Por: Marco Reis, CEO de Inetum North Latam (México/USA)
Durante años, la ciberseguridad bancaria se concentró en impedir que los delincuentes ingresaran a sus sistemas. Firewalls, contraseñas, mecanismos de autenticación y sofisticadas herramientas de monitoreo se convirtieron en parte fundamental de la infraestructura financiera. Sin embargo, los criminales encontraron una alternativa que puede resultar mucho más sencilla: en lugar de vulnerar al banco, engañar a sus clientes para que sean ellos quienes abran la puerta.
Esta realidad adquiere especial relevancia en un momento decisivo para México. El pasado 20 de octubre, el Congreso de la Unión concluyó la aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa que busca acelerar la adopción de medios de pago electrónicos, reducir la dependencia del efectivo y ampliar el acceso a servicios financieros. Se trata de un paso importante hacia una economía más digitalizada, pero también de un desafío que va mucho más allá de la infraestructura tecnológica.
El tamaño de la oportunidad es considerable. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI, el 85.2% de la población utilizaba el efectivo como medio de pago más frecuente en compras de 500 pesos o menos. Transformar ese comportamiento implica incorporar a millones de personas y comercios a un ecosistema en el que la seguridad, la disponibilidad de los servicios y la confianza serán determinantes para su adopción.
Pero hay una pregunta que debemos hacernos: ¿estamos preparados para proteger una economía en la que cada vez más transacciones dependerán de una identidad digital?
Imaginemos que una persona recibe una llamada aparentemente legítima de su institución financiera. Del otro lado, alguien conoce su nombre, algunos datos personales y le advierte sobre una operación sospechosa. Con un discurso convincente y una sensación de urgencia cuidadosamente construida, consigue que la víctima proporcione información confidencial o autorice una transferencia para supuestamente proteger su dinero. El sistema del banco puede funcionar exactamente como fue diseñado y, aun así, concretarse un fraude.
Esa es una de las grandes paradojas de la digitalización financiera: una transacción puede estar correctamente autenticada sin necesariamente representar la voluntad genuina de su titular.
Los números reflejan la dimensión del desafío. De acuerdo con la CONDUSEF, de las 22,199 reclamaciones recibidas durante el primer trimestre de 2026, el 37.4% estuvieron relacionadas con posibles fraudes. Posteriormente, al anunciar un acuerdo de colaboración con el Servicio de Protección Bancaria (SEPROBAN), se informó que entre enero y mayo se habían registrado 35,762 reclamaciones por posible fraude, con un incremento de 18% en la banca múltiple respecto al mismo periodo del año anterior.
Aunque estas cifras corresponden a reclamaciones y no necesariamente a fraudes comprobados, muestran que el problema está lejos de ser marginal. Y conforme avance la adopción de los pagos digitales, la prevención del fraude deberá evolucionar al mismo ritmo.
La ingeniería social no es nueva. Lo que cambió fue su alcance. Hoy, los delincuentes pueden aprovechar información personal expuesta, aplicaciones de mensajería, plataformas falsas e incluso herramientas de inteligencia artificial para construir engaños cada vez más convincentes. La posibilidad de imitar voces o generar imágenes sintéticas agrega una nueva dimensión al riesgo de suplantación.
Frente a este panorama, la identidad digital debe evolucionar de una simple validación de acceso hacia un mecanismo de confianza continua.
Ya no basta con comprobar quién utiliza una cuenta al iniciar sesión. También resulta necesario comprender cómo interactúa, desde qué dispositivo, bajo qué circunstancias y si una operación corresponde con sus patrones habituales de comportamiento. La biometría, la autenticación avanzada, la analítica predictiva y la inteligencia artificial permiten incorporar estas señales para identificar anomalías y elevar los controles cuando el riesgo lo justifique.
Los resultados potenciales son significativos. McKinsey documentó el caso de una institución bancaria latinoamericana que, mediante la implementación de tecnología de análisis biométrico del comportamiento, consiguió elevar su tasa de detección de fraude a más de 90%, al tiempo que redujo 66% sus falsos positivos. Aunque se trata de un caso específico, demuestra que es posible fortalecer la seguridad sin perjudicar necesariamente la experiencia de los usuarios.
Pero la tecnología, por sí sola, tampoco resolverá el problema.
Uno de los mayores retos que plantea la expansión de los pagos digitales es que las instituciones financieras deberán garantizar que millones de nuevas interacciones sean seguras, ágiles y confiables. Esto exige algo más que implementar nuevas plataformas: requiere integrar identidad digital, prevención del fraude, ciberseguridad, automatización y continuidad operativa como parte de una misma estrategia.
Cuando estas capacidades funcionan de manera aislada, una institución puede identificar señales de riesgo sin comprender el contexto completo de una operación. Integrarlas permite construir modelos de prevención más inteligentes, capaces de detectar comportamientos inusuales, anticipar amenazas y responder oportunamente sin imponer obstáculos innecesarios a los usuarios legítimos.
También será indispensable acompañar esta evolución con una infraestructura resiliente, mecanismos de protección de datos y experiencias digitales sencillas. No podemos aspirar a una mayor inclusión financiera si utilizar una aplicación, realizar una transferencia o aceptar un pago electrónico se convierte en una experiencia compleja, insegura o poco confiable.
Para la alta dirección bancaria, esta conversación debe superar el ámbito tecnológico. El fraude representa pérdidas económicas, costos operativos y exposición reputacional, pero también puede erosionar uno de los activos más importantes de cualquier institución financiera: la confianza.
Y existe una consecuencia adicional. Cuando las personas desconfían de las plataformas digitales, pueden limitar su uso o regresar a operaciones presenciales y pagos en efectivo. En un país que busca ampliar la inclusión financiera y acelerar la digitalización de su economía, esa pérdida de confianza representa un obstáculo para el desarrollo.
La reciente aprobación legislativa puede contribuir a acelerar una transformación necesaria, pero su verdadero éxito no se medirá únicamente por el número de comercios que acepten pagos electrónicos o por el volumen de transferencias digitales. También deberá evaluarse por la capacidad de las instituciones de ofrecer servicios confiables, accesibles y protegidos.
Durante décadas, la principal pregunta fue cómo evitar que un delincuente ingresara a los sistemas bancarios. Hoy debemos sumar otra igualmente importante: ¿cómo impedir que consiga manipular a un usuario legítimo para realizar una operación fraudulenta?
Porque el fraude ya no siempre necesita hackear al banco. A veces le basta con vulnerar la confianza de sus clientes.
Y si México quiere avanzar hacia una economía cada vez más digital, proteger esa confianza debe ser tan importante como impulsar la tecnología que hará posible la transformación.
