En México, la tranquilidad viene en una segunda factura. La primera la pagamos con nuestros impuestos,
incluso quienes nunca presentan una declaración ante el SAT: al comprar ropa, pagar el teléfono o cargar
gasolina, también contribuimos.
La segunda llega cuando debemos sacar otra vez la cartera para conseguir agua, reforzar la seguridad de nuestra casa o reparar una llanta que reventó en un bache. Y hay un costo que se cobra en libertad: elegir dónde estacionarnos, a qué hora volver y por qué calles transitar para exponernos menos. Pagamos para que las instituciones resuelvan y las familias asumimos el costo de esa ineficiencia.
Algo así como pagar el mantenimiento de nuestro edificio y tener que contratar al vigilante por separado.
Las cuotas se cobran y se pagan puntualmente. La tranquilidad se paga adicionalmente.
La comparación con América Latina plantea una pregunta fundamental: ¿qué recibe la ciudadanía a
cambio de lo que aporta?
En 2024, México recaudó el equivalente al 18.3% de su producto interno bruto, frente al 20.5% de Chile y al 33.7% de Brasil. Estas cifras muestran cuánto recauda cada país respecto al tamaño de su economía; no qué tan bien se administra ese dinero.
Una recaudación mayor no es sinónimo de calles sin miedo. Al comparar esos datos fiscales con la
encuesta de Gallup sobre 2024, aparece una realidad reveladora:
Fuentes: OCDE, estadísticas tributarias 2026; Gallup, Global Safety Report 2025. Ambos indicadores corresponden a 2024.
Brasil recauda el 33.7% de su PIB, casi el doble que México, con 18.3%. Y sin embargo, al preguntar a
los ciudadanos si se sienten seguros caminando solos de noche, el resultado empata: apenas el 51% se
siente seguro en ambos países. Chile recauda más que México y solo llega al 39% en seguridad percibida.
Es algo así como que la administración del edificio presuma una recaudación récord, mientras los vecinos
deben hacer otra colecta para pagar al vigilante. Estos datos no explican por sí solos las diferencias en
seguridad percibida, pero sí ilustran que recaudar más no garantiza que la ciudadanía se sienta más segura.
En cualquier empresa, un presupuesto mayor viene acompañado de una pregunta bastante elemental: ¿qué mejoró? Al gobierno le debemos exigir lo mismo. Cobrar es apenas el principio del trabajo; rendir cuentas exige demostrar qué se resolvió.
El agua exhibe la distancia entre cobertura y desempeño: tener una conexión no garantiza recibir el
servicio. Según la ENCIG 2025, solo el 54.7% de la población adulta en ciudades mexicanas de 100 mil
habitantes o más reportó un suministro constante de agua.
Cuando el servicio falla, la familia absorbe el costo operativo: almacenar, comprar pipas y reorganizar sus horarios. La falla pública se convierte en gasto privado y tiempo perdido. El resultado que debe exigirse es concreto: agua disponible cuando se necesita. Una familia no debería necesitar un plan de contingencia para abrir el grifo.
La inseguridad también tiene un balance financiero. Según la ENVIPE 2026, durante 2025 ocurrieron 33.8
millones de delitos en México; en el 93.4% de los casos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de
investigación.
El costo para los hogares ascendió a 267,300 millones de pesos, incluidos 91,600 millones
destinados a medidas preventivas. Son recursos familiares los que financian una necesidad que el gasto
público no ha logrado garantizar: la seguridad, dinero que deja de estar disponible para educación, ahorro, consumo, recreación o emprendimiento.
Pero el balance está incompleto si solo contamos pesos. También perdemos tiempo, movilidad y
oportunidades: trayectos que evitamos, encuentros que cancelamos y autonomía que nuestros hijos e hijas no pueden ejercer por miedo. Ese costo no siempre aparece en las cuentas, pero reduce nuestra calidad de vida. La inseguridad consume tanto el patrimonio que construimos como la libertad de disfrutarlo.
Cuando la protección adicional depende del bolsillo de las familias, las fallas públicas solo profundizan
la desigualdad. Quien tiene recursos compra barreras, vigilancia y alternativas; quien carece de ellos
enfrenta mayores restricciones para trabajar, trasladarse y cuidar a su familia. La seguridad se convierte
en una ventaja económica cuando debería ser una garantía compartida.
Necesitamos instituciones con recursos suficientes y la obligación de optimizar su uso y demostrar qué
logran con ellos. Como ciudadanos, debemos exigir presupuestos vinculados a metas públicas,
responsables identificables y plazos verificables. La rendición de cuentas debe permitirnos comparar lo
prometido, lo gastado y lo resuelto.
La magnitud exige esa disciplina. Los 267,300 millones de pesos que la inseguridad y el delito costaron a
los hogares en 2025 equivalen, en promedio, a más de 732 millones diarios. Esa es la escala de la pérdida
que las familias absorben mientras también contribuyen al funcionamiento del Estado.
Cumplir con los impuestos es una obligación ciudadana. Convertirlos en servicios, seguridad y justicia es
una obligación pública. Mientras evaluemos al gobierno por cuánto recauda y no por cuánto resuelve,
seguiremos confundiendo ingresos con resultados.
La pregunta que debe cerrar cada informe de gobierno es: después de utilizar nuestros impuestos, ¿cuánto más tenemos que poner de nuestro bolsillo para cubrir lo que nuestros gobiernos no resolvieron, y a qué tenemos que renunciar para pagarlo?
Romy Barberi Gómez
Fuentes y nota metodológica
- OCDE et al. Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2026, tabla 3.1 (datos de 2024). https://doi.org/10.1787/2f21f131-en
- Gallup. Global Safety Report 2025 (encuestas de 2024). https://www.gallup.com/analytics/693542/what-is-global-safety.aspx
- INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, principales resultados.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2025/doc/encig2025_principales_resultados.pdf - INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, reporte de resultados, 10 de septiembre de 2026 (delitos de 2025). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/envipe/ENVIPE2026_RR.pdf
Nota metodológica: Los costos de la inseguridad y el delito reportados por la ENVIPE 2026 están expresados a precios de la segunda quincena de julio de El promedio de más de 732 millones de pesos diarios es un cálculo propio: el costo anual estimado de 267,300 millones de pesos dividido entre los
365 días de 2025.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte enterado
