencias que ello implica.
Deportaciones exprés y los límites del poder
La decisión de un tribunal de apelaciones que autoriza a la administración de Donald Trump a ampliar las deportaciones aceleradas va más allá de un ajuste de la política migratoria estadounidense. Se trata de una decisión que fortalece la capacidad del gobierno para expulsar migrantes sin la intervención de un juez y reabre un debate sobre los límites del poder del Estado, el debido proceso y la protección de los derechos humanos.
Hasta hace poco, las deportaciones aceleradas se utilizaban principalmente con personas detenidas cerca de la frontera poco después de haber ingresado al país. Con el nuevo fallo, el gobierno podrá aplicar este mecanismo en cualquier parte del territorio estadounidense a migrantes que no puedan demostrar una permanencia continua de al menos dos años. El objetivo salta a la vista: agilizar expulsiones, reducir la carga sobre los tribunales migratorios y reforzar la aplicación de la ley.
Los defensores de la medida sostienen que Estados Unidos enfrenta un sistema migratorio desbordado. Millones de casos permanecen pendientes en los tribunales y los procedimientos pueden extenderse durante años. Desde esta perspectiva, acelerar las deportaciones es una herramienta legítima para recuperar el control fronterizo y hacer cumplir la legislación en curso.
La ampliación de las deportaciones aceleradas coincide con una expansión sin precedentes del sistema de detención migratoria. De acuerdo con un informe conjunto publicado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, la población bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pasó de alrededor de 40 mil personas a más de 71 mil en poco más de un año. El mismo reporte señala que 2025 registró 39 muertes bajo custodia migratoria, la cifra anual más alta desde la creación del ICE en 2003.
Es importante señalar que estos datos no prueban en sí mismos una vinculación entre las deportaciones aceleradas y las muertes registradas en los centros de detención. Sería una irresponsabilidad afirmarlo. Pero sí sugieren que ambos fenómenos forman parte de una misma estrategia de endurecimiento migratorio caracterizada por un aumento acelerado de arrestos, detenciones y expulsiones.
Por su parte, organizaciones como la American Civil Liberties Union han advertido que la expansión de las deportaciones aceleradas reduce las oportunidades de revisión judicial y aumenta el riesgo de errores administrativos. Sus críticos sostienen que una persona podría ser deportada sin haber tenido una oportunidad suficiente para presentar pruebas, solicitar asilo o demostrar vínculos legítimos con el país. Las autoridades federales rechazan estas preocupaciones y argumentan que el procedimiento cumple con la legislación vigente y resulta indispensable para garantizar la aplicación efectiva de leyes migratorias.
Ninguna nación puede renunciar al control de sus fronteras. Toda sociedad tiene el derecho y la obligación de definir sus políticas migratorias. Pero también es cierto que la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por su capacidad para hacer cumplir la ley. Se mide igualmente por su disposición a garantizar que el ejercicio de esa autoridad se encuentre sujeto a controles, supervisión y límites claros.
Por ello, el debate abierto por las deportaciones aceleradas trasciende la cuestión migratoria. No se trata únicamente de quién puede permanecer en Estados Unidos y quién debe abandonarlo. Se trata de determinar hasta dónde puede llegar el poder gubernamental en nombre de la eficiencia y la seguridad, y cuáles son las salvaguardas que una democracia está dispuesta a preservar incluso en los momentos de mayor presión política.
Las preocupaciones expresadas no provienen exclusivamente de actores políticos. Han sido documentadas por organizaciones de derechos humanos, asociaciones médicas y organismos de supervisión que han observado con inquietud la evolución del sistema de detención migratoria estadounidense. Ignorar esas advertencias sería un error. Atenderlas, en cambio, puede ser una oportunidad para recordar que la legitimidad de un Estado no depende solamente de su capacidad para ejercer el poder, sino también de la manera en la que decide limitarlo.
La libertad de ser uno mismo en el empleo
Durante mucho tiempo, la conversación sobre el empleo se centró casi exclusivamente en el salario, las prestaciones o las oportunidades de crecimiento, sin embargo, el mercado laboral ha evolucionado y hoy los profesionales también valoran la posibilidad de desarrollarse en organizaciones donde puedan expresarse con autenticidad, aportar desde su identidad y construir relaciones laborales basadas en el respeto.
En ese contexto, la inclusión ya no debe entenderse como una campaña temporal o un mensaje institucional. Para las empresas, construir entornos donde todas las personas, incluidas las de la comunidad LGBT+, puedan desarrollarse sin temor a la discriminación representa una ventaja competitiva y los espacios laborales seguros fortalecen el compromiso, favorecen la permanencia del talento y generan equipos más diversos, creativos y productivos.
Elegir un nuevo empleo implica mucho más que evaluar el salario o las prestaciones, ya que cada vez más candidatos buscan organizaciones cuya cultura les permita crecer profesionalmente en entornos donde puedan expresarse con autenticidad, sentirse valorados por su talento y construir relaciones laborales basadas en el respeto.
Pero la responsabilidad también recae en quienes buscan una oportunidad laboral. Para Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, elegir una empresa implica investigar más allá de la vacante: revisar si sus valores se reflejan en acciones concretas, conocer sus políticas de inclusión, identificar programas permanentes de apoyo a la diversidad y aprovechar el proceso de entrevista para resolver dudas sobre la cultura organizacional. En un entorno donde el talento tiene cada vez más opciones, seleccionar el lugar adecuado es una decisión estratégica para el desarrollo profesional.
Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT+, vale la pena recordar que el éxito profesional no debería exigir ocultar quiénes somos y que las organizaciones que reconocen el talento por las capacidades y el desempeño, y no por la orientación sexual o la identidad de género de las personas, están construyendo el futuro del trabajo. Al final, el mejor empleo no es solo el que ofrece crecimiento económico, sino aquel que también brinda la confianza, el respeto y la libertad para desarrollarse con autenticidad todos los días.
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