La deuda con la infancia

Por Jaleyna de la Peña | Consejera Delegada de COPARMEX para UNICEF 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a la salud, al desarrollo, así como a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, entre otros.

Estos mismos derechos son reconocidos por el Estado mexicano, obligándose a garantizar que se cumplan de manera inalienable y no discriminatoria en el territorio nacional.

El Estado mexicano es responsable de garantizar que la niñez goce de una vida digna y con todas las condiciones necesarias para su desarrollo pleno.

Sin embargo, diversos estudios, como los realizados por el CONEVAL y UNICEF, demuestran que México va rezagado en su compromiso con la niñez y los adolescentes, al grado de convertirlos en una población altamente vulnerable. Lo anterior no solo ante la insuficiencia de programas y políticas públicas de atención a la infancia, sino también ante las constantes reducciones significativas al presupuesto federal para el financiamiento adecuado a dichos programas para su desarrollo integral.

De acuerdo con el último informe del CONEVAL sobre pobreza infantil y adolescente en México 2020: “La infancia y la adolescencia  presentan mayor incidencia de pobreza que la población total”, ya que “desde 2008, los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una situación en la que enfrentan mayores vulnerabilidades al compararlos con el resto de las personas en el país… y en el 2020, el porcentaje de pobreza de la población de 0 a 17 años fue de 52.6% mientras que el de la población total fue de 43.9%”. 

En otras palabras, la pobreza en México afecta a más de la mitad de la población infantil y 1 de cada 2 personas de entre los 0 y los 17 años de edad; es decir, alrededor de 19 millones de NNA, viven en condiciones de pobreza multidimensional: pobreza alimentaria, educativa, patrimonial, etc, impactando de manera negativa y directamente su desarrollo y el acceso a una vida digna.

Bajo este contexto, es urgente visibilizar que nuestro país no está atendiendo adecuadamente los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este factor no sólo habla de la urgencia de reorientar la perspectiva de política social para la atención de este grupo vulnerable, sino también del riesgo que se corre al no hacerlo de forma inmediata, ya que de no tomar las medidas necesarias también se está poniendo en riesgo el futuro de las nuevas generaciones.

La Agenda para el Desarrollo 2030, y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, urgen a los Estados a garantizar el desarrollo sin dejar a nadie atrás. No obstante, si en México no se implementa un cambio de rumbo verdaderamente incluyente, como país no estaremos en condiciones de alcanzar dichos compromisos internacionales en materia de pobreza, nutrición, educación, salud, seguridad social, equidad, etc.

Ante este contexto, resulta necesario actuar en consecuencia. Si bien el Estado debe ser garante de la niñez, como sociedad civil y como empresa debemos actuar de manera coordinada y articulada para impulsar acciones contra la pobreza, la desigualdad, la polarización y la marginación.

Es prioritario que en México se consoliden las instituciones existentes; pero además debemos impedir como sociedad civil la destrucción de las pocas que han sido capaces de garantizar e impulsar las políticas públicas y la coordinación intersectorial a favor de esta población, como lo es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA. 

Dejemos de lado el toque asistencialista, hagamos que los NNA puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, decidir y opinar. Demos un cambio de timón y exijamos restituir todas las políticas de apoyo que han sido limitadas en últimas fechas, tales como el regreso de las escuelas de tiempo completo, las guarderías, la atención médica integral y de carácter universal, entre otras.

Al mismo tiempo, es necesario que dentro de las empresas, como actor transversal y agente de cambio en esta agenda, se promueva la implementación de políticas orientadas a la familia, que permitan una atención integral y los permisos necesarios para que padres, madres y tutores estén en condiciones de brindar los cuidados necesarios a sus familias, para garantizar su desarrollo, así como hogares y familias en armonía.

Es importante fortalecer y ampliar los esquemas de licencias parentales, de instalación de guarderías y de la adopción de políticas a favor de la lactancia materna y de atención a la primera infancia.

Con ello no sólo estamos contribuyendo a la disminución de la pobreza, sino también impulsando acciones a favor del desarrollo infantil, la mejora de la calidad de vida de las familias, a la salud física y mental, al acceso a mejores oportunidades de desarrollo para las mujeres y madres trabajadoras, a la construcción de hogares más felices y de un país menos violento, e incluso a una economía más productiva y competitiva.

Es por eso que desde COPARMEX impulsamos un nuevo Modelo de Desarrollo Inclusivo; una guía y una ruta a seguir, a través de la cual se puedan edificar las bases y el sustento de un mejor futuro para las familias en México, bajo los principios de respeto a la dignidad humana, la acción solidaria, subsidiaria, responsable e incluyente para que nadie se quede fuera, con el piso parejo y con mínimos universales para todos y todas.

No olvidemos que uno de los principales retos que hoy en día enfrenta nuestro país es el de romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza y que, en este sentido, la mejor manera de superar las desigualdades existentes es justamente invirtiendo en la niñez, sobre todo, desde la primera infancia.

Promovamos juntos un mejor país y hagam#OpiniónCoparmex