La política mexicana suele regirse por una máxima tan vieja como el régimen mismo: la lealtad ciega por encima de la rendición de cuentas. Sin embargo, la vehemente defensa que la presidenta Claudia Sheinbaum ha desplegado en favor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cruza una línea peligrosa donde la retórica de la soberanía nacional se utiliza para cobijar la opacidad y la sospecha.
Resulta, por decir lo menos, incomprensible que la jefa del Ejecutivo federal decida desgastar su bono político y arriesgar la credibilidad de su administración por un mandatario estatal cercado por los escándalos. No estamos hablando de acusaciones menores ni de mera pirotecnia electoral de la oposición.
Sobre Rocha Moya pesan señalamientos gravísimos emanados de investigaciones de la justicia en Estados Unidos, además de un cúmulo de denuncias locales que apuntan a presuntos vínculos con los liderazgos más visibles de la delincuencia organizada y a una caótica estela de corrupción.
¿Por qué meter las manos al fuego por alguien cuyo capital político está en quiebra y cuya sombra oscurece la promesa de una “transformación” que presumía ser diferente?
La narrativa oficial ha optado por un atajo conocido: argumentar una violación a la soberanía nacional frente a las agencias e investigaciones extranjeras. Es un discurso que apela al nacionalismo más básico, pero que en la práctica funciona como un paraguas de impunidad. Defender la soberanía es un deber constitucional irrenunciable, por supuesto, pero la soberanía reside en el pueblo y en el imperio de la ley, no en la protección automática de los gobernantes bajo sospecha.
Utilizar el principio de no intervención para descalificar acusaciones de vínculos con el narcotráfico envía un mensaje alarmante a la ciudadanía y a los socios internacionales: pareciera que, para el gobierno federal, es más grave la procedencia de la sospecha que la veracidad de la misma.
La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad histórica de inaugurar un estilo de gobernar donde la lealtad partidista no sea sinónimo de complicidad. Sinaloa y México merecen claridad, no discursos soberanistas que pretendan tapar el sol con un dedo. Si el gobernador Rocha Moya es inocente, que lo demuestre ante tribunales con pruebas y no mediante comunicados de respaldo político. De lo contrario, el fuego por el que la presidenta está metiendo las manos terminará por quemar la confianza de los ciudadanos en su proyecto.
La inversión viaja por carretera
Las nuevas atribuciones otorgadas a la Guardia Nacional en las carreteras federales han generado un intenso debate. Lo que en principio parece una reforma administrativa es, en realidad, un reflejo de uno de los problemas que el nearshoring dejó al descubierto: atraer inversiones es una cosa; garantizar que puedan operar con seguridad es otra muy distinta.
La Guardia Nacional tendrá mayores facultades para realizar funciones de tránsito, inspeccionar vehículos, revisar documentos, elaborar dictámenes de accidentes e imponer sanciones en carreteras federales. La medida se presenta como una herramienta para mejorar la seguridad vial, pero su importancia va mucho más allá de los reglamentos de tránsito. Las carreteras son las arterias por las que circula una buena parte de la economía nacional y, particularmente, de las cadenas de suministro que conectan a México con Estados Unidos.
Durante años dimos por hecho que el nearshoring colocaría al país en una posición privilegiada casi por inercia. La cercanía geográfica con el mercado más grande del mundo, el T-MEC y la experiencia manufacturera parecían suficientes para asegurar el éxito. Sin embargo, conforme los proyectos avanzaron de los anuncios a la operación cotidiana, comenzaron a aparecer obstáculos que la narrativa se había encargado de esconder debajo de la alfombra.
Las empresas no solo evalúan dónde instalar una planta. También analizan si habrá electricidad suficiente para operar, disponibilidad de agua para expandirse, infraestructura para mover mercancías, certeza jurídica para proteger inversiones y condiciones de seguridad para transportar los productos. Palabras más, palabras menos, compiten los ecosistemas completos, no únicamente los costos laborales o la ubicación geográfica.
De ahí que la ampliación de atribuciones de la Guardia Nacional pueda interpretarse también como un mensaje a inversionistas y mercados: el Estado mexicano busca demostrar que tiene capacidad para proteger los corredores por los que circula buena parte de su actividad económica. No es casual que la reforma llegue justamente cuando el entusiasmo inicial por el nearshoring haya dado paso a preguntas más prácticas sobre las condiciones reales para hacer negocios en el país.
Sin embargo, la medida también deja ver una fragilidad. Frente a problemas que deberían resolverse mediante instituciones civiles sólidas, la respuesta sigue siendo ampliar el papel de organismos vinculados a la estructura militar. Aeropuertos, puertos, aduanas, obras de infraestructura, seguridad pública y ahora más facultades para las carreteras forman parte de una misma lógica institucional. Puede ser una solución eficaz en el corto plazo, pero también plantea interrogantes sobre la construcción de entes civiles a largo plazo.
Como en todo, el éxito dependerá de los resultados. Si contribuye a reducir el robo de mercancías y fortalece la seguridad de las rutas logísticas, tendrá efectos positivos sobre la competitividad nacional. Pero si termina generando más controles administrativos sin resolver los problemas de fondo, difícilmente modificará la percepción de quienes evalúan invertir en nuestro país.
La reforma de las carreteras nos recuerda que la verdadera competencia por las inversiones del futuro no se librará en los mapas, sino en la capacidad del Estado para ofrecer seguridad, confianza y certidumbre.
Pasos de fauna en carreteras
Las carreteras son una barrera o un filtro para la vida silvestre, cuyos principales impactos ecológicos son los atropellamientos de animales y el efecto barrera. El atropellamiento de un animal puede tener impacto en una o dos generaciones de la especie; mientras que la barrera física de la carretera provoca el aislamiento de un hábitat y afecta el intercambio genético. En cuanto a afectaciones económicas, atropellar a un animal genera costos que van desde la reparación del vehículo, hospitalización e incluso de vidas humanas.
Estuvo en México Anthony P. Clevenger, especialista canadiense en conservación de la biodiversidad y carreteras ecológicas, quien ha participado en eventos con el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), quien habló de la importancia de los pasos de fauna y cercas para mantener la conectividad entre los hábitats y proteger a los animales de las vías.
El especialista en conservación de la biodiversidad, Anthony P. Clevenger, aclaró que la zona de impacto vial abarca desde la carretera en sí como efecto barrera, 10 metros alrededor por contaminantes, químicos, plantas invasivas; y hasta 250 metros por el ruido y la luz, a las que son muy sensibles algunos animales, y con una temporalidad que va de minutos a meses e incluso años.
Clevenger comentó que se estima que en los próximos 25 años habrán 25 millones de carreteras nuevas en el mundo y 90 por ciento de estos proyectos están en países emergentes, con ecosistemas tropicales y subtropicales, con áreas de biodiversidad muy rica y única, como la Selva Maya en México, “el bosque tropical más grande de América latina al norte del Amazonas”, precisó.
Es por ello que, “hay que tener pasos de fauna bien diseñados, con ciencia, basados en experiencia, diseñados para ciertas especies, para conectar esos hábitats para sobrevivir a largo plazo”, sugirió el especialista, quien aseguró que la combinación de barreras -cercas o vallas-, y cruces de fauna pueden reducir en más del 80 por ciento los atropellamientos.
La infraestructura de transporte ya no puede concebirse únicamente como una obra destinada a mover personas y mercancías, sino como un elemento que interactúa de manera permanente con los ecosistemas y las comunidades. México necesita seguir construyendo infraestructura para garantizar movilidad, inclusión y competitividad, pero bajo criterios sustentables respaldados por evidencia científica, monitoreo continuo y trabajo multidisciplinario.
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