CIUDAD DE MEXICO Querellan penalmente en México D.F. a los fiscales panameños Isis del Carmen Soto Espinosa, Marcos Mosquera de la Guardia y Sandy Cedeño Tejeira, todos fiscales adjuntos del caso del empresario mexicano, mismo que mantiene todo su patrimonio aprehendido desde octubre del año 2019 sin una imputación de cargo, además de haberlo inadmitido del país.
La supuesta investigación inició en octubre 2019 cuando al empresario se le aprehende provisionalmente todo su patrimonio, al mismo se le solicita comparecer a un acto de audiencia donde se le notifica del proceso, esto a razón de un correo electrónico enviado desde la cuenta personal de Gmail de la juez extranjera María Angels Moreno Aguirre a la entidad bancaria Scotiabank, misma que también se ha querellado penalmente.
Parte de su dinero fue transferido al Banco Nacional de Panamá, sus vehículos fueron puestos a órdenes de la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF los cuales están a disposición de la Asamblea Nacional, los cuales están siendo utilizados por diputados. La diputada del Partido Revolucionario Democrático, del circuito 8 – 1 Kayra Harding Tejada fue captada en video mientras utilizaba una camioneta marca Range Rover Vogue de lujo propiedad del empresario. Otros tres vehículos fueron subastados sin haberle notificado por un precio más bajo al del mercado.
El código procesal penal en el artículo 286, tiene previsto que el Juez podrá conminar al Ministerio Público a presentar imputación. De no hacerlo, entonces se liberarán los bienes y se cerrará la causa. Bajo este argumento la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de una Juez de Garantías previa de NO acceder a conminar al Ministerio Público a formular la imputación. Al negarle la imputación de cargos al Ministerio Público por la estricta norma que dictamina el Código Procesal de Panamá, la investigación debió ser archivada. Sin embargo, esto no ha ocurrido, por ley está investigación no puede seguir abierta.
El 29 de septiembres del 2022, el Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano negó la solicitud del Ministerio Público en su formulación de imputación cargos al empresario, la decisión se decretó ya que la fiscal Sandy Cedeño “no contaba con los requisitos mínimos que exige el Código Procesal de Panamá, en sus 36 meses de investigación” el juez Carmelo Zambrano, tomo como no presentada la imputación, a razón que el Ministerio Publico había traído una investigación inconclusa, con muchos errores y una clara discordancia en sus elementos de convicción.
Ante ello, la Juez Clara Montenegro dictó la liberación de los bienes del empresario, lo cual el Ministerio Público apeló. Acto seguido el Primer Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la juez para liberar los bienes, debido a que las Magistradas Asunción Alonso, Gladys Moreno y Giovanina Antorinori consideraron que “independientemente que se le negará la imputación” de cargos al Ministerio Público ya habían cumplido a cabalidad lo que exige el artículo 286 del Código Procesal Penal y por lo tanto, los bienes debían continuar aprehendidos.
Su equipo legal, posterior a ese dictamen, solicitó una audiencia de Habeas Corpus en la cual La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precedida por la Magistrada María López, confirmó dicha decisión utilizando jurisprudencias e interpretaciones alejadas de lo que exige la estricta norma.
Los participes de este escándalo, Isis del Carmen Soto, Marcos Mosquera de la Guardia y Sandy Cedeño Tejeira. Ahora tendrán que ser notificados y estarán sujetos a una orden de conducción internacional para que su proceso en Los Estados Unidos Mexicanos pueda darse inicio y estar formalmente arraigados.
El abogado del empresario, Franklin Amaya Jované, conversó con los medios. “Es preocupante que nuestro Sistema de Justicia se preste para esto, esto es una situación completamente orquestada por parte del Ministerio Público, no me paro de sorprender de sus actos tan desleales, con falta de ética y principios… y aún es más delicado que las otras partes se presten para apoyar esto, el caso lleva tres años y siete meses, sin llegar a investigación sumarial formal. Los bienes por 18 MM de dólares siguen estando aprehendidos por el mismo tiempo”.
El empresario extranjero, que por su seguridad prefiere mantener su nombre en el anonimato declaró, “La corrupción en el Sistema de Justicia de Panamá no tiene límites, ya han pasado tres años y siete meses con mis bienes aprehendidos ilegalmente incluso cuando un Juez de garantía negó la imputación de la fiscalía, todavía no cierran la investigación y liberan mis bienes por la falta clara de elementos”.
El empresario explica que “desde marzo del año 2020 la Fiscal tiene un dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizado por los peritos José Vergeli, Jorge Naranjo y Fabio Duarte, el cual Isis Soto firmo, que conclusivamente decretó que (Esto no es suficiente para determinar que el dinero que se están recibiendo es producto de una actividad ilícita)”.
El empresario continúa explicando y muestra un documento el cual explica que “ellos sabían desde marzo del 2020 por su propio informe que todos mis ingresos son de fuentes legítimas de negocios y aun así continúan manteniendo ilegalmente mis bienes”.
El abogado Salvador Padilla, quien ha representado al empresario mexicano en su proceso en Panamá, dijo que lo que está llevando la Justicia Nacional es un proceso que históricamente va a condenar al país a una serie de injusticias, como consecuencias de crear conceptos nuevos que no están en la ley. Adicional señaló que, no puede haber un carácter intermedio respecto de una posición legal en relación a Se es o No se es imputado, Se es o No es acusado. Finalizó expresando que, “en decir lo contrario implicaría una inminente violación a los derechos humanos constitucionales de mi presentado, tan grave que ubicaría a la República de Panamá como un lugar muy poco seguro para invertir, vivir y sobre todo para confiar en su justicia”.
