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Reforma polémica: el Senado aprueba la extinción de órganos autónomos

by Romina Biamino

Contexto de la reforma

El Senado de México ha llevado a cabo una de las decisiones más controvertidas del año al aprobar una reforma que elimina varios organismos autónomos que, hasta ahora, han jugado un papel crucial en la vigilancia del Gobierno y la regulación de diversas industrias. La iniciativa, presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se traduce en un cambio significativo en la estructura del poder en el país.

Detalles de la reforma

Con 86 votos a favor y 40 en contra, la reforma busca centralizar las funciones de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) bajo el control de distintas dependencias del Ejecutivo. Estas entidades desempeñan funciones críticas relacionadas con la transparencia, competencia económica y regulación de telecomunicaciones.

Impacto en la transparencia y la rendición de cuentas

Los expertos y las organizaciones civiles han expresado su preocupación por los posibles efectos de esta reforma en la rendición de cuentas. La eliminación de estos organismos podría disminuir el grado de supervisión sobre las acciones del Gobierno, lo que podría llevar a un aumento en la opacidad y la corrupción. La nueva normativa establece que los sujetos obligados deberán garantizar derechos de transparencia a través de sus unidades internas, eliminando así la figura de un órgano autónomo enfocado en esta tarea.

Cambio en el sector energético y otros ámbitos

Una de las cuestiones más polémicas de la reforma es el otorgamiento de facultades exclusivas al Ejecutivo en la regulación de sectores estratégicos como el energético. Con esto, se eliminan disposiciones relacionadas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que permite que el Gobierno tenga un control aún mayor sobre un sector ya de por sí sensible en México. Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) también desaparecerá y sus funciones serán trasladadas al INEGI, lo que plantea dudas sobre cómo se llevará a cabo la evaluación de la pobreza y de los programas sociales.

Reacciones y desafíos

La respuesta de la oposición ha sido enérgica. Diversos sectores indican que esta reforma traerá incertidumbre para inversionistas y podría comprometer la independencia de los organismos reguladores en México. La directora de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) ha afirmado que esta eliminación podría incrementar los niveles de incertidumbre para los inversionistas en el país. Sin embargo, los promotores de la reforma defienden que será una medida necesaria para reducir la burocracia y mejorar la gobernanza pública.

Próximos pasos

La reforma, que implica modificaciones a 12 artículos de la Constitución, ahora deberá ser discutida en las legislaturas locales y de la Ciudad de México antes de su publicación final. Este proceso abre un periodo de ajustes legislativos que podría transformar el diseño institucional del país. La sociedad civil y distintos sectores estarán a la expectativa de cómo se desarrollará este debate y cuáles serán las implicaciones para el futuro de la gobernanza en México.

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