¿Cuánto depende nuestra vida cotidiana de un recurso que prácticamente nunca vemos? La respuesta está en nuestro smartphone.
Desde revisar redes sociales mientras desayunamos hasta escuchar música o un podcast durante el trayecto al trabajo, ver una serie, participar en una videollamada, pedir un transporte, realizar una transferencia bancaria o simplemente enviar un mensaje, buena parte de nuestra vida digital depende de que exista capacidad suficiente en las redes móviles.
Detrás de esa capacidad está el espectro radioeléctrico: un recurso público limitado que permite que los dispositivos se conecten de manera inalámbrica.
Por eso, hablar de cuánto cuesta el espectro no es solamente hablar de Telcel, AT&T, Movistar o de operadores móviles virtuales (OMVs) como Bait, OXXO Cel, izzi Móvil, Virgin Mobile y Mega Móvil (Megacable). También es hablar de la experiencia que millones de mexicanos tienen cada día con su teléfono.
Un consumidor de prepago quizá no vea una factura mensual. Compra una recarga de $50, $100 o $200 y decide cuánto y cuándo utilizar sus datos. Un usuario de pospago, en cambio, contrata una cantidad determinada de datos, llamadas y otros servicios y paga periódicamente por ellos.
Los modelos son diferentes, pero ambos dependen de la misma infraestructura
Cuando aumenta el tráfico de datos, los operadores necesitan ampliar capacidad, modernizar equipos, densificar sus redes y disponer de espectro suficiente. El problema aparece cuando ese recurso representa una carga económica elevada, porque cada peso destinado a derechos de espectro es un peso que forma parte de la ecuación financiera con la que las empresas deciden cuánto y dónde invertir.
El impacto, por tanto, no necesariamente se presenta como un aumento inmediato en el precio de un plan. Puede manifestarse de otras maneras: menor capacidad disponible en determinadas zonas, inversiones que se postergan, menor velocidad en momentos de alta demanda o una expansión de cobertura que tarda más en llegar.
El análisis del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) identificó precisamente estos riesgos: mayores precios para los consumidores, menor calidad de los servicios, menor inversión en expansión de cobertura y menores incentivos para la entrada o expansión de competidores.
La dimensión del reto aumenta conforme cambia la manera en que utilizamos el celular
El smartphone dejó de ser únicamente un teléfono. Es televisión, cámara, cartera digital, consola de videojuegos, herramienta de trabajo, dispositivo educativo y puerta de entrada a redes sociales, banca móvil, movilidad y servicios digitales.
El apetito de los mexicanos por los datos crece más rápido que la capacidad de la infraestructura para soportarlo. Cada video en alta definición, transmisión en vivo o videollamada ejerce mayor presión sobre las redes: el tráfico de datos móviles se duplica aproximadamente cada dos años.
El reto es que México cuenta con apenas 564.16 MHz de espectro asignado, muy por debajo de los 1,720 MHz que recomienda la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), una brecha que plantea interrogantes sobre la capacidad del país para responder a la creciente demanda de conectividad.
Esto genera una paradoja: los consumidores quieren cada vez más datos y mejores velocidades, pero las redes necesitan inversiones constantes para responder a esa demanda.
Y aquí aparece una diferencia importante entre los modelos de consumo.
Para alguien con un plan de pospago, una red congestionada puede significar una experiencia deficiente pese a tener gigabytes disponibles en su contrato. Para un usuario de prepago, puede significar que una recarga que antes alcanzaba para determinados hábitos digitales rinda menos si aumenta el consumo de datos o si necesita contratar paquetes adicionales.
No significa que el precio del espectro determine directamente el precio de una recarga o de un plan. Las tarifas dependen de múltiples factores: competencia, costos de red, equipos, operación, impuestos, estrategia comercial y demanda.
Pero el espectro sí forma parte de la estructura que hace posible prestar el servicio.
Por eso resulta relevante que México encuentre un equilibrio entre la recaudación pública y la capacidad de los operadores para seguir invirtiendo. El propio documento plantea que una reducción de los costos hacia referencias internacionales podría permitir mayor inversión, ampliar cobertura y aumentar la capacidad de las redes.
La discusión también debería considerar a todos los jugadores. Telcel, AT&T y Movistar enfrentan estructuras distintas de escala, ingresos y tenencia espectral, mientras que los OMV participan mediante modelos basados en capacidad mayorista.
Para el consumidor, sin embargo, la distinción termina siendo menos importante cuando abre una aplicación y espera que cargue un video, cuando realiza una videollamada desde una zona de alta demanda o cuando necesita conectividad para trabajar.
El usuario no compra MHz. Compra conectividad. Y esa conectividad se ha convertido en una parte esencial de su estilo de vida.
Por eso, el debate sobre el espectro debería medirse también desde la experiencia del consumidor: cuántas personas tienen cobertura, qué velocidad reciben, cuánta capacidad existe cuando millones se conectan simultáneamente y cuánto cuesta mantener esa conexión disponible.
La pregunta ya no es solamente cuánto paga un operador por utilizar el espectro, sino cuánto le cuesta a México garantizar que una persona pueda seguir conectada a su trabajo, su entretenimiento, su educación, sus finanzas y sus relaciones personales desde un dispositivo que lleva todos los días en el bolsillo.
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