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La Secretaría de Educación Pública pensó que podía reinventar el calendario escolar como si se tratara de un experimento de laboratorio. El resultado fue tan desastroso que ni siquiera alcanzó a despegar: rechazo absoluto de la población, madres indignadas y un ridículo monumental para Mario Delgado y la presidenta, que terminaron echando para atrás la ocurrencia.
El episodio parece sacado de una tragicomedia política. Resulta que por unamimidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las secretarías de Educación de las entidades acordaron adelantar las vacaciones un mes de las escuelas de educación básica y media superior para que concluyan el ciclo escolar el próximo 5 de junio. Las inobjetables razones para la alta burocracia educativa fueron las altas temperaturas y el Mundial de Futbol.
Ambos motivos carecen de sustento. Lo que se conoce como la canícula se registrará entre principios de julio y mediados de agosto. Si fuera por el clima, entre altas temperaturas, heladas y lluvias intensas, tendríamos solo dos meses de clases. En cuanto al Mundial, en el caso de los doce partidos de junio, se pudieran habido suspender clases en las entidades sedes cuando hubiera partido en el lugar y en el resto del país normal, concediendo tal vez la suspensión de clases en todo el país los tres días de juego de la selección nacional.
En realidad, lo que quiere evitar el gobierno son los paros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha amenazado con boicotear el Mundial, lo cual complica aún más el despliegue logístico de seguridad en los días de partidos.
Sin embargo, la SEP anunció el acuerdo, y en los hogares levantaron la voz, particularmente las mamás, porque ellas sí saben lo que significa organizar la vida familiar alrededor de la escuela, y de pronto, el gobierno se dio cuenta de que había tocado un nervio demasiado sensible. No es casualidad: las madres no solo protestan, también votan. Y en tiempos de desgaste político, nadie quiere enemistarse con el electorado más real y cotidiano.
La presidenta, por su parte, prefirió tragarse el orgullo y corregir el error antes de que la indignación se convirtiera en crisis, y decir que es solo un proyecto. Mario Delgado quedó como el alumno que presenta un proyecto sin haber hecho la tarea, aclarando que sí salen el 5 de junio, pero está a revisión el regreso, como si no fueran diferentes un ciclo escolar del otro. Al final, pareciera que prefiere hacer enojar a Trump y a los inversionistas que a las mamás mexicanas. Tiene razón: los inversionistas presionan, pero las madres deciden en las urnas.
El calendario escolar fallido se convierte así en metáfora de un gobierno que improvisa, mide mal las consecuencias y termina retrocediendo ante la fuerza de la realidad. El costo político ya está pagado: la credibilidad se erosiona cada vez que una propuesta se derrumba en cuestión de días. Y lo peor es que el mensaje queda claro: en este país, ni los niños ni las madres pueden ser tratados como variables de ensayo.
Consulados a revisión
La cadena CBS reveló el jueves pasado que el Departamento de Estado tiene en revisión a los 53 consulados de México en Estados Unidos, a efecto de garantizar que operen en consonancia con los intereses estadounidenses, es decir, con los de Donald Trump. Se trata, por mucho, de la mayor red consular que existe en el mundo. La segunda es la de Turquía en Alemania, con doce consulados.
Obviamente, la medida del Departamento de Estado se interpreta como una presión más en contra del gobierno mexicano, luego de la resistencia de éste a entregar de manera expedita a los diez políticos y exfuncionarios sinaloenses acusados de narcotráfico, empezando por Rubén Rocha Moya.
Según la CBS, han trascendido casos de algunos consulados mexicanos que han intervenido en política interna, incluso apoyando causas del Partido Demócrata, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó, y aseguró que solo protegen y atienden a los mexicanos que se encuentran en la Unión Americana.
Sin embargo, por lo menos en el sexenio pasado, López Obrador hizo exhortos a la comunidad mexicoestadounidense para votar en contra de candidatos republicanos, como Ron DeSantis en Florida. No se sabe si estos llamados derivaron en un activismo por parte de los consulados, pero tampoco se descarta, pues un número considerable de cónsules no son diplomáticos de carrera y sí afines a la Cuarta Transformación.
No extrañe que de la revisión derive en el cierre de varios consulados con o sin motivos, quedando a total discreción del Departamento de Estado la medida, máxime con una política antimigrante xenófoba. Y no se dude de que, de encontrar el mínimo indicio de apoyo de alguna de las misiones diplomáticas mexicanas al Partido Demócrata, Trump lo aproveche para arremeter contra sus rivales de cara a las elecciones intermedias.
La reducción de la red consular sería un duro golpe a la comunidad mexicana en el vecino país, pero también para Morena, que ha encontrado en los migrantes una veta política importante que le allega votos del extranjero que se ejercen, precisamente, en los consulados, como se vio en las elecciones de 2024.
La crítica desde el poder
La libertad de expresión suele defenderse con facilidad cuando quien habla no gobierna. Las dificultades empiezan a surgir cuando la crítica deja de venir desde la oposición y empieza a ejercerse desde el poder. Ahí las reglas cambian. No porque un presidente o una presidenta deba guardar silencio, sino porque sus palabras tienen un peso distinto al de cualquier ciudadano: tienen detrás el aparato del Estado, la legitimidad institucional y la posibilidad de moldear el debate público nacional.
La polémica por la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es un ejemplo de ello. Independientemente de su ideología, Díaz Ayuso gobierna la región económicamente más influyente de España y es uno de los rostros más visibles de la derecha ibérica y europea contemporánea. No es un personaje menor.
Una parte de la reacción oficial fue perfectamente legítima: cuestionar sus posturas, confrontar su visión sobre España, América Latina o el populismo entra dentro de la normalidad democrática. El problema aparece cuando la crítica política se transforma en señalamiento permanente, descalificación moral o mecanismo de presión colectiva desde el poder político y mediático.
Toda democracia necesita una confrontación de ideas; hay pocas cosas más sanas que eso. Lo preocupante es cuando el oficialismo empieza a asumir que disentir equivale a traicionar, que cualquier crítica al proyecto gobernante debe ser respondida no solo con argumentos, sino con linchamiento político amplificado por el ámbito mediático y las redes sociales. En ese ambiente, la libertad de expresión entra en una zona nebulosa en donde la frontera entre la crítica y la censura empieza a difuminarse.
Este fenómeno no es exclusivo de México. Ocurre en Estados Unidos, España, Argentina o Brasil. Las democracias polarizadas tienden a convertir la discusión pública en un sistema de lealtades absolutas donde cada opinión se interpreta como alineamiento político. Pero cuando esa lógica es impulsada desde el gobierno, el efecto es más delicado. Por su naturaleza, la crítica presidencial no es neutral; tiene influencia sobre reputaciones, conversaciones públicas y clima político.
Curiosamente, movimientos que históricamente defendieron la pluralidad frente al abuso de poder corren el riesgo de normalizar, una vez en el gobierno, formas distintas de intolerancia. No necesariamente mediante censura abierta, sino mediante desgaste, presión social y desacreditación constante. La libertad de expresión rara vez desaparece de golpe; normalmente se desgasta poco a poco, cuando expresar una idea distinta empieza a implicar un costo político, profesional o social cada vez mayor.
En democracia, el poder tiene derecho a defenderse, responder y confrontar. Lo que no debería hacer es convertir la crítica en un ejercicio de intimidación moral permanente. Cuando un gobierno adopta la lógica de “con nosotros o contra nosotros”, el espacio de las ideas se va corrompiendo hasta convertirse en un tribunal de lealtades y ese es el principio de los gobiernos autoritarios.
El hogar que las madres están redefiniendo
En el marco del 10 de mayo, vale la pena mirar que ocurre en el mercado inmobiliario mexicano: las madres participan cada vez más en la decisión de compra de una vivienda, convirtiéndose en una de las voces más influyentes para definir cómo, dónde y para qué se habita una ciudad. Su mirada ha dejado de enfocarse solo en el inmueble como patrimonio y se concentra más en el hogar como un espacio integral de bienestar familiar.
Por años, el sector inmobiliario construyó proyectos pensando en variables como plusvalía, metros cuadrados o estatus, sin embargo, las dinámicas familiares y urbanas han cambiado. Muchas madres toman decisiones considerando factores como seguridad, cercanía a escuelas y hospitales, tiempos de traslado, espacios funcionales, áreas comunes y sentido de comunidad. La vivienda se evalúa por cómo impacta la calidad de vida cotidiana y eso cambia la conversación sobre el desarrollo urbano.
En ciudades como CDMX, donde la movilidad se ha convertido en un desafío para las familias, esta transformación resulta aún más evidente. Para muchas madres, elegir vivienda implica pensar en la logística diaria de toda una familia: cuánto tiempo se pierde en traslados, qué tan seguro es el entorno, qué tan fácil será equilibrar trabajo, crianza y vida personal. Bajo esa lógica, la ubicación deja de ser un atributo aspiracional y se convierte en una herramienta de bienestar.
De acuerdo con expertos de University Tower, esta tendencia está impulsando desarrollos verticales que buscan integrar conectividad, seguridad, amenidades funcionales y acceso a servicios en un mismo entorno, respondiendo a las nuevas prioridades de las familias urbanas.
El reto de fondo para los desarrolladores es entender a las personas que los habitan y hoy, comprender las prioridades de las madres significa entender hacia dónde evolucionan las ciudades y las familias. Porque al final, las madres no solo toman decisiones sobre dónde vivir, sino cómo quieren vivir ellas y sus familias y quizás ahí está una de las transformaciones más importantes del sector inmobiliario actual.
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