La empresa Suave y Fácil (CV Directo) se dedica a la publicidad por televisión. Tiene diversos accionistas, dentro de los que destacan dos grupos: la mayoría detentada por Luis Epelstein Rapaport y su hijo Samuel Epelstein Mussan; y otro grupo integrado por Karla Beatriz Zermeño, Hugo Pérez Pla y María del Pilar Cruz Robayo.
La sociedad está administrada por los Epelstein, bajo el acuerdo de que los administradores no tendrían emolumentos ni beneficios adicionales, ya que todo el “know-how” del negocio lo aportó el grupo minoritario.
La sociedad siempre se manejó con cierta opacidad, pero con confianza entre socios. A finales del año pasado, se empezaron a detectar faltantes, así como gastos irregulares en favor de los administradores, tales como gastos personales, honorarios de terceros y cobro de emolumentos de los administradores que estaban prohibidos por los estatutos, lo que implicó que se ingresara en un proceso de venta.
Ya en el proceso de venta, se tuvo conocimiento de que los Epelstein obtuvieron créditos de BBVA y Cibanco con cargo a la empresa y que el dinero obtenido por los mismos se distrajo en su beneficio personal.
Mostrando buena fe, el grupo minoritario estaba de acuerdo en comprar o vender las acciones a un mismo precio, mientras que los Epelstein, por el contrario, ofrecieron un precio de compra por acción 60% abajo del precio en el que estarían dispuestos vender.
La postura inflexible de los Epelstein deriva del apoyo que han obtenido del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, por conducto de uno de los abogados que lo manejan, de nombre David Cohen Sacal, y con el apoyo de la jueza Magdalena Malpica Cervantes, titular del Juzgado Noveno Civil.
Corrupción en tribunales y el historial de la jueza Malpica
La forma en la que opera este grupo de Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es a través de “órdenes previas a juicio” en las que, sin escuchar a los afectados, y sin publicar sus resoluciones, imponen cargos a los demandados que van desde el arresto, congelamiento de cuentas, suspensión de repartos, etcétera. Este tipo de actos implican una negación del Estado de Derecho.
Un ejemplo de este tipo de actos lo constituye la reciente medida que impuso la misma jueza Malpica, para que la UNAM no resolviera el tema del título de la Ministra Yazmin Esquivel Mossa.
La presencia de la jueza en el caso de la Ministra no es coincidencia. Ella también fue la encargada de gestionar la demanda de Marcelo Ebrard contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez.
Otra reciente es el caso de La Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L en la que, en menos de veinticuatro horas, dictaron medidas en contra de 200 socios y distribuidores de la cementera, ordenando el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Otros ejemplos son el de Telesistema Mexicano S.A. de C.V. (Televisa) contra Imagen y Talento Internacional, S.A. de C.V.; el de Grupo Televisa, S.A. De C.V. vs. Alemán Magnani Miguel, así como el de Spica, de Alejandro Torrealba, en contra de Telefónica-Movistar. Siempre, con medidas previas a juicio, se fuerza a los demandados a claudicar.
El caso de CV Directo
En el caso de CV Directo, la Juez Noveno de la Ciudad de México, recibió una demanda promovida por Luis Epelstein Rapaport y su hijo Samuel Epelstein Mussan, el día 27 de abril de 2023 a las 11:23:57.
En dicho juicio se señala como demandada a la empresa Suave y Fácil, pero en realidad es el mismo abogado el que maneja tanto al actor como al demandado en un juicio simulado, en el que se emiten las órdenes en contra de Karla Beatriz Zermeño, Hugo Pérez Pla y María del Pilar Cruz Robayo, las cuales van desde el arresto, congelamiento de pagos, privación de la posesión de bienes personales, apropiación de derechos de autos.
Los tiempos son elocuentes aquí: en menos de 24 horas después de haber recibido la demanda, la jueza Malpica concedió las medidas precautorias, cuando ni siquiera había la demanda.
La jueza Malpica firmó el auto que admitió la demanda electrónicamente hasta las 14:04 de la tarde, es decir, cuatro horas después de concedidas las medidas (9:50 am). También, antes de que se admitiera la demanda (14:04), exactamente a las 11:45 horas del propio día 28 de abril, se presentó una apoderada de Suave y Fácil en el Juzgado (obrando en contubernio actor y demandado) y se notificó de una demanda que aún no había sido admitida.
En este sentido, primero se dictan las órdenes, luego se emplaza al supuesto demandado y al final se admite la demanda, lo cual constituye una aberración. Además, ninguna de estas resoluciones fue publicada conforme a derecho.
Una prueba más del fraude
Las notificaciones de Suave y Fácil (demandado) en los amparos derivados del juicio las recibe el propio actor (Luis Epelstein). Más aún, es la empresa demandada quien ha pagado los honorarios del abogado del actor.
El monto de honorarios es prueba de que no se está pagado un servicio jurídico normal. Suave y Fácil ha pagado al abogado de Luis Epelstein más de siete millones, lo cual constituye un evidente prevaricato además de un fraude.
Así, llegando ya inclusive a órdenes de arresto, se pretende presionar a los demandados para vender sus acciones en el cuarenta por ciento de su valor.
Las quejas en contra de la jueza son estériles, ya que la resuelve la misma cúpula del Tribunal Superior de Justicia (Rafael Guerra).
Los abogados de los demandados, cómo única alternativa, han optado por recurrir a instancias internacionales, presentando denuncias contra el Estado Mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se impondrán acciones legales en los Estados Unidos de América con base en el FCPA (Foreing Corruption Practices Act).
Sin embargo, estos procesos son lentos y es probable que cuando se resuelvan el daño a la empresa será irreversible.
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