No todo esta perdido para la democracia. Frente a la amenaza de que sus derechos fueran vulnerados, diferentes grupos de la sociedad lograron echar para atrás una reforma que ya había sido negociada por seis de las siete bancadas de la Cámara de Diputados, exceptuando a Movimiento Ciudadano, y que pretendía limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en detrimento de las minorías.
Tal parece que cuando es en beneficio propio, los legisladores si pueden ponerse de acuerdo y en un claro abuso de sus atribuciones, pretendían validar una serie de medidas que, entre otras cosas, obligaban a que los magistrados basaran sus sentencias en lo que estrictamente marca la constitución y las leyes electorales sin la posibilidad de poder darles una interpretación.
Paralelamente intentaban terminar con el carácter de inatacable a los fallos.
Los diputados querían, en ejercicio de su autodeterminación y autogobierno, establecer en sus estatutos las normas para la designación de sus dirigencias así como fijar las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados.
En el exceso, fijaban en el proyecto como facultad del Congreso establecer de manera exclusiva medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables al goce y ejercicio de derechos político-electorales, y para el cumplimiento del principio de paridad de género.
Acostumbrados a ser testigos de las batallas campales en el Congreso entre diferentes agrupaciones políticas resulta alentador ver que en esta ocasión haya sido la sociedad quien dio la cara en defensa de sus derechos y en contra de la firma de un cheque en blanco a los diputados quienes pretendían emboscar a los ciudadanos y eso ya es una buena noticia.
Por primera vez en mucho tiempo los legisladores mostraron respeto por el peso que puede tener la voluntad ciudadana, habida cuenta que la mayoría ya está pensando en la reelección y una decisión precipitada podría lanzarlos al desempleo.
Con el fentanilo, lo mismo que con la migración
Una delegación encabezada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, fue a Washington para abordar el tráfico de fentanilo y de armas con sus contrapartes estadounidenses. La imagen de la composición de la reunión fue reflejo de cómo está la relación bilateral y que a alguien ya sólo le cuentan los días para que deje la Presidencia.
Por parte de México, cinco secretarios de Estado y el fiscal General, mientras que por Estados Unidos el fiscal General, Merrick Garland; acompañado de Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Interior de la Casa Blanca; Rahul Gupta, “zar antidrogas” y subsecretarios. Para no pensar tan mal, el secretario del “departamentito”de Estado, Antony Blinken, se encuentra en una gira internacional, aunque otros al parecer sí estaban en la capital estadounidense.
Pese al discurso con tono patriótico de Rosa Icela, y mantenerse en la línea de que en México no se produce fentanilo, de principio a fin pasó lo que con el tema migratorio: se accedió a lo que pidió Washington de reforzar la vigilancia en aduanas para frenar entrada de precursores del opioide, mismo que el presidente asegura que no se produce en nuestro país. A cambio, un grupo de trabajo para supervisar la reducción de tráfico de armas a México.
Un día después, el Departamento de Justicia anunció nuevas sanciones contra una veintena de integrantes del Cártel de Sinaloa, incluyendo a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, los llamados “Chapitos”, acusados de tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero; además de sancionar a dos empresas químicas chinas. Y como otra señal de la degradación de la relación con México, en esa conferencia de prensa sí estuvieron presentes Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna, y Anne Milgram, administradora de la DEA.
Y eso que todavía faltan las solicitudes de los paneles por el tema energético y el maíz transgénico.
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