Migración ilegal rebasa a autoridades

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se encarga de recibir y procesar las solicitudes de reconocimiento como refugiado de los extranjeros que tienen algún temor fundado de regresar a su país de origen, y determina si pueden ser reconocidas como personas refugiadas o recibir protección. Obviamente, las resoluciones se han retrasado debido al incremento exponencial de solicitudes de refugio en los últimos años.

De acuerdo a Andrés Ramírez, titular de la Comar, desde 2021 México es el tercer país del mundo que recibe más solicitudes de refugio y las oficinas de Ciudad de México atendieron a más personas en mayo que las de Tapachula. Sólo entre enero y mayo de este año se han presentado 63 mil 462 solicitudes. En todo 2018 hubo menos de 30 mil. Las solicitudes de refugio en esos cinco meses aumentaron 30.5% con relación al mismo periodo de 2022 y 56% respecto al de 2021. Quienes solicitan refugio deben permanecer en la entidad donde iniciaron su trámite. La constancia de refugiado protege al extranjero para no ser devuelto a su país de origen, pero no acredita una estancia regular en México y no es un documento de tránsito por el país, pero pueden recibir servicios de salud y buscar un empleo.

Por la cercanía con las oficinas de la Comar en la colonia Juárez, migrantes -en su mayoría haitianos-, se han instalado en la plaza Giordano Bruno desde hace meses, un espacio que no es amplio y se asemeja más a una calle peatonal. Para variar, el problema se politizó entre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y el gobierno de la Ciudad de México, sin que se resolviera nada. Migrantes van y son llevados a un albergue temporal en Tláhuac, otros llegan y acampan de nuevo. En vano que la Comar anunciara que a partir de este mes dejaría de recibirlas solicitudes de refugio en sus oficinas de la colonia Juárez y sólo las recibirá en el albergue de Tláhuac. Siguen llegando a acampar a la Giordano Bruno.

Una situación similar se vive frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Polanco, pues prácticamente diario hay manifestaciones de extranjeros en la explanada por diferentes motivos, pues el INM no tramita refugios, pero sí otros procedimientos migratorios. Y los ejemplos cunden y empeoran en otras ciudades. Lo que se vive frente al edificio del INM y su entorno es metáfora visual de lo que pasa con la actual administración y la migración ilegal: instituciones totalmente rebasadas, debido a un gobierno que concede todo en la materia a Estados Unidos a costa de agravar el problema para nosotros.

Le salen alas a Mexicana de Aviación

Para bien o para mal, pero hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador es un negociador implacable y para ello echa mano de todas las herramientas a su alcance. cuando se trata de empresarios utiliza información privilegiada para colocarlos contra las cuerdas y así cumplir su propósito, pero cuando se trata de trabajadores tampoco se ablanda como está ocurriendo en el caso de la extinta Mexicana de Aviación.

Originalmente y siguiendo su vocación estatista, el presidente había anunciado la compra de la marca por una cantidad que oscilaba entre los 800 y los mil millones de pesos, mismos que de acuerdo a su propuesta habrían tenido que ir a parar directamente a los bolsillos de los seis mil damnificados tras la quiebra de la aerolínea. Lo que el presidente no había tomado en consideración es que un grupo de aproximadamente 200 trabajadores habían ganado un laudo en 2016 por 400 millones de pesos y que ahora pretenden recuperar con la venta de la marca ya que esta forma parte de los activos de la empresa.

Es sabido que más allá de aquello que marcan las leyes, el presidente tiene su propia concepción de lo que es justo y no le gusta que lo contravengan, así que decidió lanzar un ultimátum a los trabajadores: o aceptan antes del 7 de julio el acuerdo firmado por los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra o de lo contrario el nombre de Mexicana de Aviación seguirá guardado en una bodega. La línea aérea que habrá de ser operada por la Sedena entonces se vería obligada a cambiar su nombre por otro que incluya la palabra Maya.

De muy poco ha servido la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde en la mediación del conflicto, tal vez porque el abogado que representa a los sindicatos es su propio padre, Arturo Alcalde Justiniani, aunque los “insurrectos” están dispuestos a negociar y señalan que lo único que buscan es una pensión digna. Del otro lado, los pilotos y directivos estarían recibiendo una cantidad que ronda el millón de pesos, mientras que sobrecargos, en el mejor de los casos, aspirarían a 60 mil pesos, muy poco por toda una vida de trabajo.

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