Ya fuera por un error o porque lo traicionara el subconsciente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que ha estado interviniendo en el proceso de selección que se sigue en su partido para elegir al coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Durante la conferencia matutina del viernes un reportero, citando a Xóchitl Gálvez, lo inquirió acerca de si era “el jefe de campaña de las “corcholatas”, a lo que el presidente respondió sin asomo de duda: “Ya no voy a poderlo hacer porque ya me van a impedir hacerlo”.
La declaración de López Obrador es grave, desde cualquier ángulo que se le mire, ya que es el abierto reconocimiento de un delito electoral, porque no hay ninguna duda de que lo que hoy está en disputa en Morena es la candidatura presidencial para el proceso electoral 2024. El problema es que desde su doble posición, la de jefe de campaña y la de presidente de la República, López Obrador se ha dedicado a denostar desde hace meses a todo aquel representante de la oposición que encarne una amenaza para su potencial sucesor. En el camino se han violado normas éticas y legales, porque estamos frente al actuar no sólo del líder de un movimiento político que busca desde el poder favorecer a los suyos, sino del presidente de todos los mexicanos, quien tiene la responsabilidad de garantizar los valores democráticos contenidos en la Constitución y las leyes que de ella emanan como juró durante su toma de posesión.
Cuando se enoja, el presidente suele hablar de más y no hay poder que lo detenga y Xóchitl Gálvez lo tiene muy molesto de tiempo atrás, no está claro si porque desdeñó ocupar un puesto en su gabinete cuando se le ofreció, el caso es que fue el propio presidente, con su negativa a recibir a la ex funcionaria federal durante la administración de Vicente Fox, quien le abrió la posibilidad de aspirar, vaya paradoja, a sucederlo.
Así como si se tratara de una de sus secciones como “Quién es quién” o el Tren Maya, desde hace prácticamente dos semanas el presidente le dedica una sección diaria (y a veces hasta dos) a Xóchitl Gálvez, quien cansada de los ataques presidenciales, en los que ha hecho uso de toda la maquinaria propagandística del Estado, lo denunció ante la Comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral, el cual le concedió la razón ordenando al presidente abstenerse de emitir expresiones en contra de aspirantes al 2024, y pidió al equipo de colaboradores del mandatario eliminar los contenidos en donde AMLO definió a Gálvez como representante de la oligarquía (uno de los calificativos favoritos de López Obrador para, como ocurría en los tiempos de la inquisición, marcar a quienes no comulgan con su movimiento).
El presidente realizó una última jugada antes de ser notificado oficialmente por el INE. Haciendo uso de la información privilegiada que le da su cargo tiro una última patada, hizo públicos los contratos que como empresaria ha firmado la hidalguense con diferentes administraciones incluida la actual. Ésta respondió con un tweet: “Conmigo se topó con pared porque quien nada debe, nada teme”.
¿Será que el presidente la haya dado un nuevo impulso a su popularidad?
Un analista financiero con problemas económicos y legales
Resultaría extraño que un hombre de negocios solicitara consejo a un analista financiero con problemas económicos y legales, a menos que sea para que le sugiera qué es lo que no debe hacer para estar en su situación. Sin embargo, sucede, aunque cada vez menos le contratan, tal vez más por compromiso que por el valor de su opinión. Es el caso de Ernesto O’Farril Santoscoy, quien suele presentarse como presidente de Bursamétrica.
Bursamétrica abarca varias empresas, la mayoría con el mismo nombre, excepto la Casa de Bolsa Bursamétrica. Sin embargo, las autoridades fiscales le han puesto ojo a O’Farril, pues desde hace unos cinco años sus principales ingresos no parecen provenir de ellas, sino de empresas con nombres genéricos y probables operaciones simuladas, por tratarse de firmas constituidas el mismo día o en fecha previa a recibir un pago, lo cual no coincidiría con los ingresos que ha declarado ante el SAT por el también comentarista financiero, ni justificaría los ya numerosos adeudos que acumula, probablemente para simularse en la ruina y negarse a pagar lo que debe.
No sólo eso. A Ernesto O’Farril sí le alcanza para costear los varios juicios mercantiles en los que está en prenda el domicilio en que habita y que registra oficialmente, ubicado en el Conjunto Residencial Santa Fe, el cual resulta que no es de su propiedad, sino de su esposa Lorena Amescua Arango y que, para colmo, está hipotecado y ya está en juicio por ello. Vale señalar que la señora Amescua es sobrina de los fundadores de la cadena de supermercados Aurrerá y del Grupo CIFRA, el cual se fusionó a Walmart hace más de 25 años. Ojalá O’Farril se ponga en orden con sus acreedores, por lo menos para que pueda predicar con el ejemplo.
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