Movimiento Ciudadano estira la liga

Como si se tratara de un novel político, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ha sido sorprendido por la solicitud de licencia del gobernador de Nuevo León, Samuel Ruiz, quien buscará la candidatura presidencial de su partido.

Dante, conocido por su sobriedad y madurez política, ha envejecido mal profesionalmente, y ha mostrado una ridícula tibieza al frente del MC, que lejos, muy lejos, de una aspiración realista a ganar la Presidencia, coquetea intermitentemente con la idea de ser candidato, invitar al despechado Marcelo Ebrard, apoyar a Samuel o rogarle a Colosio. Este último, por cierto, ha sido el único con la sensatez y prudencia necesaria para no correr por la candidatura y seguir al frente de una de las ciudades más importantes del país, Monterrey.

Reunificado, Movimiento Ciudadano bien podría ser el fiel de la balanza en caso de que creciera la abanderada del Frente Amplio; y eso lo saben muy bien Dante y el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

¿Será que tanto uno como el otro podrían haber llegado a un acuerdo en el que uno conservara su registro y el otro dilapidara las esperanzas de Xóchitl Gálvez? Por lo pronto, no deja de ser curioso que los que más interesados están en el futuro lejano sean aquellos a quienes difícilmente les tocará vivirlo en carne propia.

La minería por un mundo nuevo… en México

De este lunes al próximo viernes se realiza la 35ª Convención Internacional de Minería Acapulco 2023 con el tema “La minería por un mundo nuevo”. El encuentro tiene un contexto complicado para esa industria en México, empezando por la incertidumbre jurídica por la Ley Minera y la expropiación del litio, el no otorgamiento de nuevas concesiones, la dilación en los permisos ambientales y la falta de Estado de derecho por la inseguridad y en la atención a los conflictos laborales. En esto último, está el caso de la huelga de cuatro meses de Peñasquito, Zacatecas, la mayor mina de oro de México, con sus consecuentes pérdidas económicas y en la producción.

Muy directa, Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México (Camimex), dijo que para los siguientes dos años, la industria minera estima invertir más de 11 mil millones de dólares en México, sin embargo, ello dependerá de que mejoren las condiciones de seguridad, estabilidad política, legislación laboral, régimen fiscal y calidad de la infraestructura.

La situación actual afecta sobremanera a una industria que opera a plazos largos. En lo que va del actual gobierno no se ha entregado ningún permiso, por lo que no hay nuevos descubrimientos. Ahora, con la nueva ley, las nuevas concesiones que se otorguen son las que van a aplicar la exploración a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM), un organismo sin capacidad financiera para mantener los niveles de desarrollo de nuevos yacimientos, pero que ahora tiene la exclusividad de la exploración para la búsqueda de minerales. De acuerdo a Fernando Alanís, expresidente de la Camimex, se estima que se dejarán de invertir 495 millones de dólares al año de la iniciativa privada sólo en actividades de exploración. Casi 500 millones de dólares que no se comparan con los mil 350 millones de pesos de presupuesto contemplado para todo el SGM en 2024.

Por si fuera poco, en agosto pasado, la Secretaría de Economía canceló nueve concesiones relacionadas con la extracción de litio a la minera china Ganfeng Lithium, argumentando que no cumplió con los niveles mínimos de inversión para mantener los permisos. La empresa ha interpuesto recursos legales argumentando que la reforma a la ley minera para declarar de utilidad pública el litio no es retroactiva, además de que sostenía conversaciones para llegar a un acuerdo, pues el gobierno quería acelerar los trabajos para llegar a la exploración y, al final, resolvió unilateralmente.

Hay numerosas solicitudes de amparo contra la ley minera. En junio pasado, un juez federal concedió la primera suspensión provisional que protege a una empresa contra todos los efectos de la reforma minera, sin embargo, la mayoría de los jueces han rechazado otorgar otorgar suspensiones similares. 

Veremos en esta semana de la Convención Internacional que otros datos, alertas, reclamos e inconformidades surgen por parte de una industria donde detenerse significa retroceder y que es fundamental en la economía nacional.

Nuevo asesinato de policías en Guerrero

Lo ocurrido el lunes pasado en Coyuca de Benítez, Guerrero, se trató de una masacre y no de “prácticamente una emboscada” como mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del martes, tras el asesinato a sangre fría de 13 policías, entre ellos el secretario de Seguridad Pública del municipio, Alfredo Alonso López, y del director de la policía preventiva, Honorio Salinas Garay. Cinco escoltas murieron en el enfrentamiento y seis uniformados más fueron secuestrados para ser cruelmente ejecutados más adelante y fulminados con el tiro de gracia.

¡Qué bueno que el gobierno federal haya tomado la decisión de enviar 300 elementos de la Guardia Nacional para resguardar la región! Aún mejor hubiera resultado, dado lo conflictivo de la zona, tomar las previsiones necesarias para evitar la muerte de estos servidores públicos que cumplían con la noble labor de proteger a la ciudadanía.

Sorprendido el vicefiscal, Gabriel Hernández, salió a informar que no había reportes de amenazas contra servidores públicos, como si eso fuera necesario en un estado permeado por la violencia. Tan solo el sábado y en un hecho insólito, la Fiscalía General del Estado suspendió todas sus actividades administrativas en Tierra Caliente, no encontrando otra forma de garantizar la seguridad de quienes ahí laboran.

¿Se necesitan más advertencias después de que durante la actual administración, la de Evelyn Salgado, el crimen organizado ha cobrado la vida de 24 empleados en seguridad? ¿Tan pronto se olvidaron los asesinatos en septiembre del jefe de la Fiscalía General de la República en Guerrero, Fernando García, y del jefe de la fiscalía en Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas?

Pero los crímenes no sólo involucran a las fuerzas de seguridad. Ese mismo día en la localidad de Tlayolalpa, se encontraron bolsas negras con los restos de tres personas; mientras que en Chilpancingo, murieron dos personas en tres enfrentamientos y más tarde hombres armados ejecutaron al catedrático y activista en la región de la Sierra, Rigoberto Acosta, y así hasta a acumular 22 personas que perdieron la vida.

Por lo pronto, las sospechas en el aumento de la criminalidad recaen en La Familia Michoacana, que se habría abierto paso en la región de Tierra Caliente, pero lo cierto es que algo anda muy mal en Guerrero y 300 elementos de la Guardia Nacional no lo van a resolver.