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Durante décadas las grandes potencias económicas se preguntaron cómo ampliar la ciudadanía. Hoy buena parte de Occidente debate cómo restringirla. La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de frenar, por lo pronto, el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento, reabre una de las interrogantes más profundas del Estado moderno: la de pertenencia a una nación.
En términos generales, la discusión enfrenta dos tradiciones jurídicas que han coexistido durante siglos. La primera es el jus soli –el “derecho del suelo”–, según el cual la ciudadanía se adquiere por el simple hecho de nacer en el territorio de un Estado.
La segunda es el jus sanguinis –el “derecho de sangre”–, que vincula la nacionalidad principalmente con la de los padres o los antepasados. Ninguno de estos modelos nació como respuesta a la migración contemporánea; ambos son expresiones distintas de entender cómo se construye una comunidad política.
Desde la aprobación de la Decimocuarta enmienda, en 1868, Estados Unidos ha sido uno de los principales referentes del jus soli. Después de la Guerra Civil, ese principio buscó impedir que cualquier autoridad negara la ciudadanía por razones raciales o de origen. Con el tiempo, se convirtió en una de las características distintivas de una nación formada, en buena medida, por sucesivas olas de inmigrantes.
Pero el mundo de hoy es muy diferente al del siglo XIX.
Las migraciones internacionales han alcanzado niveles sin precedentes, las fronteras enfrentan presiones constantes y muchos gobiernos se preguntan si las reglas concebidas para otra época siguen respondiendo a los desafíos actuales. En ese contexto, la mayoría de los países europeos han mantenido o reforzado sistemas basados principalmente en el jus sanguinis.
En Alemania, Italia, Dinamarca o los Países Bajos, por ejemplo, nacer en el territorio nacional no basta, por regla general, para adquirir automáticamente la ciudadanía; suelen requerirse vínculos familiares, residencia legal o determinados procesos de integración.
Los defensores del jus soli sostienen que este principio evita la existencia de personas nacidas y criadas en un país que, pese a formar parte de su vida social y cultural, permanezcan excluidas de la comunidad política. La ciudadanía, argumentan, favorece la integración, fortalece la igualdad ante la ley y evita que generaciones enteras vivan en una incertidumbre jurídica.
Quienes respaldan el jus sanguinis responden que la ciudadanía no debe ser consecuencia de un accidente geográfico, sino la expresión de un vínculo real y permanente con la nación. Afirman que todo Estado soberano tiene el derecho de decidir quién integra su cuerpo ciudadano y que, en un contexto de migración masiva, esa facultad resulta indispensable para preservar la cohesión social, la confianza en las instituciones y la legitimidad de las políticas públicas.
Ambas posiciones contienen razones atendibles. Quizá ese sea el verdadero significado del debate que hoy vive Estados Unidos. La discusión ya no gira únicamente en torno a la inmigración ni a la figura de Donald Trump. Refleja una pregunta que recorre buena parte de Occidente: ¿cómo definir la pertenencia nacional en sociedades cada vez más diversas, móviles o interconectadas?
No existen respuestas fáciles. El jus soli protege la inclusión; el jus sanguinis enfatiza la continuidad y el vínculo con la comunidad nacional. Ambos persiguen fines legítimos y ambos enfrentan límites cuando se aplican de manera absoluta.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos difícilmente pondrá fin a esta discusión. Antes bien, confirma que uno de los grandes debates del siglo XXI no será únicamente cómo manejar la migración, sino cómo redefinir la ciudadanía sin renunciar a los principios democráticos que le dan sentido. Al final, decidir quién pertenece es también decidir la nación que se quiere construir.
De las promesas de campaña, al ridículo político
Cuando Samuel García asumió la gubernatura de Nuevo León, lo hizo bajo la promesa de instaurar una “nueva política”, un relevo generacional que dejaría atrás las viejas mañas del bipartidismo tradicional. Hoy, a mitad del camino, el barniz de la modernidad de Instagram y TikTok se ha descascarado por completo, revelando una gestión marcada por la inmadurez, los escándalos de corrupción y una alarmante desconexión con la realidad de los neoleoneses.
El balance de su mandato no se mide en las grandes obras prometidas, sino en una acumulación sistemática de errores políticos y crisis mal gestionadas. La ingobernabilidad y el constante choque frontal con el Congreso local paralizaron al estado, priorizando el berrinche personal sobre el consenso institucional.
A esto se le suma una sombra mucho más densa: las múltiples acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito y triangulación de fondos públicos a través de despachos jurídicos y fiscales vinculados a su familia. Lo que se vendió como un gobierno de manos limpias hoy enfrenta severas sospechas de corrupción que las fiscalías locales y federales ya tienen bajo la lupa.
Sin embargo, lo que ha terminado por desgastar la figura del gobernador no es solo la gravedad de las acusaciones financieras, sino la frivolidad con la que asume su cargo. En las últimas semanas, García ha protagonizado una serie de fracasos públicos que rozan el ridículo y evidencian una preocupante falta de madurez institucional:
Intentar forzar una identidad política a través del color de una camiseta extranjera no es estrategia; es una ridiculez que subestima la inteligencia de la ciudadanía.
Mientras Nuevo León padece crisis crónicas de movilidad, desafíos de seguridad y un desabasto de agua que acecha de forma intermitente, el gobernador parece más ocupado en generar contenido para sus redes sociales y en construir una narrativa de diversión artificial.
Nuevo León es un estado de vanguardia, de gente trabajadora y de instituciones sólidas. No merece un gobierno que se tambalee entre la sospecha de la corrupción y el espectáculo de la cantina. Samuel García debe entender, antes de que sea demasiado tarde, que gobernar no es un sketch de comedia ni una eterna campaña electoral; es una responsabilidad seria que exige madurez, transparencia y, sobre todo, dignidad.
El ridículo de esta manipulación cromática fue total. En su afán por tapizar el estadio de naranja para su propia narrativa política, el gobernador intentó forzar una línea de apoyo que la afición neoleonesa no tardó en rechazar.
El tiro le salió por la culata: la fanaticada, fiel a su espíritu independiente y rebelde ante las imposiciones, terminó cobijando y entregando su apoyo unánime a la selección de Marruecos, dejando a los contingentes oficiales del mandatario aislados en un intento fallido de propaganda.
Mientras Nuevo León padece crisis crónicas de movilidad, desafíos de seguridad y un desabasto de agua que acecha de forma intermitente, el gobernador parece más ocupado en generar contenido para sus redes sociales y en construir una narrativa de diversión artificial.
Nuevo León es un estado de vanguardia, de gente trabajadora y de instituciones sólidas. No merece un gobierno que se tambalee entre la sospecha de la corrupción y el espectáculo de la cantina. Samuel García debería entenderlo, pero no sabe, que no sabe.
Violencia familiar: más allá del exdirector de Pemex
Desde el pasado viernes se ha viralizado en redes y difundido ampliamente en medios de comunicación, el video en el cual Víctor Rodríguez Padilla agrede a su esposa en su casa en Morelos el 15 de marzo, cuando todavía él era director de Petróleos Mexicanos, así como las reacciones en torno al tema de la presidenta Sheinbaum, la Secretaría de Energía, oposición, ONGs y un amplio etcétera, con una condena unánime al exfuncionario.
El escándalo se ha centrado en que se trata de quien fuera titular de la principal empresa paraestatal del gobierno encabezado por la primera mujer presidenta de México. Sin embargo, precisamente el alto cargo que tenía, el grado académico de víctima y agresor (ambos con doctorado), evidencia lo grave, recurrente y hasta normalizado que es el problema de la violencia familiar en México, sin importar estrato social, económico y nivel de estudios.
Y es que, en efecto, la violencia familiar es uno de los delitos más frecuentes en México. De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, las denuncias por violencia familiar en México se incrementaron 82% entre julio de 2015 y junio de 2025, lo cual habla de que hay más víctimas dispuestas a denunciar. Desafortunadamente, más del 70% de las denuncias se archivan o quedan sin sentencia, principalmente porque hay acuerdo entre las partes involucradas y/o la víctima otorga el perdón.
Más aún, la cifra negra se considera altísima, pues no siempre se llega a denunciar por varios factores: la víctima lo normaliza, no se identifica como tal o no lo ve grave; miedo a la inestabilidad económica; por amenazas, presión social y familiar; o simple desconocimiento de cómo denunciar. Las autoridades tampoco ayudan mucho a fomentar una cultura de denuncia pues, al ser frecuente el desistimiento por parte de la víctima, policías y ministerios públicos suelen desincentivar la denuncia formal.
Se trata de una de las violencias más frecuentes contra la mujer, aunque es necesario precisar que no toda la violencia familiar es de género, sino que cualquier miembro de la familia puede ser víctima -los miembros más vulnerables- o agresor, y hay diferentes tipos de violencia -física, sexual, psicológica, económica, digital-, que se pueden dar simultáneamente o escalar. Incluso, una de las características de los feminicidios, es que suelen ser antecedidos por actos de violencia física contra la mujer por parte de su pareja, futuro feminicida.
Ante el riesgo de la protección a su agresor, María Felicia Jiménez optó por hacer público el video, lo que permitió el deslinde de la presidenta, la protección de la Secretaría de las Mujeres y poder formalizar su denuncia. Ojalá que, más allá del escándalo y de cómo termine esa historia, el caso dé pie para poner en el debate público la atención que merece el problema de la violencia familiar en nuestro país porque, probablemente, muchos de los que condenan ahora o guardan silencio, son agresores en su propio hogar.
El verdadero examen comienza después de la graduación
Cada verano, miles de jóvenes reciben un título universitario que simboliza años de esfuerzo, disciplina y aprendizaje. Sin embargo, el mercado laboral actual envía un mensaje contundente: la graduación ya no representa el inicio de la vida profesional, sino apenas una etapa más de un proceso que, en muchos casos, comenzó desde que los estudiantes buscaron su primera práctica, un empleo de medio tiempo o un proyecto profesional mientras aún cursaban la universidad.
Los resultados del Termómetro Laboral de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, confirman esta transformación. Ocho de cada 10 profesionistas afirman haber llegado al mercado laboral con algún tipo de experiencia previa, lo que representa una señal positiva, pero también un reflejo de una nueva realidad: la experiencia se ha convertido en un requisito que se construye antes de obtener el título. Al mismo tiempo, resulta preocupante que solo 15% considere que su formación universitaria respondió a las necesidades de su primer empleo; más que cuestionar la calidad de las universidades, esta cifra evidencia la velocidad con la que cambian las competencias que hoy demanda el mundo del trabajo.
La lectura de fondo es que este desafío no corresponde únicamente a las instituciones educativas. Las empresas deben dejar de esperar candidatos completamente preparados y asumir un papel más activo en la formación de talento mediante programas de prácticas, mentorías y planes de desarrollo. Las universidades necesitan fortalecer el vínculo con el sector productivo para actualizar contenidos y privilegiar habilidades. Y los jóvenes deben comprender que el título profesional dejó de ser el destino final para convertirse en el punto de partida de una actualización permanente.
La buena noticia es que hay disposición para construir estos puentes: las organizaciones buscan talento con potencial, las universidades tienen la oportunidad de reinventar la manera en que preparan a sus alumnos y los jóvenes muestran iniciativa para incorporarse tempranamente al mundo laboral. Si logramos que estos tres actores trabajen en la misma dirección, las graduaciones se convertirán en el inicio de carreras profesionales sólidas, competitivas y preparadas.
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