Si lo que se quería era mostrar públicamente que los tres poderes de la Unión que integran el gobierno de nuestro país se encuentran poco menos que divididos, entonces se puede afirmar que el éxito fue rotundo, solo así se puede explicar que durante la ceremonia del 106 aniversario de la promulgación de nuestra carta magna de 1917, el presidente no hubiera estado escoltado en la mesa de honor por Santiago Creel, en representación del Poder Legislativo, y Norma Piña al otro costado ,como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un acto republicano en el que constitucionalmente ninguno de los tres poderes es más importante que el otro.
En cambio, con un absoluto desdén, fueron relegados al rincón únicamente separados de la orilla por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dejando los lugares de honor para los miembros del gabinete presidencial.
Habría que preguntarse a qué brillante estratega se le ocurrió repartir los lugares de esa forma. Más tarde Santiago Creel señalaría que en el esquema original se encontraban ubicados flanqueando al presidente y que en cuestión de minutos de una manera “burda” les avisaron de los cambios, por eso llama la atención que el vocero presidencial se quejara amargamente de que la ministra Piña no se levantara a aplaudir la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta de un cinismo total siendo que fue el Ejecutivo quien no respetó las normas mínimas de cortesía que marca el protocolo para los actos republicanos.
Si la acción de la ministra “caló” (en un nuevo acto vergonzoso el presidente la desestimó en su conferencia matutina al sugerir que estaba “cansada”), más mella hicieron sus palabras cuando en su discurso dejó en claro que no se someterá al Ejecutivo al exigir respeto a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial.
A diferencia del ejecutivo, la ministra utilizó el término sociedad para referirse a la ciudadanía y no el de “pueblo”, un termino ambiguo con fines de manipulación arrancado del glosario de los gobiernos autoritarios de América Latina.
El discurso de Santiago Creel también fue muy crítico: le recordó al presidente que cuando no se dialoga el país no va bien, y dicha falta de dialogo se refleja en la violencia, la seguridad pública y la economía entre otros. Todos, replicó, tenemos derecho a defender nuestras ideologías y posiciones políticas sin excluir a los que piensan distinto porque esto mancilla la soberanía.
Escuchar al presidente es como asistir a una de sus matutinas, las mismas palabras, los mismos reproches, los mismos gestos, el constante auto elogio, una letanía que no cambia solo que bajo un escenario distinto.
Si acaso cabría destacar su amenaza de seguir aboliendo las reformas que él considera contrarias al interés público (léase incompatibles con su proyecto), promovidas por sus predecesores, poniendo siempre por delante lo que en su visión muy particular es “justo”, concepto que lamentablemente para él, no siempre es compatible con la legalidad.
La parsimonia de la CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha tenido tres presidentes en lo que va de la actual administración: Adalberto Palma, Juan Pablo de Graff y, el actual, Jesús de la Fuente Rodríguez. A la renuncia de personal especializado antes de que entrara en vigor la Ley Federal de Austeridad Republicana y su prohibición a funcionarios trabajar en empresas privadas al dejar su cargo, se sumaron los movimientos de funcionarios, recortes de plazas, y la llegada de personal carente de experiencia y conocimiento al órgano regulador. Por si fuera poco, vino el periodo del confinamiento por la pandemia de covid-19.
Todo ello vino a perjudicar las responsabilidades reguladoras y de supervisión de la Comisión, generando rezagos y con ello, “áreas de oportunidad” para posibles actos corrupción, como el retraso en la revocación de permiso de la sociedad financiera popular (sofipo) Caja de la Sierra Gorda, de Querétaro, a cambio de sobornos al director general de Supervisión de Sociedades Financieras Populares B, Armando Martínez, que depende de la Vicepresidencia de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, a cargo de Jorge Pellicer, de acuerdo al columnista Mario Maldonado.
Coincidentemente, esa misma Vicepresidencia tiene por competencia las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (sofomes), donde inció una crisis en cascada que comenzó el año pasado, cuando primero entraron en concurso mercantil Alpha Credit y Unifin, y se disolvió Crédito Real, antes de que la Comisión revocara sus permisos y hasta tuvieron tiempo para ampararse contra la verificación de la CNBV, como fue el caso de Crédito Real.
Y no sólo en las sofomes se ve esa sospechosa parsimonia, también en el creciente sector de las fintech. Mientras que en 2021 la CNBV aplicó 28 multas por infringir la llamada Ley Fintech, en 2022 sólo impuso cinco multas.
Es hora de que Jesús de la Fuente Rodríguez y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ponga atención para averiguar a qué o a quién obedecen esos extraños criterios laxos en unos casos y draconianos en otros que están aplicando los encargados de supervisar al sector. Se podrían llevar sorpresas.
La democracia contra la pared
Para nadie es un secreto que la mayoría de senadores del Morena terminarán por aprobar el llamado “Plan B”, enviado desde el Ejecutivo, que pretende hacer del Instituto Nacional Electoral (INE) un frankenstein a la medida de las necesidades presidenciales.
Aunque se pretendan guardar las formas asegurando que no habrá fast track es sólo cuestión de tiempo para asistir a un desenlace más que cantado ya que el partido oficial cuenta con los votos necesarios para aprobar las modificaciones a las cuatro leyes que aun están pendientes: la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y la Ley de Medios de Impugnación. Vamos, a aplicar el mayoriteo que tanto criticaron cuando fueron oposición.
La propaganda y manipulación que forman parte de la narrativa de la Cuarta Transformación son evidentes. De manera tramposa se ha aplicado la máxima de la “pobreza franciscana” partiendo de los altos ingresos que perciben los consejeros, para de ahí justificar el adelgazamiento del Instituto a tal punto que la organización y la supervisión de los procesos electorales se verá limitada, en abierta contradicción con lo que marca nuestra Constitución, en favor de autoridades locales y federales que desde el poder podrán, de aprobarse tal y como está el proyecto legislativo, manipular el desarrollo de una elección democrática amparados en la legalidad.
No es que el Ejecutivo no este en su derecho de enviar iniciativas de ley o propuestas a reformas constitucionales, se encuentra dentro de sus facultades, sin embargo resulta sospechoso que el presidente pretenda reformar las leyes electorales a favor de su partido, unas leyes que paradójicamente son las que le permitieron acceder al poder.
Para ello se emplea un modus operandi que es una constante en los regímenes autoritarios en donde la deformación de las leyes ha sido tan solo el primer paso para asegurar la continuidad de un régimen, así lo hizo Hugo Chávez en Venezuela en donde se autoproclamó como un demócrata; un “demócrata” que asumió la presidencia en 1999, se reeligió dos veces y solo su muerte repentina evitó que se perpetuara en el poder, por supuesto torciendo leyes y persiguiendo “adversarios”.
El Instituto Nacional Electoral está dispuesto a dar la batalla, en un acto inusual presentó una controversia constitucional para frenar dos de las leyes que ya fueron aprobadas por el legislativo en diciembre, La Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Mantener el contenido de éstas como se aprobaron, generaría condiciones de inequidad ya que bajo el pretexto de respetar el derecho de quienes ostentan cargos públicos a ejercer su derecho a la libre expresión, se estaría validando que se entrometieran en los procesos desde una posición privilegiada, permitiendo la divulgación de información sesgada, así como la elaboración de campañas a favor de un determinado candidato o partido político bajo el paraguas de los gobiernos y a costas por supuesto de los contribuyentes, contrario al espíritu de las normas democráticas más básicas. Paralelamente le ataría las manos al INE impidiéndole realizar su mandato constitucional de salvaguardar la imparcialidad en la contienda.
Es un hecho que la democracia en nuestro país esta amenazada y que podríamos encontrarnos ya en el umbral de un retorno al pasado cuando las elecciones se organizaban en el Palacio de Cobián.
La semana pasada el semanario The Economist publicó su índice de democracia 2022 el cual por séptimo año consecutivo muestra un retroceso para la región de América Latina y el Caribe. Destacan los regímenes autoritarios de la zona (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) y no muy lejos de ellos el de México bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador de quien se señala: “López Obrador ha usado su posición para atacar a sus opositores, incluidas las autoridades electorales” y, remata, “En 2022 el gobierno promovió una reforma que reduce el financiamiento de la autoridad electoral y restringe sus poderes de supervisión, poniendo la integridad electoral en riesgo”… Por si a alguien todavía le quedaba alguna duda.
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