De no ser por el accidente automovilístico del 19 de abril pasado en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, nadie se hubiera enterado de la presencia de dos agentes de la CIA en un operativo de la fiscalía estatal.
Lo que siguió después fue una confrontación entre el gobierno federal y estatal, al reclamar el primero la violación de la Ley de Seguridad Nacional al no haberse informado por los canales conducentes la participación, colaboración, o lo que fuera que había entre la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y las autoridades chihuahuenses.
Apenas diez días después el Departamento de Justicia de EEUU presentó la acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y políticos sinaloenses, lo cual le restaba fuerza al argumento leguleyo de Claudia Sheinbaum contra un gobierno de oposición frente al solapamiento al gobernador sinaloense acusado de crimen organizado.
Fueron días en que, por fin, el PAN veía emerger un liderazgo nacional en la persona de la gobernadora María Eugenia Campos Galván —Maru Campos—, quien argumentaba la prioridad del combate a la delincuencia y la seguridad de los ciudadanos, una narrativa empática donde el asidero legal no quedaba claro pero era lo de menos. Hasta presidenciable la vio la dirigencia panista que la paseó por todos lados.
El pleito fue disminuyendo aunque la investigación de la FGR seguía. Finalmente, el pasado 17 de octubre fue aprehendido el exfiscal César Jáuregui Moreno por el delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición por parte de la FGE de Chihuahua, mientras la fiscalía federal obtuvo una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria.
Entonces Maru Campos salió con lugares comunes de nadie por encima de la ley y hasta a decir que Jáuregui “se fue por la libre” y no informó de la presencia de los agentes de la CIA. En el PAN varios vieron eso como una traición. Y todavía faltaba más.
Y es que Jáuregui no es un exfuncionario cualquiera. Es un panista que ha sido diputado local, candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, coordinador de campaña por la gubernatura de Campos y esta lo nombró secretario de Gobierno de donde pasó a ser fiscal estatal. No menos importante, es uno de los principales operadores electorales del PAN chihuahuense.
Hasta antes del escándalo, Jáuregui aspiraba a ser candidato a gobernador y todavía después veía posibilidades de ir por la presidencia municipal de la capital. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha revelado que Maru Campos le dijo en septiembre que Jáuregui estaba metido en actos de corrupción, tenía casinos y él fue quien autorizó a los agentes estadounidenses.
¿Qué hizo cambiar a Maru Campos?
Hay varios factores que al parecer influyeron y no se excluyen: uno que, en efecto, hubo una violación a la Ley de Seguridad Nacional y que prefirió cortar el alcance penal del mismo en el entonces fiscal César Jáuregui antes de que llegara a ella; dos, que Maru lo hizo para despejarle el camino a la candidatura para múnicipe de la Ciudad de Chihuahua a Santiago de la Peña, actual secretario de Gobierno, de acuerdo al abogado y la esposa de Jáuregui quien, todo indica, solo era un compromiso político y no de su equipo; y tres, que los sondeos indican que Chihuahua se pintará de guinda en 2027 y, como la mayoría de los exgobernadores panistas, Maru prefiere entregar la plaza a cambio de un retiro tranquilo y que se busquen a otra u otro para el 2030.
Trabajo infantil: el ingreso que no alcanza
Para algunas familias, que un hijo deje de trabajar para ir a la escuela significa perder dinero o quedarse sin ayuda en el negocio, el campo o la casa. En México, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil en 2025, 12.6% de la población de esas edades, según el INEGI. En 2015 eran 3.6 millones. La cifra llegó a 3.7 millones en 2022 y bajó desde entonces, pero una década después el problema sigue prácticamente en el mismo punto.
No todos esos menores hacen lo mismo ni están en las mismas condiciones. De los 3.5 millones, 1.8 millones realizaban ocupaciones no permitidas, ya fuera por no alcanzar la edad mínima para trabajar o por desempeñar actividades peligrosas. Otros 1.9 millones hacían quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, y alrededor de 200 mil combinaban ambas modalidades.
Entre quienes realizaban ocupaciones no permitidas, 27.7% trabajaba en el sector agropecuario, 27.3% en servicios y 24.5% en el comercio. El 56.9% tenía un empleo subordinado remunerado, 35% trabajaba sin pago y 8% por cuenta propia.
Además, 73.6% se desempeñaba en unidades económicas de dos a cinco personas y 60.2% trabajaba en establecimientos sin local. No todo se encuentra dentro de la informalidad, pero las cifras muestran cuánto del fenómeno ocurre en espacios pequeños y difíciles de vigilar.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Entre los menores en ocupaciones no permitidas, 52.9% percibía hasta un salario mínimo y 36.2% no recibía ingresos. El 36% aportaba dinero a su hogar. Sobre los motivos para trabajar, 30.6% mencionó el gusto por la actividad o el deseo de ayudar; 22.4%, pagar la escuela o cubrir sus propios gastos; 9.8%, la necesidad del hogar de contar con su trabajo, y 6.6%, la importancia de su aportación económica.
El INEGI también preguntó qué pasaría si dejaran de trabajar: 24.3% respondió que el hogar tendría que destinar ingresos a cubrir sus gastos y 11.8% anticipó una afectación al ingreso familiar. Para 41.7%, en cambio, no habría consecuencias en el hogar. La dependencia económica, por tanto, existe, pero no es igual en todas las familias.
La escuela es factor. Entre quienes no asistían a clases, la tasa de trabajo infantil alcanzaba 48.4%, frente a 9.9% entre quienes sí asistían. La diferencia no demuestra que trabajar provoque el abandono escolar, pero muestra la estrecha relación entre ambas situaciones.
La incidencia también es desigual: llegó a 24.9% entre la población indígena, casi el doble del promedio nacional. Y asistir a clases no garantiza haber dejado de trabajar. Un menor puede combinar ambas actividades y llegar al aula después de una jornada que le quite tiempo para descansar, estudiar o convivir con su familia. El problema no se resuelve sólo con lograr que se inscriba en la escuela; también son importantes qué hace el resto del día y en qué condiciones.
México ya probó una fórmula para aliviar esa presión. Progresa nació en 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y en 2000, con Vicente Fox, pasó a llamarse Oportunidades. Las transferencias económicas estaban vinculadas, entre otros requisitos, a la asistencia escolar y a la atención preventiva de la salud. Las evaluaciones encontraron mejoras en la escolarización y reducciones del trabajo infantil en determinados grupos, aunque no en todos.
Un estudio sobre PROGRESA estimó que el programa redujo el trabajo infantil en 3.3% y elevó alrededor de 6% los salarios locales de los menores, posiblemente porque había menos trabajadores disponibles. Otro análisis encontró una reducción significativa del número de menores que trabajaban en hogares beneficiarios entre los 12 y 16 años, pero no detectó efectos estadísticamente significativos en todos los grupos de edad estudiados.
Hoy existen becas, transferencias y mecanismos de inspección laboral. En junio de 2026, la Secretaría del Trabajo informó que capacitó a 421 funcionarios de 19 entidades para fortalecer las inspecciones y la coordinación contra el trabajo infantil. También opera la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Son acciones relevantes pero no suficientes.
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), describe la situación de los menores y sus hogares, pero no permite concluir que quienes reciben becas trabajen menos que familias comparables que no las reciben. Para saberlo necesitamos evaluaciones que midan si los apoyos compensan lo que el hogar deja de recibir y si modifican efectivamente la actividad laboral de los menores. La inspección, además, debe llegar a los campos, los comercios pequeños y los lugares donde el trabajo ocurre lejos de la vigilancia habitual.
Después de diez años, la tasa de trabajo infantil pasó de 12.3% en 2015 a 12.6% en 2025. Progresa y Oportunidades demostraron que las transferencias condicionadas pueden mejorar la escolarización y reducir parte del trabajo infantil; la ENTI muestra que todavía hay millones de menores en esa situación. No basta con prohibir que trabajen ni con pedir a las familias que los mantengan en la escuela.
Hace falta que puedan prescindir de su aportación, que los adultos tengan ingresos suficientes y que los apoyos públicos lleguen a quienes los necesitan. Si un niño deja de trabajar, ¿quién pone el dinero que falta en la casa?
Entrevistas virtuales: lo que está en juego al elegir talento
La modernización del mercado laboral también se juega en la puerta de entrada al empleo. Que la mitad de los participantes en el “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, considere habituales las entrevistas virtuales muestra cuánto ha cambiado ese acceso: hoy es posible conversar con un empleador sin asumir los costos y traslados de una cita presencial, sin embargo, la siguiente transformación exige una discusión más profunda: qué ocurre cuando la inteligencia artificial empieza a conducir la entrevista o a intervenir en su evaluación.
El sondeo no mide esa práctica, pero la expansión del formato digital invita a examinarla. Para una empresa, agilizar la contratación puede representar una ventaja; convertir la rapidez en el principal criterio de éxito puede llevarla a descartar capacidades que necesita y a confundir eficiencia operativa con calidad de selección.
La entrevista tiene valor cuando permite profundizar en lo que un currículum apenas enuncia: cómo una persona resuelve problemas, explica sus decisiones y aplica su experiencia a situaciones concretas; también permite al candidato preguntar las condiciones del puesto, conocer las expectativas y decidir si le conviene incorporarse.
Al integrar IA, las empresas deberían preservar ese intercambio y exigir evidencia de que las herramientas evalúan competencias relevantes para el trabajo. La OCDE ha advertido que estos sistemas pueden reproducir sesgos, por lo que automatizar tampoco garantiza una evaluación objetiva.
Informar al candidato sobre el uso de IA, explicar qué se analiza, proteger sus datos y ofrecer una revisión humana con capacidad real de corregir resultados son decisiones que deben formar parte del proceso desde su implementación.
En México, donde conviven trayectorias laborales y condiciones de acceso digital distintas, las empresas deben cuidar que la facilidad para desenvolverse ante una plataforma no termine pesando más que la capacidad para desempeñar el puesto.
Esa responsabilidad tiene una dimensión económica: cada filtro mal diseñado puede dejar fuera talento y reducir las posibilidades de encontrar a la persona adecuada. La madurez tecnológica de una empresa debería medirse por la calidad de sus contrataciones y su capacidad para explicar los criterios que las sustentan; la decisión se apoya en un algoritmo, pero la responsabilidad sigue siendo de quien contrata.
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